No es la primera vez que en la República Argentina se reincide en el falaz y ya experimentado argumento de que flexibilizando los derechos laborales de los trabajadores (en criollo, disminuirlos en calidad y cantidad) eso inmediatamente repercutirá en mejoras en la empleabilidad debido a que, como por arte de magia, eso generaría una “lluvia” de inversiones.
En los años 90, bajo la comanda menemista, se implementaron los denominados “contratos basura”, la extensión del período de prueba (tal como lo establece hoy el Gobierno de Milei), el cercenamiento de indemnizaciones laborales, entre otras medidas que debilitaron la tutela del trabajador.
¿El resultado? Despidos masivos, indemnizaciones que terminaron en “parripollos”, remiserías, kioscos, locutorios y canchas de paddle. Una sobreoferta de servicios que derivó en la fundición de miles de familias y luego en el estallido social del 2001.
Con la Reforma Laboral Libertaria de Milei, se eliminaron indemnizaciones especiales que sancionaban el empleo no registrado, la falta de pago en tiempo y forma, y la entrega de documentación de aportes. También se aumentó a 6 meses el período de prueba, entre otras modificaciones.
¿El resultado? El mismo. Según datos del INDEC, el desempleo asciende al 7,9% y sigue en alza. Grandes empresas despiden masivamente, y los trabajadores migran a la economía de plataformas como choferes, cadetes y repartidores de apps.
El empleo no aumenta por cambiar leyes laborales.
El problema central del Gobierno es que, repitiendo lo que ya fracasó en los 90, espera resultados distintos.
¿Dónde radica el error técnico? En creer que la empleabilidad depende de reformas normativas y no del aumento de la actividad económica interna.
En contextos donde el PBI nacional creció, incluso con inflación, el empleo aumentó, los salarios fueron más competitivos y las fluctuaciones laborales fueron normales.
Reformar la ley laboral no genera inversiones, porque el modelo libertario está basado en la primarización de la economía (con menos empleo que el modelo industrial) y en la importación de bienes y servicios, que destruye empleos locales.
Los datos no mienten: más gente busca trabajo, pero menos consigue
Los datos oficiales del INDEC correspondientes al primer trimestre de 2025 desmienten de forma contundente el argumento de que las leyes laborales impiden generar empleo. La tasa de actividad subió del 51,2% al 51,8%, lo que indica que más personas buscaron trabajo. Pero el empleo cayó del 45,7% al 44,4% y la desocupación aumentó del 6,1% al 7,9%.
Es decir: hubo más gente dispuesta a trabajar, pero menos puestos reales.
Esto ocurrió luego de suprimir garantías laborales clave mediante la Ley Bases.
Este contraste evidencia que el problema no son las leyes laborales, sino la falta de políticas que generen empleo genuino. Los datos muestran que no hay correlación positiva entre flexibilización y empleabilidad. Por el contrario, aún con normas debilitadas, el desempleo crece.
La narrativa oficial que culpa al derecho laboral del desempleo es funcional al ajuste, pero carece de sustento empírico.
La realidad es clara: el recorte de derechos y la eliminación de indemnizaciones no solo no generó empleo, sino que destruyó cerca de 200.000 puestos formales.
El nuevo embate ideológico del Gobierno, enmarcado en su “batalla cultural”, busca quitar derechos con la promesa de que eso generará beneficios futuros en forma de empleos. Pero esa promesa ya fracasó antes.
No será una reforma laboral la que mejore las condiciones de los trabajadores argentinos, y mucho menos la que genere empleo.
Para que haya expectativas reales de empleabilidad, es necesario estimular la producción y el desarrollo, algo que requiere exactamente lo contrario a lo que propone el modelo especulativo y rentístico actual: hay que acompañar al sector productivo, no abandonarlo.
Fuente
Ambito
