Ayer en la localidad de Charata comenzó el juicio por el asesinato de Leandro Bravo, ocurrido el 26 de febrero de 2022 a manos de la policía de Chaco. En la primera audiencia se leyó la acusación a los cuatro policías –Alexis Jesús Fleitas Noguera, Enzo Matías Gómez, Franco Daniel Sosa y Carlos Agustín Díaz– imputados de tortura seguida de muerte, que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua, y de falsedad ideológica. “El caso de Leo Bravo está muy marcado por el accionar del jefe de Policía del gobierno provincial, admirador de Patricia Bullrich y de su protocolo, cuando en Chaco rige el protocolo Garré, y con aval político en el marco de la protesta social se maneja con una importante cuota de brutalidad policial”, dijo a Página12 Darío Edgardo Gómez, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura en esa provincia.
“Habíamos logrado que le den la prisión preventiva a los policías imputados, así estuvieron dos años detenidos hasta que salieron a la espera del juicio. Poco antes de su liberación fueron visitados por el jefe de Policía, Fernando Romero, en un encuentro que fue difundido haciendo alarde de su presunta inocencia como presión ante el juicio”, describió Gómez. A su criterio, “este caso representa la disputa de la matriz cultural con que trabaja la policía y como es una causa de torturas seguidas de muerte no va a ser fácil llegar a un veredicto condenatorio, pero tenemos expectativas porque el caso de Leo fue muy acompañado por familiares y grupos de derechos humanos”.
La primera jornada contó con el testimonio de siete uniformados, en cuyos relatos abundaron argumentos tales como “no recuerdo” y “pasó mucho tiempo”. Está previsto que el proceso se desarrolle los martes, miércoles y jueves hasta que declaren 30 testigos. Los alegatos serían el 18 de octubre y la sentencia se dictaría por primeros días de noviembre. El juicio tiene lugar en el SUM del Poder Judicial, ubicado en avenida San Martín y Vieytes, de Charata. El tribunal es colegiado y tendrá como presidente a Juan Carlos Clauster, en tanto que Lorena Cimbaro Canella y Sergio Benito, son los vocales de segundo y tercer voto, respectivamente. El Ministerio Público Fiscal esta representado por Silvana Karina Rinaldis, fiscal de Cámara. En tanto, Jorge Ferronato tiene a su cargo la querella de los familiares de Bravo, mientras que los querellantes institucionales son representados por Romina Duarte y Roberto Sotelo (Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco) y German Alexis Dellamea y Adriana Lorena Acevedo (Subsecretaría de Derechos Humanos provincial). Los defensores particulares son Juan José Bogado, Cesar Collado, Sebastián Quintana, Leandro Fioravanti, Justo Mencia y Sol Abigail Zarate.
El 24 de marzo del año pasado, tras el encarcelamiento de los policías acusados, sus familiares hicieron una marcha de repudio. Este activismo volvió a estar presente al finalizar la audiencia de ayer. Fue vandalizada la camioneta de la familia de Leandro, y en la puerta del Poder Judicial policías de la custodia y bomberos se sacaron fotos con los familiares de los policías imputados.
¿Qué pasó con Leandro?
Leandro Bravo tenía 37 años, dos hijos, trabajaba en el Poder Judicial y le faltaban pocas materias para recibirse de abogado. Según la primera versión policial, la tarde del sábado 26 de febrero de 2022 se descompensó mientras era examinado en el área de medicina legal y falleció antes de llegar al Hospital de Charata por un supuesto “paro cardiorrespiratorio no traumático”, según informó el primer fiscal de la causa Hugo Baigorrí, en base a la autopsia preliminar. De acuerdo al relato policial, ese día, alrededor de las 16.30, una mujer llamó al 911 denunciando que Leandro quería ingresar en forma ilegal a su vivienda. Al llegar los policías al lugar, escapó, pero fue alcanzado y detenido a los pocos metros.
Sin embargo, nada de esto fue lo ocurrido; no hubo muerte súbita ni intento de robo. En base a los registros fílmicos de las cámaras de vigilancia de los vecinos –más de 70– y los testimonios recabados, se pudo reconstruir que Leandro salió con su primo en moto a comprar cerveza. En un momento dado, la policía comenzó a perseguirlo. Él se bajó en la casa de una vecina para pedirle ayuda porque tenía miedo. “Bety, ayúdame”, fue el pedido de auxilio a la vecina que en ese momento estaba durmiendo. Cuando salió a atenderlo, Bety vio a Leandro media cuadra más adelante siendo reducido por policías. Lo pisaron y lo golpearon en el piso. Luego lo tiraron dentro de la caja de la camioneta boca abajo. Dos policías se le subieron encima. Cuando lo llevaron a Sanidad Policial la enfermera se negó a atenderlo y ordenó que se lo lleven de inmediato al hospital. Cuando llegó, ya estaba muerto.
La causa tuvo irregularidades desde el comienzo. A Bety, la vecina, se le hizo firmar un escrito policial en donde denunciaba a Leandro de un intento de robo. En ese momento la mujer no entendía que ocurría hasta que se dio cuenta de la maniobra, pidió que se anule tal acusación y ratificó que el joven no estaba haciendo nada ilegal. Además, la primera autopsia, que sostenía que Leandro murió por un paro cardiorrespiratorio no traumático, también mostró irregularidades. Por eso, el Comité para la Prevención de la Tortura presentó una denuncia penal contra el médico forense Hugo Rodríguez. Fue por inconsistencias entre el procedimiento informado y el que efectivamente fue realizado.
Producto de los datos poco fiables de la primera, se ordenó una reautopsia que fue realizada por la perito Virginia Creimer y por la directora del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial del Chaco, Gabriela Lamparelli. A partir de la aplicación de las técnicas del protocolo de Minnesota (procedimiento utilizado para muertes cometidas por fuerzas de seguridad), confirmó que Leandro tenía múltiples lesiones y falleció a causa de una “asfixia por comprensión extrínseca del cuello”.
En su requerimiento de elevación a juicio, la fiscal de Derechos Humanos Silvia Slusar consideró que existió por parte de los policías imputados la intención de provocarle a Leandro un “grave daño ya sea por medio de las lesiones físicas proferidas, las quemaduras efectuadas, las maniobras asfixiantes, los diversos golpes que se comprobaron en diversas partes en todo el cuerpo de la víctima, y además la atemorización infringida que le trajo a sí un sufrimiento, pánico y dolor”.
Página12 fue el primer medio nacional en publicar su historia y seguir el caso, en sintonía con Pañuelos en Rebeldía, un colectivo que integra Florencia Sánchez, hermana de Leandro. Esa agrupación se puso al frente del proceso de exigencia de justicia por el crimen de Leandro a manos de la policía y logró la conformación de observadores veedores del juicio. “Construimos la justicia por Leandro desde la organización popular. Las pruebas son contundentes: testigos presenciales, imágenes de las cámaras del pueblo y desmantelamiento de intentos de armado de causa. Con mucho esfuerzo, se dio vuelta la primera versión, la ‘versión de la impunidad’, expresó esa organización.
El antecedente
Este es el segundo juicio oral que se realiza en sólo tres meses en el Chaco por una muerte en custodia policial. El 5 de julio, un jurado popular declaró al oficial Gastón Delfino culpable por el delito de homicidio culposo, en un hecho ocurrido en 2020, en la zona sur de Resistencia, y que tuvo como víctima a Diego Emanuel Barreto. En esta causa, también participó el Comité en calidad de querellante institucional.
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