A través de un nuevo decreto, el presidente Javier Milei disolvió la comisión que había creado para autoinvestigar al presidente Javier Milei en su posible comisión de delito por la megaestafa internacional de la cripto $Libra.
En su breve explicación, la medida considera que el dispositivo creado por el Poder Ejecutivo para autoinvestigarse ya dio respuestas a todos los requerimientos que se había autoencomendado y, por lo tanto, su vigencia carece de utilidad.
“Disuélvese la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada en el ámbito del Ministerio de Justicia por haber dado cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada”, dice el Decreto 332/2025 firmado por el jefe de Estado y el titular de la cartera judicial, Mariano Cúneo Libarona.
Además del doble escándalo de haber creado una comisión para autoinvestigarse y luego eliminarla por considerar que ya se autoinvestigó, el papelón que suma el Gobierno es el de no haber hecho públicos jamás los resultados de las supuestas medidas que realizó para determinar la responsabilidad del Presidente en la cripto estafa multimillonaria que lo colocó en las primeras planas de todo el mundo.
La comisión autoinvestigadora
La UTI ahora borrada del mapa había sido creada en febrero último por el Ministerio de Justicia a través del Decreto 114/2025. Instruyó a la Oficina Anticorrupción (OA) a iniciar averiguaciones para detectar eventuales hechos de corrupción relacionados con la criptomoneda que Milei promocionó a través de cuenta de la red social X que él mismo maneja, sin cederle su administración a un tercero.
Otra singularidad del caso estuvo en el nombramiento de la persona a cargo de encabezar esa UTI. Se trató de María Florencia Zicavo, la entonces jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia que recibía órdenes directas de Mariano Cúneo Libarona.
Esa comisión tenía por tarea explícita “recabar los elementos relacionados con el criptoactivo $Libra con el fin de colaborar de forma rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal”.
Para ello, podía “requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios públicos, órganos y organismos que integran el Sector Público Nacional”, así como también solicitar información a organismos provinciales, internacionales y de otros Estados.
¿Objetivos cumplidos?
En su decreto de eliminación publicado hoy en el Boletín Oficial, el gobierno nacional considera que ya cumplió con todos esos objetivos.
En sus considerandos dice que todos los organismos del Estado intervinientes ya dieron sus respuestas en los plazos que se le habían otorgado.
Según el texto oficial, los que entregaron información fueron la OA, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Agencia de recaudación ARCA (exAFIP), la Casa Militar, la Dirección de Migraciones, la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), la Inspección General de Justicia (IGJ), la Subsecretaría de Asuntos Políticos y la Jefatura de Gabinete.
Todos habrían entregado a la comisión autoinvestigadora la información necesaria para que emita un dictamen no vinculante a la Justicia que también investiga el caso, y que por el momento está en manos de la jueza María Romilda Servini.
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