Tal como lo había adelantado la semana pasada, la CGT presentó ante la Justicia laboral un pedido de amparo sindical para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025, con el cual el gobierno de Javier Milei pretende cercenar el derecho a huelga garantizado por la Constitución Nacional.
La presentación fue hecha ante el Juzgado Laboral 3 a cargo de Moira Fullana en un escrito que pone en jaque la constitucionalidad de ese DNU desde varias aristas. Una de ellas tiene que ver con el debido proceso legislativo, ya que “la reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto” sino a través de ley sancionada por el Congreso.
La otra cuestión que puso de relieve el texto es que la normativa dictada por el Poder Ejecutivo no solo choca de frente con la legislación nacional sino también con la internacional que tiene rango constitucional.
Por ejemplo, con los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La acción judicial fue una de las alternativas a las que se había referido la semana pasada la central obrera a través de un comunicado. El rechazo al decreto 340/2025 será “en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar” los “derechos amenazados por el Gobierno”.
La declaración había advertido que “la CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un Gobierno que pretende borrar, una vez más, los derechos que tanto costó conquistar y defender”.
Un DNU contra el derecho de huelga
El DNU 340 publicado el miércoles último en el Boletín Oficial refiere al Régimen de Excepción de la Marina Mercante pero en uno de sus artículos modificó el capítulo de Convenios Colectivos de Trabajo. Avanza sobre el derecho de huelga a través de la redefinición de los servicios esenciales y la incorporación del concepto de actividades trascendentales. Sobre los esenciales, exige que durante una huelga se garantice una cobertura mínima del 75 por ciento, y del 50 por ciento en las actividades trascendentales.
El decreto es un eco del cuestionado DNU 70/2023 con el que Milei, a días de haber asumido, intentó avanzar contra los derechos del trabajo. Por este motivo fue declarado inconstitucional y ese capítulo laboral quedó inactivo.
La acción de amparo presentada por la CGT ante la jueza Fullana plantea que el DNU de Milei limita el derecho a huelga y “fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, en un contexto de funcionamiento normal del Congreso Nacional”.
“El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”, dice uno de los puntos centrales de ese artículo.
El planteo de la CGT es que el nuevo DNU tiene como objeto “cercenar el derecho constitucional a huelga de millones de trabajadores y trabajadoras”. Y a su vez busca debilitar a los sindicatos, ya que los paros y demás medidas de fuerza gremiales son acciones propias de la política laboral.
“La limitación (del derecho a huelga) debilita la capacidad de acción sindical y consolida relaciones laborales desiguales”, dice el texto presentado ante Fullana y dato a conocer por el sitio Infogremiales.
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