El titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Sergio Neiffert, deberá comparecer ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI). El cuerpo decidió citarlo después de que trascendiera que el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que redactó habilitaría espiar a quienes disienten con el Gobierno de Javier Milei.
La CBI volvió a reunirse después de dos meses sin actividad. En el encuentro no hubo encontronazos, dicen, y todos sus integrantes resolvieron avanzar con la citación de Neiffert. Según le dijo a este diario uno de los integrantes de la CBI, sería convocado dentro de dos semanas para dar explicaciones.
Neiffert presentó en octubre del año pasado el PIN, que fija los lineamientos para el sistema de inteligencia. Debió hacerlo antes pero “la Casa” era un terreno minado para el Gobierno de Milei. El primer titular de los servicios, Silvestre Sívori, dejó su cargo cuando cayó en desgracia quien lo había llevado, el exjefe de gabinete Nicolás Posse. Ambos se fueron entre acusaciones de que mandaban a espiar a integrantes del gobierno.
Milei resucitó, por obra y gracia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 614/2024, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Dejó a Neiffert a cargo y creó cuatro órganos desconcentrados.
El PIN es secreto. Solo tienen acceso a él el Presidente, los integrantes de la CBI –que deben evaluarlo– y la SIDE. En octubre pasado, hubo una reunión para presentar el documento con los integrantes de la Bicameral, que no terminó bien. En noviembre, la Unión Cívica Radical (UCR) denunció dos ataques a sus oficinas. En un comunicado los atribuyó a las críticas que había vertido Lousteau en la reunión de presentación del PIN.
Por algunos meses, no se volvió a escuchar del PIN. El tema volvió a agenda cuando el periodista Hugo Alconada Mon publicó que el PIN pondría como foco de interés a todos aquellos que busquen erosionar la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios, o que generen pérdida de confianza en las políticas económicas del gobierno o busquen manipular la opinión pública durante procesos electorales.
El abanico es amplio. “Podría tratarse de cualquier periodista, experto, activista o ciudadano que cuestione decisiones gubernamentales o se exprese de manera disidente”, advirtieron desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), que le pidió a la CBI que aborde el tema con urgencia.
Por lo que pudo saber este diario, el PIN también tendría como objetivos principales el alineamiento con los Estados Unidos e Israel. Y, desde la CBI, lo criticaron porque no estaba claro cuál era la doctrina que subyace a su redacción.
La SIDE también habría dado una orden operativa para monitorear a grupos sociales vulnerables y actores no estatales que puedan “capitalizar la creciente polarización política”. La directiva, según publicó Alconada Mon, estaría firmada por Diego Kravetz, que funge como jefe de Operaciones de la SIDE desde que pegó el garrochazo desde el PRO. La directiva de la SIDE es tan amplia que habilitaría, por ejemplo, monitorear a los grupos de jubilados que se movilizan cada miércoles o a las personas con discapacidad que salen a las calles para reclamar por los recortes que viene practicando el Gobierno.
La Ley de Inteligencia (25.520), aprobada en 2001, prohíbe en su artículo 4 obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
De hecho, en abril, la CBI había decidido convocar a Neiffert y a Patricia Bullrich después de que trascendió que la SIDE participaba en el diseño de los operativos represivos que se llevan a cabo todos los miércoles. Su involucramiento se incrementó después de la represión del 12 de marzo, que tuvo como cénit el ataque al fotógrafo Pablo Grillo.
Hasta la propia Bullrich reconoció que la SIDE participaba de las reuniones, aunque trató de relativizar el tema. Ni Bullrich ni Neiffert fueron al Congreso a explicar la cuestión. La suerte del “Señor Cinco”, como se conoce al jefe de los servicios, podría cambiar después del escándalo que rodeó al PIN.
La CBI no descartó la nómina de convocados que había decidido entonces. Tiene previsto insistir con la citación de Ricardo Ferrer Picado, el exdirector de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. Ferrer Picado terminó eyectado de su puesto después de una denuncia rimbombante en la que Bullrich señalaba a manifestantes como “barrabravas”.
En el Congreso intentaron que Ferrer Picado se presentara, pero el abogado alega que está de viaje desde que dejó el cargo. En sus redes sociales, se puede ver que la semana próxima estará participando en el encuentro regional del Foro de Madrid que se hace en Paraguay. El Foro de Madrid es el think tank del partido ultraderechista Vox.
Desde que Milei lo reformó por decreto, auditar el sistema de inteligencia es aún más difícil que antes. “Los cambios que hizo el gobierno de Milei debilitan cualquier tipo de control sobre las actividades de inteligencia. Tienen un nivel de opacidad que permiten usar el dinero de los fondos reservados para financiar grupos de propaganda oficial en redes, con la que ya buscan acallar a las voces disidentes. Por eso es necesaria una reforma que contrarreste el paradigma de secreto y tener órganos de control independientes. Es urgente ahora que detengan cualquier tipo de inteligencia ilegal y que el decreto 614 sea revisado por la Comisión Bicameral de Inteligencia y que también el Poder Judicial investigue”, reclamó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
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