En la Corte Suprema juegan a las escondidas mientras medios afines al oficialismo y al macrismo anuncian su inminente decisión de confirmar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en el caso Vialidad. Es cierto, según informan desde distintos rincones del tribunal, que hay un proyecto de la secretaría penal que sugiere que se deje firme la pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos sin tratar las irregularidades de la causa y que, por lo tanto, se empuje la detención de CFK de inmediato. El paso siguiente sería que el presidente supremo, Horacio Rosatti, comparta una propuesta de sentencia con sus colegas y que voten. Pero todo indicaría que no habrá una resolución esta misma semana.
Desde despachos cortesanos prácticamente descartan que la sentencia se precipite en las próximas horas. Por lo pronto, Carlos Rosenkrantz tiene previsto un viaje y pidió licencia jueves y viernes. Había especulaciones sobre una supuesta reunión de los supremos para la tarde del lunes, pero el único que apenas asomó la cabeza fue Ricardo Lorenzetti. El propio tribunal informó, con foto y todo, que Rosatti había estado en una reunión con funcionarios judiciales por la implementación sistema acusatorio que impulsa el Gobierno (como quien dice que estaba en otra frecuencia). El acuerdo formal, que dejó de ser un espacio de deliberación y es una instancia donde se firma y punto, está previsto para este martes.
La fractura interna que hay desde hace rato en la Corte (Lorenzetti versus Rosatti y Rosenkantz) también tiene su partido en juego. Nada concreto indica, aunque haya comunicadores que digan lo contrario, que los tres supremos ya estén de acuerdo en cómo resolver esta causa que, al poner en juego la posible proscripción de CFK y ser el resultado de un proceso judicial plagado de anomalías desde sus inicios, no es cualquier expediente.
Desde que el lunes de la semana pasada CFK anunció su candidatura a legisladora en la provincia de Buenos Aires en la tercera sección electoral se desató una presión salvaje sobre la Corte. Ciertos medios hasta le pusieron fecha: piden que se confirme la condena antes del 19 de julio, cuando vence el plazo para presentar esas candidaturas. En el cuarto piso de Tribunales –donde está la Corte– hay quienes admiten que no estaban estudiando el tema a fondo hasta que empezó esta ofensiva que busca directamente impedir que la expresidenta se postule y apuesta a que sea detenida.
Un rumor que recorrió la tarde de este lunes es que Lorenzetti, en su postura intransigente de querer dictar sentencia lo antes posible (algo que hizo público y que motivó su recusación luego auto-rechazada), intenta estrategias para apurar a Rosenkrantz, el más reticente a esta urgencia y el único que en la reciente confirmación de la condena al empresario Lázaro Báez, sostuvo que quería analizar si se había aplicado la ley penal más benigna. De todos modos, estos dos jueces no se hablan. Lo hacen, cada uno por su lado, con Rosatti. Es este último quien en realidad tiene el poder de decir cuándo se somete un asunto a votación, algo que Lorenzetti busca remarcar para que pese a todas sus insistencias sea el presidente cortesano quien cargue con la cruz de semejante decisión.
Por más que tenga algún canal de diálogo abierto, Lorenzetti está enfrentado con Rosatti desde que participó de su desplazamiento de la presidencia cortesana en 2018 y, más aún, desde que se quedó con un autovoto con ese cargo, a través del cual también preside el Consejo de la Magistratura.
El famoso 280 y otros caminos
Desde la Corte confirmaron a Página/12 que por lo menos dos de los cortesanos recibieron la propuesta formulada por el secretario penal, Diego Seitun, que sería aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial y rechazar sin dar explicaciones el recurso de queja de CFK, del resto de las defensas y de la fiscalía (ésta pidió elevar la pena a 12 años, con la figura de asociación ilícita). La histeria en relación a cada gesto que hace el tribunal es tan grande que esto, que habitualmente es parte del trámite habitual y burocrático de una causa, se intentó instalar como una noticia. “Es un simple insumo intelectual interno, no quiere decir nada”, acotó desde el Palacio de Justicia un viejo conocedor de cómo es la cocina de una sentencia.
Un dato curioso, y que muestra el estado de cosas, es que en el sistema digital de consulta de causas, figura que al comenzar esta semana (lunes 9 de junio) todavía el expediente estaba en la secretaría penal. Desde la propia Corte se agitaba el dato de la mera existencia del proyecto de la secretaría penal para satisfacer las ansias de que se vean movimientos.
Como ya publicó este diario, el 280 no es el único camino para resolver una causa, pero se lo utiliza con frecuencia. Según publicó hoy en una columna en Perfil el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, fue incorporado a las normas en 1990 con la supuesta intención de mejorar el funcionamiento de la Corte y descomprimirla, cosa que no sucedió. Pero, explica, el artículo “estipula que se pude aplicar ante causas que para la óptica discrecional del tribunal son insustanciales, carentes de trascendencia o bien reflejan la falta de un agravio federal suficiente”. Los supremos, agrega como dato estadístico, usan esta solución en el 60 a 80 por ciento de las causas.
Gil Domínguez cuestiona la validez constitucional del “280” ya que “los jueces y juezas” tiene el “deber de ” fundar sus sentencias basado en la garantía del debido proceso”. Además, dice, “colisiona con el principio de igualdad debido a que la Corte Suprema de Justicia puede según ‘su sana discreción’ rechazar algunos recursos por intrascendentes y admitir otros exactamente iguales, sin tener que explicar los motivos…”. Recuerda que la Corte Interamericana le dijo al Estado argentino dos veces que es incompatible con el derecho humano a contar con una sentencia fundada previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. “La trascendencia institucional de la causa Vialidad torna absolutamente improcedente la aplicación del artículo 280” y, en caso de ocurrir, abriría las puertas para la intervención de la Comisión Interamericana y, eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni señaló en una entrevista en “Rayos X”, en Radio10, que “hay una versión, también es radio pasillo, que uno de los miembros del triunvirato está en esa (dudar), que sería lo lógico, abrir la causa, revisarla”. Se trataría de “Rosenkrantz, que ha votado muy bien en otros temas nacionales”, resaltó. En efecto, todo apunta a que Rosenkrantz estaría en una posición distinta al resto, pero no está claro todavía por donde pasan las discrepancias. Solo que esto podría demorar la sentencia. La semana próxima, que es corta por los feriados, el día de acuerdo previsto es el miércoles.
Zaffaroni sostuvo también que la Corte debería revisar la causa Vialidad porque “no se trata de privilegio de la ex presidenta, se trata de que es una irregularidad que cualquier ciudadano argentino sea condenado en estas circunstancias”. “No creo que esto beneficie al régimen, alguno tendrá un poco de lucidez y dirá ´Déjenla competir y en una de esas le ganamos’. En la Casa de Gobierno puede haber alguien que en algún momento le funcionen dos neuronas, porque yo no creo que esto beneficie al gobierno”, evaluó. En la Casa Rosada, de hecho, hicieron saber a este diario que nadie está precisamente celebrando una posible detención de CFK. ” No nos parece que le sirva a ningún país que un expresidente vaya preso”, señaló una encumbrada fuente.
La Corte, por empezar, no tendría por qué apurarse a fallar ahora. Podría tomarse meses o años como lo hace habitualmente. Y si Cristina es elegida, que sea la legislatura la que decida sobre sus fueros. El tribunal puede abrir los recursos de queja y revisar el expediente. No hace falta que se meta con el fondo, sólo con revisar las irregularidades señaladas por las defensas podría mandar a dictar una nueva sentencia a Casación, a otra sala. Pero el discurso que esparcen entre los medios es que cuando un tribunal oral y Casación resolvieron lo mismo, entonces a ellos casi que no les queda otra que avalar eso. Es una teoría absurda.
La persecución judicial-político-mediática funciona con varios jueces y tribunales alineados (esto no quiere decir que en Comodoro Py sean todos iguales). Pero en esta causa hay una línea de conducta: un juez de primera instancia, Julián Ercolini, que integró el grupo que viajó a Lago Escondido invitado por Clarín, jueces de Casación –Mariano Borinsky y Gustavo Hornos– que visitaban y alguno jugaba al tenis con Mauricio Macri (el principal interesado en acusar a CFK), y hasta los propios supremos dos de los cuales aceptaron ser nombrados por decreto (luego fueron votados, pero antes aceptaron) y que incluso amagaron con cuestionar que el juicio de Vialidad comenzara sin ninguna pericia hecha sobre las rutas, pero ante la presión mediática se echaron atrás y resolvieron esos cuestionamientos en la recta final del juicio, para que el fiscal Diego Luciani pudiera alegar tranquilo por youtube.
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