La República Argentina y su sistema judicial, que otrora fueran ejemplos a nivel global, ahora están manchados por la ignominia de una causa viciada desde su inicio: la que termina con la confirmación de la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
Hace unos días se conoció el vergonzoso fallo de la Corte Suprema de Justicia, integrada ahora sólo por tres jueces (único tribunal supremo de un país que funciona como triunvirato, la corte con menos miembros del mundo) y que confirmó la condena a seis años de prisión y de inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos a la expresidenta y principal lideresa política del país.
La figura política más relevante de la oposición, ha sido penada por administración fraudulenta en una de las causas judiciales más controvertidas en Argentina. La condena fue dictada por un tribunal oral federal, que la propia CFK denominó como “pelotón de fusilamiento mediático-judicial”.
Desde el inicio de la causa, en la instrucción de esta, se plantearon múltiples nulidades por un sinnúmero de irregularidades procesales y funcionales que fueron desestimadas sistemáticamente por un entramado de jueces abiertamente militantes del antikirchnerismo y el antiperonismo. Configuraciones políticas que en la Argentina determinan la historia contemporánea.
Irregularidades
Muchas de esas irregularidades del proceso -una verdadera hoguera inquisitorial- fueron impulsadas políticamente por el entonces gobierno nacional de Mauricio Macri, a través de organismos del poder ejecutivo, contra funcionarios del gobierno anterior, querellantes instrumentales, manipulación de informes técnicos y medios de comunicación afines, que organizaron campañas de amedrentamiento de los jueces, nunca antes vistas en la historia argentina.
A ello se sumó a la “doctrina Irurzun”, (que sirvió para ingresar en prisión a la líder de la Túpac Amaru, Milagros Sala, al vicepresidente Amado Boudu, o al ministro De Vido, entre otros) apadrinada por el juez de apelación del mismo apellido. Determinaba que todos los políticos procesados del Gobierno kirchnerista debían estar en prisión preventiva (no importando que no se cumplieran los requisitos legales para ello), porque supuestamente tenían aún poder para manipular el proceso judicial. Afirmación falsa si se tiene en cuenta que, en Argentina, como en otros países, el sistema judicial siempre es refractario a lo democrático y popular.
La hoguera infinita prendida arteramente por aquellos indignos, ha concluido, mediante la pluma de una parte de la justicia argentina y según lo planeado, en una sentencia condenatoria de CFK, su enemiga política, que, en vez de quemarla a ella, destruirá al propio sistema judicial.
El sueño de la derecha
La Corte Suprema, aun en su versión jibarizada y degradada actual, ha tenido la oportunidad de responder jurídicamente y con suficiencia a las alegaciones muy fundamentadas de la defensa, de arbitrariedad y de violación de principios constitucionales y convencionales. Sin embargo, lo ha hecho alterando todos los procedimientos usuales de tratamientos de recursos de queja contra condenas, ha denegado todas y cada una de las alegaciones con excusas formales, para asegurar la cárcel efectiva de CFK.
Queda así demostrada su espuria relación con el actual poder ejecutivo argentino, el poder económico y mediático del país que, ahora, al contrario que ocurrió en 2019 cuando “exigieron” a la Corte Suprema que no resolviera las nulidades alegadas y dejara seguir su libreto a los jueces del tribunal oral, imponía la rápida decisión de rechazo de los recursos de las defensas.
Lo que normalmente hubiera tardado en resolverse unos siete años, ha quedado resuelto en menos de un mes, y ello, para hacer efectivo el sueño de la derecha vernácula: la cárcel y la proscripción definitiva de CFK y evitar su candidatura anunciada a diputada provincial en la próxima contienda electoral.
Lawfare y causa general
Entre 2015 y 2019 (los años del gobierno macrista) Cristina fue procesada en trece causas penales, en las que siempre intervinieron los mismos jueces de instrucción y los mismos jueces de apelaciones y de casación para las revisiones. Muchas de esas causas, desgajadas artificialmente de las originales y violentando el principio ne bis in idem, (no juzgar dos veces por el mismo hecho), fueron armadas por los servicios de inteligencia del macrismo, incluso llegando a acusarla de un delito que no existe en el código penal argentino y que en la constitución histórica sólo puede cometerse en casos de guerra: el de traición a la patria.
Todas estas persecuciones políticas fueron orquestadas por lo que se denominó “la mesa judicial del macrismo” que hacía explícita las connivencias entre el poder político, los servicios de inteligencia, las embajadas de Estados Unidos e Israel, los intereses del Fondo Monetario Internacional y los llamados “fondos buitres” junto con el poder judicial macrista.
La causa judicial llamada “vialidad” por la supuesta administración fraudulenta en la concesión de la obra pública en la provincia de Santa Cruz fue desde su comienzo una causa construida por aquel conglomerado, como una especie de Causa General contra el kirchnerismo. Los fiscales inclusive acusaron a Cristina de presidir una supuesta asociación ilícita desde el Estado, que luego el tribunal desechó.
En este proceso kafkiano las pruebas fueron sustituidas por las presunciones, indicios y conjeturas construidas por los fiscales y aceptadas por el tribunal. Fueron abandonadas, como nunca antes en otro proceso judicial, la obligación de probidad, independencia, objetividad e imparcialidad, para construir las presunciones con técnicas mediáticas desde la ideología política de los magistrados.
Escandalosas relaciones
Más allá de las escandalosas relaciones entre los fiscales, los jueces, los revisores y el poder mediático/político dominante –desde antes de su apertura como causa y aún durante la instrucción y sustanciación en el juicio oral–, esta causa fue transmitida en vivo por los canales del multimedia más poderosos del país, con una insistente obcecación por mostrar culpables a la ex presidenta y sus funcionarios, con lo que quedaron develadas las estrechas relaciones con el principal propulsor de esta causa, el entonces presidente Macri, que ocupaba sus ratos de ocio jugando a distintos deportes con los magistrados, en la residencia presidencial.
No obstante, a pesar de la falta de imparcialidad de los juzgadores y de objetividad de los fiscales y de que la consecuencia de este proceso es la exclusión de por vida de la acción política y la muerte civil de la principal lideresa política de la República Argentina, la Corte no consideró que fuera un caso de gravedad institucional.
El tribunal federal que la condenó reconoció que no tuvo pruebas directas que señalaran primero la existencia del delito y segundo la responsabilidad de los imputados. Añadía que, en este tipo de delitos, es muy difícil obtener pruebas directas, pero es que, tampoco las había indiciarias ni periféricas. Y, además, no tuvieron en cuenta que los mismos hechos fueron juzgados previamente en otros dos tribunales del país y se llegó a la conclusión de inexistencia del supuesto delito.
Sin argumentos
Pese a la ausencia de pruebas de la existencia de los hechos calificados como delictuales y sin probar la autoría y participación de los condenados, no tuvieron recato en afirmar machaconamente, a lo largo de fojas (folios) plagados de adverbios y prejuicios que existía (sin existir) “profusa prueba” y “convencimiento íntimo”. Todo ello en línea con la culpabilidad mediática preestablecida contra de la ex presidenta.
Ante estos y muchos planteamientos más, en los que se señala la violación de los principios de proporcionalidad, de congruencia entre la acusación y la condena, de inocencia y de valoración probatoria, la Corte Suprema se despacha sin fundamentos, diciendo que la defensa no ha logrado convencer de esos extremos a la máxima instancia judicial del país. Con el argumento formal de la no autosuficiencia de la exposición de los agravios, cosa que no se prueba que así sea.
Sin justificación, sin responder coherentemente los agravios, la Corte confirma así una sentencia ignominiosa, donde se cumple lo que el presidente Milei había dicho varias veces: que Cristina iba a ir presa y que él sería el que le pusiera el último clavo al ataúd, en un ejemplo paradigmático de Lawfare en la región. Amargo paralelismo con el caso seguido en España contra el Fiscal General del Estado.
Macri y Milei
Tenemos a dos presidentes opositores a Cristina detrás de la organización de esta pantomima judicial: Macri y Milei. Dos presidentes de la derecha, funcionales al poder mediático y empresarial, a los poderes financieros internacionales, orquestando lo que Cristina denominó “el partido judicial”.
Esta violencia institucional contra la justicia supone la degradación del Estado de Derecho y no tiene parangón con nada que haya sucedido antes en la Argentina democrática . Quizá el antecedente más directo y claro sea el llamado caso “Sobornos” de Ecuador contra el expresidente Rafael Correa en el que se condenó a este in absentia por “influjo psíquico”. La que fuera fiscal general del Ecuador durante la tramitación de ese caso ahora es casualmente la embajadora en Argentina.
En este como en aquel caso, hay ausencia de pruebas directas, la idea de una autoría espiritual y la profusión de documentos que no prueban nada, pero que, en su acopio incongruente, repetición y producción en serie aparenta un entramado probatorio artificial en el que falta la base real sobre la que apoyar el castillo de naipes, pero que es suficiente para el fin político perseguido a modo de derecho penal del enemigo y derecho penal de autor.
Sin pruebas directas o indiciarias de la participación de la expresidenta, ni sobre la existencia misma del delito, con la eliminación de control de la defensa, la incorporación irregular con las que se adjuntaron algunas pericias parcializadas, el rechazo de las nulidades solicitadas o del peritaje contable sobre el supuesto enriquecimiento ilícito, la única opción jurídicamente defendible en un verdadero Estado de Derecho, era la de abrir la queja y absolver por ausencia de delito.
Criminología mediática
Como se ha señalado ut supra, lo más bochornoso en este proceso ha sido el manejo mediático de la causa, la manipulación de la opinión pública. Tanto desde la instrucción hasta la revisión por queja en la Corte Suprema, los medios opositores a Cristina (Clarín, La Nación) han exigido a los fiscales y jueces, pública y desvergonzadamente, que la ex presidenta tenía que ser condenada. Típica operación de lawfare de determinados conglomerados mediáticos empresariales, que, desde hace años, se la tenían jurada tanto a Néstor Kirchner como a Cristina Fernández por sus políticas sociales y económicas.
Diego García-Sayán, honorable jurista peruano y entonces Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, describió muy detalladamente en un informe oficial el plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial por parte de Mauricio Macri, mediante destituciones, intimidaciones, traslados y designaciones ilegales de jueces, entre 2015 y 2019. Hasta el punto de que a dicho gobierno se le recuerda en la historia política argentina por el endeudamiento externo, la consiguiente fuga de capitales y la persecución mediático-judicial de los opositores.
Son los mismos medios que propugnaron e inventaron esta causa, los que apuraron a la Corte Suprema para que confirmara la condena efectiva y ahora hacen campaña para que no le den prisión domiciliaria (que le correspondería por la edad y el peligro que corre de que intenten matarla nuevamente). Son los mismos que lamentaron que “la bala no saliera” en la tentativa de magnicidio del año 2022 y que ahora quieren verla humillada en una cárcel. Sin embargo, eso no es lo que sucederá.
El odio
El odio es el combustible que alimenta a las derechas en todo el mundo, antes y ahora. En la Argentina eso tiene un nombre específico y se llama anti peronismo. Hace exactamente 70 años, el 16 de junio de 1955, para derrocar al presidente Juan Domingo Perón, la Armada argentina bombardeó a su propio pueblo, en la Plaza de Mayo, causando más de 300 muertos y miles de heridos. Después del golpe, fusilaron a los peronistas de la resistencia pacífica. Luego llegaron más dictaduras, con más fusilamientos, proscripciones, torturas y desapariciones forzadas. El saldo de 30.000 detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico militar, tenía el signo inequívoco del odio al peronismo y sus epígonos.
Ahora, tras aquel intento fallido de acabar con su vida, el miedo que tienen a una Cristina Fernández de Kirchner libre y posible candidata y el odio pertinaz al liderazgo popular que tantos beneficios aportó en favor del pueblo argentino, se pretende consumar de manera aparentemente menos cruenta, con su prisión y su proscripción o muerte civil y política.
No olviden, estimados lectores, que con estos fallos la Justicia ha quedado maltrecha y torcida, y la confianza en los jueces, perdida. Recuerda el maestro Zaffaroni la etimología del verbo “prevaricar”, que significa algo que se dobla respecto de una línea recta, algo que se tuerce: las piernas torcidas con las que camina la justicia. La democracia ha sufrido otro golpe de parte de quienes deberían ser los buscadores de la verdad. Los jueces que han perpetrado este fallo son responsables de tal perversión, porque renunciar al deber de imparcialidad es el principio del fin de la justicia y el declive de la civilización tan duramente construida por el esfuerzo de miles de personas y especialmente de las víctimas. Existe además un efecto no querido en todo esto, se ha despertado a un gigante: el peronismo de la resistencia, que llevaba demasiado tiempo dormido, que tiene experiencia de crecer en tiempos de proscripción y de persecución.
Las instituciones republicanas fueron permeables y manipulables por los oscuros intereses foráneos y de clase. Ahora hay que demostrar que la democracia sigue viva y los pueblos, más temprano que tarde, volverán a habitar las grandes alamedas por donde pasean la mujer y el hombre libres.
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