El gobierno quiso frenarlo, pero no lo consiguió. El seminario de políticas de la memoria, que desde hace quince años se realiza, continuará viernes y sábado dentro del predio del Espacio Memoria y Derechos Humanos, que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), mientras crece el repudio a la censura por parte de la Secretaría de Derechos Humanos.
El seminario arrancó en 2008, cuando el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti estaba bajo la dirección de Eduardo Jozami. Se convirtió en una actividad esperada por la comunidad académica y por el activismo en derechos humanos. Este año está previsto que participen 600 personas. La edición lleva como título “Reflexiones, archivos y testimonios. A 40 años del Nunca Más”.
Las jornadas comenzaron el miércoles a las 9 de la mañana. Se desarrollaron tres mesas con normalidad hasta que pasado el mediodía el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, hizo saber que el seminario quedaba cancelado. Para que los expositores no tuvieran que volver sin haber participado en el evento, las Abuelas de Plaza de Mayo abrieron las puertas de la Casa por la Identidad para mudar la actividad hacia ese edificio.
Desde la secretaría privada de Baños hicieron circular una comunicación en la que decían que las jornadas no habían sido autorizadas. “No han sido auspiciadas, no han sido aprobadas por esta Secretaría, por ende, no se autoriza la concurrencia a esas manifestaciones en el horario laboral de las 8:00 a las 20:00 horas”. No solo los trabajadores no pueden asistir sino que tampoco pueden usarse los edificios de la exESMA que pertenecen a la Secretaría de Derechos Humanos.
Como el centro cultural Conti está dentro de esa órbita, las jornadas ya no tendrán lugar en ese edificio que las abrigó durante quince años. Los organismos de derechos humanos decidieron que pondrán sus sedes a disposición del evento. Las acreditaciones se harán en la Casa por la Identidad y, desde allí, se derivará a los expositores a los distintos edificios. No se descarta, de todos modos, que Baños intente alguna otra maniobra para impedir el seminario, ya que en la circular había advertido que iba a tomar las “medidas pertinentes para concretar” la decisión de cancelar el evento.
“Es una actividad que se viene desarrollando desde hace quince años y que fue comunicada en tiempo y forma. Queda claro que cualquier argumento que se esgrima desde el Poder Ejecutivo para intentar cancelarla está de más. La memoria, a pesar de la negación, existe. Y seguirá presente en cada acto”, dice Graciela Lois, referente de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e integrante del directorio de organismos del Espacio Memoria y Derechos Humanos.
Desde la junta interna del Ministerio de Justicia habían denunciado que Baños estaba realizando un acto de censura y que buscaba obturar la discusión democrática sobre las políticas de memoria. De todos modos, el gremio había llamado al secretario de Derechos Humanos a reconsiderar de modo urgente la medida.
La decisión de suspender el seminario causó conmoción. Una de las primeras en hacerles saber a los organizadores que repudiaba la decisión del gobierno de Javier Milei fue la filósofa estadounidense Judith Butler.
En el ámbito local, la decisión generó mucha preocupación. Desde los expositores surgió un texto de repudio que reunió más de 2000 firmas en menos de 24 horas. “Esta decisión inconsulta obtura un espacio clave de debate de intercambio académico, político y artístico que ha sido sostenido desde hace 15 años por el Centro Cultural Haroldo Conti siendo una referencia en la materia. La decisión constituye un hito en la política de desmantelamiento de las políticas de memoria impidiendo la actividad de más de 50 mesas de trabajo convocadas hace 5 meses y que cuenta con la participación de más de 600 personas”, resaltaron.
El texto lleva las firmas de académicos como Pilar Calveiro, Elizabeth Jelin, Valentina Salvi, Claudia Feld, Victoria Basualdo, Carla Villalta, María José Sarrabayrouse, Ludmila da Silva Catela, Sandra Raggio, Alejandra Oberti, Ana Barletta, Roberto Pittaluga, Emilio Crenzel, Mariana Tello, Cora Gamarnik, Silvina Jensen, Diana Maffia, entre muchos otros.
Hubo también reacciones desde el mundo político. Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, se comunicó para ofrecer que las jornadas continuaran en la provincia de Buenos Aires. La diputada Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, advirtió que iba a denunciar la censura de Baños ante organismos internacionales.
La Red Federal de Derechos Humanos –que preside Horacio Pietragalla Corti– anunció que el 7 de diciembre hará su séptimo encuentro. Ya no será en la exESMA, sino que tendrá lugar en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
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