La imagen era la misma. Las fuerzas de seguridad frenando micros. El objetivo, impedir que llegaran los manifestantes a Plaza de Mayo para expresar su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner después de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 le dictara la prisión domiciliaria con una serie de restricciones. Pedían papeles, requisaban e incluso tomaban fotografías de los documentos de identidad. Fue tan marcado el ímpetu por controlar los accesos por parte de los agentes que hasta llegaron a detener un micro de chicos de La Matanza que iban de excursión al Planetario. “Fue un verdadero operativo a cielo abierto de inteligencia, destinado a crear una base de datos de quienes se manifestaban”, le dice a Página/12 el diputado nacional Leopoldo Moreau, de Unión por la Patria (UxP), que presentará en las próximas horas una denuncia en los tribunales de Comodoro Py contra la ministra Patricia Bullrich.
Los controles se incrementaron este 18 de junio. Todo indicaba que había una decisión del Gobierno de Javier Milei de hacer que menos gente llegara a la Ciudad de Buenos Aires para manifestarse contra la condena a CFK. La preocupación de la administración libertaria ya se había hecho notar: habían estado presionando para que el TOF2 se definiera antes del miércoles para evitar una marcha hacia Comodoro Py 2002, pero no pudo evitar una concentración en el epicentro del poder político de la Argentina.
La presencia de las fuerzas de seguridad se sintió en todas las latitudes. Martín Fresneda venía en micro desde Córdoba para participar de las actividades. Antes de salir de la provincia, en James Craik, los frenó la Gendarmería. Pidieron los DNI de todos los pasajeros, revisaron los asientos y el colectivo. Después de unos quince minutos o media hora, los dejaron seguir. “Pasó con todos los micros que venían desde Córdoba”, explica Fresneda, que tiene la particularidad de haber sido el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Es, además, abogado y referente de H.I.J.O.S Córdoba.
Ocho mujeres migrantes que venían desde Lomas de Zamora para participar de la manifestación en Plaza de Mayo fueron demoradas a la altura de Constitución cuando se desplazaban en un colectivo. Estuvieron dos horas mientras comprobaban sus datos con la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). No llegaron a participar del acto ni a escuchar el mensaje que envió CFK. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) va a informar este episodio en las próximas horas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Es una práctica ilegal que busca inhibir la manifestación”, afirma el abogado Diego Morales, director de Litigio del CELS. “La excusa del operativo de rutina y aleatorio no es consistente con la práctica que venimos denunciando desde diciembre de 2023: lo que hacen las fuerzas federales es una revisión de colectivos con fines de identificación de personas que participan de una actividad política. Preguntan por banderas, razones de la movilización e identifican personas, como ocurrió en los accesos a la Ciudad. En algunos casos, la demora o los límites a la circulación de los colectivos impide la participación en la protesta. En otros casos someten a las personas a demoras innecesarias. Participar en actividades políticas y protestar es un derecho”, remarca Morales.
El 15 de diciembre de 2023, Bullrich publicó la resolución 943, más conocida como el protocolo antipiquetes. Desde entonces, todas esas prácticas se volvieron moneda común los días en los que hay movilizaciones.
El protocolo antipiquetes está impugnado judicialmente. El proceso está tramitando sus últimas instancias antes de que el juez federal Martín Cormick dicte sentencia. Se espera, por ejemplo, que la semana que viene preste declaración testimonial Matías Aufieri, el abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) que perdió la visión en un ojo tras recibir el impacto de una bala de goma.
La falta de límites del Poder Judicial
Como los retenes se volvieron comunes, la militancia también aprendió cómo sortearlos. Rubén Schaposnik venía junto a compañeros de la Verde y Blanca de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en dos micros desde La Plata. Para evitar el control en Dock Sud, tomaron la salida de Avellaneda en la autopista Buenos Aires-La Plata e intentaron cruzar por el “puente viejo”, que es una alternativa que suele usarse para quienes quieren esquivar el Puente Pueyrredón. Allí se toparon con un control de la Policía Federal Argentina (PFA), que les impidió el acceso. Solo les permitió volver hacia el lado de la provincia. No dudaron, y tomaron el tren en la estación Darío y Maxi. Solo así pudieron llegar a la Plaza.
La PFA está estrenando un nuevo estatuto, que le permite las viejas malas prácticas de siempre: requisas sin orden judicial y detenciones por averiguación de identidad de hasta diez horas. En sede judicial, tanto el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pîetragalla Corti como el dirigente de ATE Capital Daniel “Tano” Catalano plantearon hábeas corpus preventivos para evitar las detenciones arbitrarias.
Los hábeas corpus fueron rechazados por el juez Santiago Bignone en el fuero ordinario. En sintonía se pronunció la Cámara del Crimen con los votos de Ignacio Rodríguez Varela y Pablo Guillermo Lucero. “No se encuentra en crisis ni en discusión el derecho de los ciudadanos a transitar por el territorio argentino, a reunirse y a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución Nacional), en cuyo marco se ejerce, o en sí mismo consiste el derecho a manifestar sus opiniones y reclamos”, escribió Rodríguez Varela.
“Los jueces hablaban de conjeturas mientras las fuerzas de seguridad en distintos puntos impedían a miles de manifestantes llegar a la Ciudad”, apunta Rodolfo Yanzón, que patrocinó la presentación de Catalano.
“Después de llevar adelante el atropello más grande contra una referente como CFK, ¿podemos esperar que el Poder Judicial nos dé lugar a un pedido para proteger un derecho constitucional como es la libre circulación y más si es para llegar a una protesta?”, se pregunta Pietragalla Corti ante la falta de respuesta del sistema de justicia. “Estamos ante un Poder Judicial que solo nos está dando señales de que va a responder a los poderes hegemónicos”, insiste.
En algunos casos, sí, hubo respuestas de los tribunales. Un móvil de La Nación + entrevistó a una persona –que se identificó como Joel Pessi– que llamó “vendepatria” a Milei y dijo que iban a matarlo. Desde su red X, Bullrich compartió el video y escribió: “Ya está detenido por la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). Amenazas, respuesta inmediata”. Desde el Ministerio dejaron trascender que habían consultado con el juez federal de Morón Jorge Rodríguez y que él había dado luz verde para la detención.
Una denuncia contra Bullrich
“Vamos a denunciar a Patricia Bullrich en la justicia federal por violación a la ley de Inteligencia”, dice Moreau después de participar de la movilización a Plaza de Mayo.
Desde UxP estuvieron recopilando distintos testimonios de quienes fueron frenados por las fuerzas federales y les pidieron sus documentos para ser fotografiados. “Están construyendo una base de datos, lo que está taxativamente prohibido en la ley”, añade Moreau.
Ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) también insistirán con la pronta citación de Bullrich. “No se va a poder excusar con el nuevo estatuto de la PFA. Lo que estamos denunciando es un operativo de violación de la ley de Inteligencia, no tareas de inteligencia criminal”, subrayó.
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