El “tené mucho cuidado” que Patricia Bullrich le dedicó a Leopoldo Moreau durante la jornada del martes en la Cámara de Diputados ya llegó a los tribunales de Comodoro Py. Será el juez federal Ariel Lijo quien tenga que investigar, si el Ministerio Público Fiscal así lo decide, la denuncia que presentó el diputado de Unión por la Patria (UxP) contra la ministra de Seguridad por amenazas coactivas.
Bullrich estuvo en el Congreso para defender el proyecto de presupuesto que envió el Poder Ejecutivo. El punto saliente de su exposición fue el cruce con Moreau, que venía interrogándola acerca de su gestión. “¡Pará flaco! ¡Callate vos, caradura!”. Acto seguido, arremetió con una pseudo-denuncia. “¿Querés que te cuente de la plata de (Alfredo) Yabrán que cobraste vos acá, caradura? Cuidado, cuidado”, le advirtió la funcionaria de Javier Milei mientras iba tomando temperatura el debate.
Moreau presentó una denuncia penal contra Bullrich y, en simultáneo, le inició una demanda civil. Todo sucedió menos de 24 horas después de la presencia de la ministra en la Cámara de Diputados.
El miércoles, Moreau estuvo en los tribunales de Retiro para declarar ante el fiscal Franco Picardi por la represión del 12 de junio, cuando el Senado trataba la Ley Bases. Ese día, él y otros diputados de UxP fueron gaseados por efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA). “Es evidente que este accionar se pretendió utilizar para intimidar y desalentar la participación de miles de ciudadanos que en ese momento se predisponían a concurrir al Congreso en contra de la Ley Bases. Desde el centro de monitoreo se dio esta orden de represión”, sostuvo Moreau.
Para el diputado, Bullrich justificó después el accionar de los prefectos al decir que los legisladores “no tienen coronita” y remarcó que la ministra conoce personalmente a todos los atacados por la fuerza de seguridad que está a su cargo.
Ante Picardi, Moreau también dejó asentado que iba a presentar una denuncia penal –la que quedó radicada en el juzgado federal de Lijo– por el episodio del martes en el que Bullrich le dijo que tuviera cuidadito. “Esto constituye una amenaza y una coacción agravada porque proviene de una funcionaria que tiene el monopolio de la violencia estatal y, además, es una amenaza sobre mi integridad personal. La coacción recae sobre un diputado con la aparente pretensión de limitar su accionar cuyas facultades emergen de la Constitución Nacional”, dijo.
Después de la represión del 12 de junio –que incluyó la detención de 33 personas, que fueron llevadas a cárceles federales, que dependen de la propia Bullrich–, Moreau empezó a recabar denuncias de quienes manifestaron haber sido interrogados sobre sus inclinaciones políticas por el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Esas averiguaciones fueron hechas por Moreau desde la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) mientras ese cuerpo aún no estaba conformado. Cuando Bullrich se enteró de que la estaban investigando, puso el grito en el cielo. El gobierno exhibió sus internas frente a este tema: la Casa Rosada quería que Edgardo Kueider (Unidad Federal) se quedara con la CBI mientras que Victoria Villarruel proponía a Martín Goerling Lara (PRO).
En esa interna pescó la oposición. Un acuerdo permitió que Martín Lousteau (UCR) fuera elegido presidente y Moreau, vicepresidente. Oscar Parrilli quedó como secretario. La CBI acaba de conformar una subcomisión para investigar las detenciones del 12 de junio y la posible violación de la Ley de Inteligencia.
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