Mientras Javier Milei saca pecho y alardea que no es su “problema” si el Presupuesto 2025 se rechaza, sus funcionarios ya desembarcaron en el Congreso para demostrar lo contrario. El gobierno libertario comenzó el coqueteo con la oposición dialoguista, a quien viene de vetarle su ley de financiamiento universitario. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se reunió con diputados de la UCR y Encuentro Federal en el despacho de Martín Menem con el objetivo de aplacar las tensiones de los últimos días y comenzar a negociar. El funcionario, sin embargo, fue inflexible frente a los principales reclamos opositores: jubilados y universidades. El gobierno advierte que no hay espacio para futuros aumentos de partidas ni aunque aumente la recaudación: la regla fiscal del déficit cero es innegociable y si la oposición quiere aumentar el presupuesto de algunas áreas deberá sacárselas a otras.
El gobierno libertario necesita los votos del radicalismo y Encuentro Federal para aprobar su plan de ajuste 2025. Si bien en Casa Rosada juegan de duros y dejan trascender que no tienen problema en prorrogar nuevamente el Presupuesto de 2023, sus aliados advierten que Milei necesita mostrarle algún tipo de fortaleza institucional a los inversores y al FMI. Y el tercio que le blindó el veto al financiamiento universitario no resulta suficiente.
Por este motivo es que el miércoles el gobierno arrancó el ciclo de reuniones informales con aquellos sectores de la oposición que considera que pueden darle los votos que necesita (todos menos el peronismo). Con Martín Menem haciendo de anfitrión, Carlos Guberman y José Luis Espert se reunieron, primero, con Nicolás Massot, Ricardo López Murphy e Ignacio García Aresca, de Encuentro Federal. Los diputados le presentaron su pliego de reclamos y le advirtieron que, de no modificarse las partidas destinadas a jubilaciones y educación, presentarán su propio dictamen. “No les vamos a firmar un cheque en blanco”, le advirtieron los diputados de EF a Guberman, a quien le exigieron que se comprometiera a volver al Congreso para incrementar las partidas de algunas áreas en el caso de que aumentase la recaudación.
El gobierno, sin embargo, no quiere saber nada de eso: cuando le preguntan, Guberman advierte que, de incrementar la recaudación proyectada –que ya estiman que aumentará más que la inflación–, Milei optará por bajar impuestos. No por aumentar el gasto. Es decir que, aunque la economía comience a recuperarse tras el derrumbe de los últimos meses, el gobierno no tiene planeado derramarlo ni sobre la educación, la salud o las jubilaciones.
Los diputados de EF reclamaron, mientras tanto, que el contenido de las dos leyes que había vetado Milei tenía que aparecer sí o sí en el Presupuesto 2025. En el caso de las jubilaciones, los diputados reclamaron incluir el incremento del 8 por ciento de inflación de enero que el gobierno no había incluido cuando modificó la fórmula de movilidad previsional por decreto. En el caso de las universidades, demandaron incrementar las partidas presupuestarias acorde a lo que piden los rectores, que son 7,2 billones de pesos. El gobierno, sin embargo, se niega a poner más de 3,8 billones (número que, sostienen, es equivalente al presupuesto 2024 actualizado por la inflación proyectada del 18,3 por ciento).
El semáforo radical
Más exitosa fue la reunión que Guberman tuvo con la UCR más tarde. No tanto por los resultados, sino por el clima del encuentro: en el radicalismo deloredísta sienten nostalgia de los tiempos de la Ley Bases, cuando podían sentarse a negociar y modificar las leyes en una mesa de trabajo. Rodrigo de Loredo no se siente cómodo con el viraje opositor del bloque en la última semana, con la pelea por el financiamiento universitario y los pedidos de expulsión de los cuatro radicales M que votaron para blindar el veto.
La reunión del miércoles con el gobierno fue, así, un regreso a la vieja dinámica de trabajo. Pamela Verasay, Julio Cobos, Lisandro Nieri y Alejandro Cacace fueron al despacho de Menem, incluso, con un “semáforo” del proyecto, en el que señalaban los artículos que rechazaban (rojo), los que había que modificar (amarillo) y los que acompañaban (verde). Uno de los principales reclamos fue el capítulo educativo. Los radicales le reclamaron incrementar el presupuesto universitario, pero recibieron la misma respuesta que los pichettistas: las universidades representaban el quinto gasto del Presupuesto y no había de dónde sacar la plata ya que el 80 por ciento de los gastos eran inelásticos.
El gobierno sí se comprometió, en cambio, a modificar el artículo que lo habilita a interrumpir la transferencia de fondos a las universidades si estas no envían un informe sobre los gastos. Este punto había alertado sobre la autonomía universitaria, y el gobierno acordó cambiarlo. En el caso de la suspensión de la obligación de destinar el 6 por ciento del Presupuesto a Educación, el gobierno respondió que podría removerlo, aunque aclaró: “Igual ningún gobierno lo cumple”.
El capítulo de las jubilaciones también estuvo presente. El radicalismo reclamó el pago de la deuda con las cajas previsionales provinciales, que la Nación adeuda bajo la excusa de que no se realizaron auditorías (auditorías que ellos mismos no realizan). Guberman le pidió al bloque que presentara una propuesta, pero les advirtió que tenían “en carpeta” las deudas que muchas provincias tenían con la Nación y que, de avanzar con lo de las cajas, muchas podrían terminar debiéndole plata al gobierno nacional y no al revés.
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