Patricia Bullrich anunció con bombos y platillos la reforma de la Policía Federal Argentina (PFA). Como gran novedad habló de la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), versión vernácula del Bureau Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos. Más allá de la pátina modernizadora que el Gobierno de Javier Milei buscó imprimirle a la cuestión, la ministra de Seguridad sigue manteniendo bajo siete llaves uno de los secretos mejor guardados de la PFA: el Cuerpo de Informaciones –o su sucedáneo, el Cuerpo de Inteligencia Criminal–, que supo ser una cantera de infiltrados.
El Cuerpo existe desde 1950, y goza de buena salud. Su existencia es secreta. Su funcionamiento es secreto. Solo se ha conocido de él cuando algunos de sus integrantes fueron detectados o confesaron sus infiltraciones. Tal fue el caso de José “Iosi” Pérez, que estuvo infiltrado en plena democracia en instituciones de la comunidad judía, y se presentó a declarar temiendo haber aportado información que pudiera haberse usado para los atentados a la embajada de Israel y la sede de la AMIA.
En 2013, gracias a un dato que “Iosi” le dio a la periodista Miriam Lewin, se supo que Américo Balbuena, el entusiasta movilero de la agencia Rodolfo Walsh, era un integrante del Cuerpo de Informaciones.
Este diario contó también la historia de Isabel Correa, que estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura y, en democracia, se dedicó a formar a los nuevos espías de la PFA.
En el anexo del decreto 383, que se publicó la semana pasada, hay una única mención al Cuerpo de Inteligencia Criminal. Dice que la Dirección General de Inteligencia Criminal será responsable de los recursos humanos de este cuerpo. Esta dirección está bajo la órbita del DFI.
Un dato curioso es que el logo del DFI es un halcón. Así se llamaba inicialmente a los integrantes del Cuerpo de Informaciones. Con los años, y tras la experiencia de la dictadura, pasaron a ser llamados despectivamente “plumas”, como recoge Nicolás Rodríguez Games en su tesis.
En 2023, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) inició un pedido de acceso a la información para conocer cómo está organizada la estructura de inteligencia de la PFA, entre otras. Pidió que le expliquen, por ejemplo, bajo qué normativas se sustentaron infiltraciones como las de Iosi y Balbuena. También requirió que expliquen si Ciro James –involucrado en el escándalo de las escuchas de Mauricio Macri cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad– era parte de ese organismo secreto.
En noviembre de 2023, la administración del Frente de Todos rechazó el pedido. El CELS lo judicializó. Con el nuevo gobierno, los abogados de Bullrich dijeron que la información que pedían era secreta sin dar mayores precisiones.
Sin embargo, tanto el juez de primera instancia como la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal entendieron que no había razón para no dar la información que se estaba solicitando. En un fallo firmado el 27 de marzo pasado, los camaristas Liliana Heiland, Clara María do Pico y Rodolfo Facio escribieron: “Ciertamente, la ley 27275, sancionada con posterioridad a la ley 25520 (inteligencia), que regula de manera general el derecho de acceso a la información pública, no contiene ninguna disposición que excluya al Ministerio de Seguridad de su ámbito de aplicación”.
El 20 de mayo pasado, el juez federal Martín Cormick intimó al Ministerio de Seguridad para que en el plazo de cinco días acreditara haber cumplido con lo que le había ordenado el Poder Judicial. El 29 de mayo, se presentaron los abogados de Seguridad para decir que “iban a reconducir” el rechazo. Sin embargo, los tiempos se siguen estirando.
“Mientras el Poder Ejecutivo comunica una reforma de la normativa de la PFA, sigue sin cumplir con la sentencia que le ordena entregar la información sobre el funcionamiento de áreas de inteligencia de esa misma fuerza”, señala Diego Morales, director de Litigio del CELS.
En marzo de 2023, el juez federal Daniel Rafecas condenó a Balbuena a dos años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Idéntica pena recibieron sus jefes dentro de la PFA, Alejandro Sánchez y Alfonso Ustares.
“Con un fallo que se encuentra firme –ya que llegó hasta la Corte Suprema–, logramos que se condene a Américo Balbuena y a dos de sus jefes. Es decir, la justicia en todas sus instancias se pronunció sobre la ilegalidad del obrar de este cuerpo de espías. Ahora, con el decreto 383/25 Bullrich contradice esa jurisprudencia e intenta blanquear y ampliar ese funcionamiento. Hasta ahora se regía por normas secretas provenientes de normas de diferentes dictaduras, ella lo extiende a toda la Federal, ya que tendrán la coartada perfecta para el espionaje político, gremial, social y contra los periodistas”, dice Myriam Bregman, que querelló junto al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) contra Balbuena y los jefes de la PFA.
Tanto Bregman como la exministra de Seguridad Nilda Garré presentaron iniciativas en el Congreso para eliminar el Cuerpo de Informaciones. No tuvieron éxito. A la Comisión Bicameral de Inteligencia y la Comisión de Seguridad también llegó la sentencia de Rafecas, que ordenaba analizar si la normativa secreta es compatible con los parámetros de funcionamiento de la democracia.
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