Peritos de Gendarmería y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) analizarán este jueves un celular del diputado Gerardo Milman, imputado en la causa sobre la autoría intelectual del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Lo insólito es que se trata de un aparato que entregó el propio Milman a la jueza María Eugenia Capuchetti en septiembre de 2023, es un modelo de Iphone que salió al mercado con posterioridad al atentado y comenzó a utilizarlo recién dos meses después. Es más: él mismo dijo recientemente ante le juzgado que había borrado su contenido. Mientras tanto se reanudan las audiencias en el juicio oral por el ataque a la expresidenta y le toca declarar a su famosa vecina del piso de arriba del departamento donde vivía en Recoleta, Ximena de Tezanos Pinto, vinculada con la agrupación Revolución Federal, que colaboraba con el clima de violencia en los días previos.
El teléfono maldito
El diputado Milman (PRO) está imputado en el expediente sobre el intento de magnicidio contra CFK que quedó en primera instancia, sin ser elevado a juicio oral, a raíz de que un testigo lo escuchó decir en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso, dos días antes del atentado, la frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa”. Con el secuestro de imágenes del lugar y la zona se constató que había estado allí con dos asesoras. Al dar testimonio, en octubre de 2022, las mujeres dijeron que no recordaban el encuentro y tuvieron contradicciones entre ellas, hasta que les mostraron el video y recordaron casi todo, menos la frase. El hombre que declaró, Jorge Abello, exasesor en Diputados, fue denunciado por falso testimonio por la jueza ante un planteo de Milman.
Pese a todo y al pedido de la querella, Capuchetti no secuestró los teléfonos de las secretarias. Cuando lo ordenó la Cámara Federal, declararon que los habían borrado. Meses después una de ellas detalló que su aparato había sido vaciado en una oficina de Patricia Bullrich, con ayuda de un perito, que también había manipulado el de Milman, entonces mano derecha de la ministra de Seguridad. Otra razón por la que los abogados de Cristina pedían investigar si el diputado, cuanto menos, había tenido conocimiento del atentado, se basaba en los proyectos donde pedía información sobre la custodia de la exvicepresidenta, en el contexto del juicio del caso “Vialidad” –por el que está detenida– y sugería, dos semanas antes del hecho, que podía haber un ataque. Aludía a un posible auto-atentado, una teoría provocadora con la que reapareció ahora.
Cuando la querella reclamaba el secuestro de los teléfonos que hubiera utilizado Milman en la época del atentado, y después que intervino la Cámara otra vez, el diputado le entregó a Capuchetti un Iphone 14 Pro en un supuesto gesto de colaboración. No proporcionó la clave para acceder al contenido. La situación plantaba dos problemas: el modelo de celular había salido a la venta después del intento de homicidio cuando lo relevante era rastrear las conversaciones previas; pero, además, el sistema que se utiliza para las extracciones forenses de estos y otros dispositivos no servía para acceder a los datos sin tener la clave de acceso. En aquel entonces Milman dijo que su aparato anterior lo había extraviado en una mudanza.
Este año, durante le juicio oral, varios testigos hablaron de situaciones comprometidas para la magistrada. Hasta su custodia la dejó mal parada cuando reveló que había mandado el celular del principal acusado, Fernando Sabag Montiel, sin cadena de custodia a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Antes había intentado un peritaje con la Policía Federal dentro de su propio despacho, donde no hay bloqueo de señales y se había cortado la luz. Esto, entre otras posibles anomalías vinculadas con la recolección de pruebas. A partir de esta situación, repentinamente la jueza la sacó la causa sobre la autoría intelectual al fiscal Carlos Rívolo, a quien se la había delegado, y la redireccionó: sacó el nombre de Milman de la carátula y juntó todo con otro legajo donde ya se había investigado a la custodia y el personal policial que actuó en los días del atentado.
Después de un tiempo silencio, Milman dio una entrevista donde anunció que iba a quedar claro en la causa quién había puesto “el arma en las manos de Sabag Montiel”, que no quería “spoilear a la jueza” y volvió a deslizar la versión del auto-atentado. Es más, anticipó a algunos medios que iría a declarar “espontáneamente” sobre eso. Fue al juzgado, pero no habló de nada por el estilo. Intentó despegarse del hecho y acusó al kirchnerismo de perseguirlo. Habló, eso sí, de sus teléfonos. Respecto del que había entregado al juzgado en 2023, ofreció la clave e intentó justificar por qué lo borró: “No es un teléfono simple, tengo relación con agencias internacionales de origen secreto, tenía fotos de familiares menores de edad, de cuestiones personales y cuestiones de estado. Como secretario a cargo de la DNIC (Dirección de Inteligencia Criminal), en ese teléfono había direcciones de narcotraficantes de la ciudad de Rosario por lo tanto yo tenía como hábito proceder a borrar las comunicaciones…” Avisó que si se conecta el aparato al sistema de extracción llamado UFED “no van a encontrar información”. “No sólo no es delito sino que yo no tenía nada que ver con ninguna causa”, se escudó.
Ese es el celular que será peritado este jueves por Gendarmería, la DATIP (del Ministerio Público Fiscal) y con la participación de un perito de la querella. Sobre su teléfono anterior al ataque a la expresidenta, declaró que si bien pensó que lo había perdido en una mudanza, llegó a la conclusión de que se lo habían robado: “Pude atar cabos (…) entraron a la locación en la cual yo vivía y me sustrajeron el teléfono”. O sea, el celular que importa, no está. Nadie investiga Milman, hasta ahora, por posible entorpecimiento o encubrimiento o delitos vinculados al borrado de evidencia. Su declaración no fue una indagatoria, pero como está imputado, fue eximido de decir la verdad.
La vecina de Cristina
Ximena de Tezanos Pinto, la vecina que vivía en el piso de arriba de Cristina Fernández de Kirchner en Juncal y Uruguay, declara este miércoles en el juicio oral por el intento de magnicidio, a pedido de la querella de CFK. La mujer se había hecho conocida por las banderas que colgaba desde la ventana de su departamento, con eslogans republicanos y proclamas opositoras durante el gobierno de Alberto Fernández. También ganó visibilidad en las redes sociales, se afilió en su momento a Republicanos Unidos, que tenía como referente a Ricardo López Murphy, y nunca ocultó su simpatía por Mauricio Macri, Patricia Bullrich y luego por Javier Milei y Victoria Villarruel.
En la época de las movilizaciones de apoyo a CFK, en medio del juicio por “Vialidad”, que neutralizaron la presencia de provocadores que pretendían a agredir a la expresidenta, de Tezanos Pinto quedó en el centro de la escena por su vínculo con integrantes de la agrupación violenta Revolución Federal (RF). Esta organización protagonizó acciones muy agresivas en las calles (además de llevar una guillotina, antorchas y una horca, insultaban y escupían a dirigentes, entre otras cosas) y en Twitter Spaces algunos de sus referentes llamaban a matar a Cristina en los días previos al atentado.
La vecina, casualmente, en los días en que miles de personas (militantes y gente suelta) se acercaban a la vivienda de Recoleta, recibía en su departamento a integrantes de RF. Estuvieron allí, al menos, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, ambos procesados tiempo después con Jonathan Morel por incitación a la violencia colectiva. Sosa y Guerra se fotografiaron desde el balcón con la movilización de fondo. Sobre el segundo, ella dijo que iba a su casa a hacerle arreglos: en esos días críticos ingresaba todo el tiempo al edificio donde vivía la vicepresidenta. El mismo lo relató en su indagatoria. De Tezanos Pinto alquilaba una habitación a Gladys Egui, que era abogada de estos jóvenes, pero según la querella participaba también en acciones y/o movilizaciones de RF.
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