Luego de haberla reconvertido en una sociedad anónima unipersonal (SAU), el gobierno de Javier Milei terminó de desguazar las funciones de la Casa de Moneda. De esta manera, la utilidad y posibilidades de producción de ese organismo serán reconvertidas y algunas puestas a disposición de terceros.
La decisión fue tomada a través de un decreto, producto del informe que la intervención a cargo del abogado Pedro Daniel Cavagnaro realizó en esa entidad.
La medida central que se tomó fue que la Casa de Moneda concentre sus funciones en la producción del dinero circulante, asista en el proceso de atesoramiento, y destruya e imprima dinero para las entidades públicas y privadas que lo requieran.
Este cambio de utilidad y funciones de la empresa del Estado deja afuera otras tareas que también se realizaban. Por ejemplo, la producción de estampillas fiscales y/o instrumentos fiscales de control (IFC) y servicio de trazabilidad; la producción de pasaportes, y la producción de chapas patente.
El decreto 442/2025 publicado en el Boletín Oficial que reestructura las funciones establece el traspaso de varias áreas operativas clave a distintos organismos estatales.
Como toda vez que desguaza un área, lo que alegó el gobierno nacional es que la entidad estaba atravesando “una grave situación financiera”. Entonces, el plan de reorganización impulsado por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria transfirió tres áreas operativas estratégicas.
- La línea de Instrumentos Fiscales de Control (IFC) y trazabilidad pasará a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
- El área de producción de pasaportes será asumida por el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
- La denominada “Billetera Virtual” será transferida a la empresa estatal ARSAT.
El Ejecutivo también instruyó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer de los inmuebles en desuso y autorizó a los organismos que los reciban a incorporar el personal que trabajaba allí.
Como se dijo más arriba, el objetivo es que Casa de Moneda SAU se concentre exclusivamente en su función principal: la fabricación de dinero circulante, asistencia en procesos de atesoramiento y destrucción de billetes, y producción de impresos para entidades públicas y privadas.
Según la intervención, la deuda de esa empresa supera los 243.700 millones y la situación se habría agravado tras la rescisión de contratos con el Banco Central para la producción de billetes.