En Brasil, la justicia del estado de Río de Janeiro suspendió una ley que obliga a los centros de salud de la ciudad a exhibir carteles con mensajes que desinforman sobre el aborto. Suena extraño pero es así. Se trata de una nueva estrategia de los sectores conservadores contra el derecho al aborto en ese país. Apunta a atemorizar a las mujeres y niñas que necesitan acceder a un aborto legal, a través de cartelería con datos falsos en relación a la interrupción de embarazo como que puede causar infertilidad, problemas psicológicos, infecciones y hasta la muerte. Si antes ese tipo de mensajes aparecía en pancartas de activistas antiderechos en marchas o frente a hospitales u otros establecimientos de salud, ahora pretenden que esté en la cartelería institucional.
La cuestionada normativa fue sancionada en junio por la legislatura de la ciudad y promulgada por el alcalde local, Eduardo Paes, el mismo que llevó a Madonna a cantar frente a las playas cariocas. También establece sanciones a los centros de salud que se nieguen a difundir esa información. Ante la gravedad de los alcances de la ley, el Ministerio Público del estado de Río de Janeiro interpuso una medida cautelar para suspenderla. Y el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro hizo lugar al planteo. La resolución judicial estableció una multa diaria de mil reales por centro de salud, en caso de incumplimiento.
La ley 8396/2025, conocida como “Ley de Fake News de Aborto“, fue ampliamente rechazada por organizaciones feministas y otros sectores. “Es una ley muy simple, de tres artículos, pero muy dañina. Porque puede causar temor en quienes brinden la atención del aborto legal y también en quienes lo necesiten. Las mujeres que requieran un aborto legal podrían no buscar el servicio. Es llamativo que el mismo alcalde que tiene posturas favorables a la comunidad LGBT haya apoyado esta normativa. Fue una sorpresa su acuerdo con grupos evangélicos por este tema”, comentó a Página 12 la abogada Beatriz Galli, asesora principal de políticas y defensa en Ipas-Brasil, una organización centrada en la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
En Brasil, el acceso al aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación –y se presume violación siempre en casos de niñas menores de 14 años–; cuando hay riesgo para la vida de la persona gestante; y en casos de diagnóstico de anencefalia.
Para el Centro Brasileño de Estudios en Salud (Cebes), se trata de una ley electoral. “Eduardo Paes sacrificó a las mujeres en una ofrenda a la bancada conservadora, sancionando una ley de panfletos que no reducirá el número de abortos. Por el contrario: impone más barreras institucionales al acceso al servicio de salud, empujando a las mujeres al aborto clandestino, con mayores riesgos”, dijo Cebes, en un comunicado.
¿Qué argumentó el Ministerio Público para que la justicia suspendiera esta ley?
* Que promovía una narrativa ideológica y revictimizante que podía dañar psicológicamente a las mujeres.
* Que violaba derechos constitucionales.
* Que excedía las competencias del municipio.
La medida cautelar que suspendió la norma fue firmada por la jueza Mirela Erbisti. En su resolución, la magistrada consideró que se trata de una legislación “alarmista, parcial y potencialmente poco informativa”. En ese sentido, destacó que “tiene como objetivo infundir culpa, resentimiento y arrepentimiento de naturaleza fundamentalista“.
“Como se puede ver, la narrativa alarmista, parcial y potencialmente desinformativa de la Ley Nº 8936/25 omite datos científicos y jurídicos en una clara propaganda ideológica contraria a los derechos fundamentales de la dignidad de la persona humana, la libertad de conciencia y de creencias y el derecho a la libre información, además de violar el principio de separación entre Estado y religión (laicidad)”, escribió.
“Es muy preocupante que el alcalde de Río haya sancionado una ley que es para divulgar información falsa para las mujeres”, observó Galli.
En su resolución, la jueza citó el caso de Alyne da Silva Pimentel, una mujer afrobrasileña y pobre, que murió debido a negligencia médica durante su embarazo: fue rechazada en un centro de salud, no recibió servicios de salud materna oportuna pese a que, tras días sin atención efectiva, el feto había muerto. Alyne falleció tras horas de espera sin acceso a servicios adecuados. Como argumento contra la cuestionada norma, la jueza sostuvo que, si hubiera estado vigente en la época Alyne, el sufrimiento que ella enfrentó habría sido agravado por mensajes que la culpabilizarían y desinformarían.
Por la muerte de Alyne, ocurrida en 2002, el Comité CEDAW de la ONU en 2011 exigió a Brasil, entre otras medidas, implementar políticas públicas para garantizar el derecho a la maternidad segura.
Desde organizaciones de derechos humanos y feministas destacaron la decisión judicial porque defiende el acceso a información científica, segura y libre de estigma en salud sexual y reproductiva, y aborda directamente la desinformación y previene la violencia obstétrica e institucional.
En otras ciudades de Brasil, se han presentado proyectos similares, señaló Galli. Entre ellas en Cuiabá y en San Pablo.
Paralelamente a la presentación del Ministerio Público del estado de Río de Janeiro, PSOL –partido de izquierda– planteó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) que es un tipo de amparo, ante el Supremo Tribunal Federal, también pidiendo la suspensión de la ley. Su pronunciamiento puede ser clave para frenar los intentos de avanzar con esta estrategia en otros municipios.
Este escenario no se limita a Brasil: la ofensiva antiaborto en la región forma parte de una avanzada transnacional impulsada por la ultraderecha, con fuerte influencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Fuente: Pagina12
