El estado nacional, pero particularmente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello, fueron condenados por la justicia federal de Corrientes por haberle quitado, con datos falsos, los plantes Potenciar Trabajo a unos 500 correntinos. El estado nacional y el vocero presidencial habían acusado por fraude a esos ciudadanos porque supuestamente no les correspondía el plan por ser empleados provinciales. Pero eso resultó falso y la justicia no sólo ordenó que sigan cobrando los Potenciar Trabajo sino que se les paguen cuatro meses que nunca se les pagaron, con los intereses correspondientes. Los afectados iniciarán una demanda por daños y perjuicios, calumnas e injurias contra los funcionarios porque fueron incluidos en una lista de supuestos defraudadores del Estado.
El caso fue difundido este martes por el periodista correntino Javier Burchinsky y los trabajadores afectados fueron representados por Juan Manuel Cubilla Podestá. El primer juez federal que intervino a principios de año, Juan Carlos Vallejos, había dictado una cautelar obligando al estado a restituir los planes a los trabajadores correntinos, pero se negó a que se le pegaron los cuatro meses en que los afectados no cobraron. Ahora, la Cámara de Apelaciones -Mirtha Sotelo, Serva Spessot y Luis González- reconoció el carácter alimentario del plan y ordenó que se pague todo lo no pagado. Se trata de albañiles, carpinteros, costureras o personas que trabajaban en cocinas o en limpieza.
El estado nacional tomó un listado, presuntamente enviado desde Corrientes, en el que figuraban los que alguna vez trabajaron como empleados provinciales. Se ve que en esa lista estaban las altas, pero no las bajas. Y entonces la emprendieron contra personas que habían trabajado en la provincia en 1997 o 1998, o personas que fueron docentes suplentes un mes o dos, pero que dejaron de estar en el plantel provincial hace años y, en algunos casos, una o dos décadas. Lo grave es que los apuntaron como una especie de estafadores, publicaron su nombre en el Boletín Oficial e incluso algunos de ellos figuraron en medios porteños afines al gobierno. Por eso es que ahora, también de la mano del estudio Cubilla Podestá pedirán un resarcimiento.
La maniobra ahora condenada por la justicia es la típica de la administración Milei. Cuando le reclaman por los planes, por los fondos, por los presupuesto, reacciona haciendo denuncias y no respondiendo a las necesidades. Es el mecanismo que utilizaron con los comedores comunitarios: se le exigía -y exige- que envíe alimentos y el ministerio de Pettovello se despacha con denuncias contra comedores que no están en la dirección registrada. Es evidente que las organizaciones sociales no respaldan ningún engaño o fraude, pero esas acusaciones de Milei-Pettovello no son más que una excusa para no enviar los fondos o desconocer los derechos.
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