La disputa entre las universidades y Javier Milei sigue en los tribunales. La Justicia le dio cinco días al Gobierno Nacional para que informe los motivos por los que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) debe auditar a la Universidad de Buenos Aires (UBA). La medida del juez en lo contencioso administrativo federal Diego Cormick es en respuesta a la presentación de la UBA para que se determine cuál es el organismo que debe auditar a las universidades nacionales y en la que se pide una medida cautelar para que la SIGEN no intervenga hasta tanto se defina su competencia como organismo de control. Pero no solo eso, el Frente Sindical Universitario (integrado por gremios docentes y no docentes) se suma al paro de transporte de este miércoles y suspende actividades en todo el país. Por primera vez en casi dos décadas, la CONADU y la CONADU Histórica convocaron a una medida en conjunto después de un plenario realizado la semana pasada. Además, el 1 de noviembre comienzan los encuentros regionales para federalizar el reclamo por el Presupuesto 2025 y la recomposición salarial. Se extenderá por dos semanas y se harán en ciudades de todo el país como La Plata, Rosario, Córdoba, Catamarca, Mar del Plata y Comodoro Rivadavia, entre otras.
En medio del ataque de Milei a la UBA, el juez Cormick le dio cinco días de plazo al Gobierno para que produzca el informe de contestación a los argumentos de la UBA, que el lunes presentó una “acción declarativa de certeza” defina si la SIGEN puede o no auditarla y pidió que, mientras se resuelve, se dicte una medida cautelar. En los días previos, esa universidad había denunciado el intento de “intervención” tras el anuncio de que la SIGEN comenzaría a trabajar allí el 28 de noviembre. “De ningún modo nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Y es por esto que hemos decidido presentarnos ante la Justicia para que ella sea la que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno Nacional se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida”, afirmó el rector Ricardo Gelpi.
La UBA indicó que ese organismo depende directamente del Presidente y la Constitución Nacional sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo por lo que no tiene competencia para auditar a las casas de altos estudios, que son autónomas, sino que es una tarea que le corresponde a la Auditoría General de la Nación. Los directivos de todas las universidades coinciden en lo mismo, ahora es la Justicia la que debe definir para el caso de la UBA.
La decisión de judicializar la auditoría de la SIGEN es acompañada no solo por los gremios docentes y no docentes, sino también por los estudiantes de esa institución. “Se tienen que respetar las leyes”, le dijo a Página 12 Lucille Levy, presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). “La SIGEN no tiene competencia, le corresponde a la AGN. No está bueno interveniri ni violar la autononia universitaria, estamos a favor de las auditorías, pero no de la SIGEN, que decida la justicia”, agregó.
Cómo sigue el plan de lucha
Pero la lucha también sigue por otros carrilles. Este miércoles, los seis gremios que componen el Frente Sindical hacen un paro nacional en concordancia con la medida que llevan adelante los sindicatos del transporte. La decisión es muy relevante también para la CONADU y la CONADU Histórica, que después de casi 20 años convocan a una actividad en conjunto. Lo resolvieron después de un plenario que se hizo el viernes pasado. “Fue un momento importantísimo desde lo político, la última vez que se hizo una acción orgánica fue en el 2005”, sostuvo la secretaria General de CONADU Histórica, Francisca Staiti en diálogo con ese diario. La unión tiene que ver, en parte, con el ataque inédito a las universidades que lleva adelante Milei y, por otro lado, con el proceso de acercamiento que viven la dos CTA.
“Milei tiene mucho que ver en la unidad del Frente Sindical, el primer paso fue reunirnos a todos en la misma paritaria. Como nos viene golpeando, es una necesidad del contexto histórico, pero más allá de eso. No nos puede unir solo el espanto, no podemos basar esta unidad sólo porque está Milei, debe ser una unidad de acción para debatir la la política universitaria futura”, agregó Staiti. Se trata de las dos federaciones mayoritarias, que nuclean al 80% de la docencia preuniversitaria y universitaria.
Por su parte, el secretario general de CONADU, Carlos De Feo, indicó que tiene que ver con “la lucha de todo este año, de acercar posiciones más allá del monstruo, de ir definiendo políticas de futuro”. El gremialista explicó que el escenario es complejo más allá de lo que resuelva el Congreso de la Nación sobre el Presupuesto 2025. “No hay resolución al problema porque si el Gobierno tiene los votos, va a conseguir un presupuesto que va a hacer que el año que viene las universidades entren en una crisis total. Y si el Congreso vota uno un poco mejor, el Gobierno lo va a vetar y va a consiguir los número para ratificarlo. Vamos a terminar con este presupuesto o sin presupuesto lo que va a ser peor. El año que viene va a ser de mucha pelea, lo que no podemos hacer es terminar el año deshilanchándonos”, explicó.
Además del paro, el Frente Sindical dispuso la federalización del plan de lucha, algo que ya se viene haciendo con actividades en universidades de todo el país, pero que desde el 1 de noviembre tendrá “encuentros regionales” en ciudades cabeceras. La primera será en la Universidad Nacional de La Plata, donde habrá un festival, y seguirán en otras hasta el 15 de noviembre. Alguna de las designadas hasta ahora son Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Rosario, Misiones, Tucumán y Catamarca, entre otras. También se está debatiendo una gran acción federal para el 22 de noviembre, de la que aún no se definió la forma, puede ser un festival o una marcha. La semana pasada, una asamblea interunversitaria se reunió en Plaza de Mayo y votó una marcha para el 12 de noviembre, pero hasta ahora no cuenta con el respaldo institucional, sino que se trata de una medida autoconvocada.
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