El Consejo de la Magistratura no va a investigar si su vicepresidenta, la jueza Agustina Díaz Cordero, participó de reuniones en las que se discutía cómo mejorar las condiciones de los represores que están presos. El nombre de Díaz Cordero apareció en los chats que difundió Lourdes Arrieta después de que estallara el escándalo por la visita de los diputados de La Libertad Avanza (LLA) a los genocidas que están alojados en el penal de Ezeiza.
En pocos días se van a cumplir cuatro meses del cónclave entre legisladores y detenidos de lesa en el Complejo Penitenciario VII. Arrieta, una de las arrepentidas de la visita, denunció el hecho ante la justicia federal de Lomas de Zamora y también en sus redes sociales. Al difundir distintos grupos de WhatsApp quedó al descubierto que había un club de amigos de los represores integrado por diputados, abogados defensores, el cura Javier Olivera Ravasi y hasta por el excamarista Eduardo Riggi. En esos chats aparecía dos veces el nombre de Díaz Cordero.
El grupo de amigos de los represores se reunió por primera vez el 14 de marzo de este año en un palacete de Montevideo 871, donde está la sede de la fundación de Olivera Ravasi. Díaz Cordero habría participado de ese encuentro –según se desprende de un mensaje que envió el cura el 5 de julio.
Ese día, Olivera Ravasi había compartido una nota de Página/12 en la que se informaba que la Sala II de la Cámara Federal de Casación había revocado dos libertades condicionales. “Los zurdos siguen trabajando”, despotricó el cura, que es hijo del genocida Jorge Antonio Olivera. Le respondieron que había que pedir el juicio político de los dos jueces que habían votado en esos fallos –léase, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma. Ante esa propuesta, Olivera Ravasi respondió: “Yo me ofrezco a hacer de nexo con la vicepresidente del Consejo de la Magistratura. Estuvo con nosotros en la primera reunión para quienes la recuerdan”.
No es la única mención que hubo en esos chats a Díaz Cordero. El 19 de marzo –cinco días después de ese primer encuentro en la fundación de Olivera Ravasi–, el diputado Beltrán Benedit escribió: “En plan de accionar en distintos frentes y de manera conjunta vayamos pensando a quiénes podemos ir enviando a Agustina Díaz Cordero”. Después de ese mensaje llovieron algunos nombres de magistrados: Daniel Rafecas, Ariel Lijo y Alejo Ramos Padilla, entre otros. Al cortesano Ricardo Lorenzetti se lo mencionó como enemigo de las Fuerzas Armadas.
Los organismos de derechos humanos entendieron que Díaz Cordero era parte del plan de impunidad, que incluía perseguir a los jueces que impulsaban las causas por crímenes contra la humanidad. Inicialmente le pidieron explicaciones a Horacio Rosatti en su calidad de presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura.
Díaz Cordero respondió que ella no era parte de los chats, lo que era obvio para los organismos de derechos humanos, pero que sí conocía a Olivera Ravasi y tenía estima por Riggi. Como la respuesta no los satisfizo, las organizaciones presentaron una denuncia contra Díaz Cordero.
Horas antes del plenario del Consejo de la Magistratura, Arrieta hizo lo propio. Con su abogado Yamil Castro Bianchi pidió que se investigara a la jueza. En la presentación decían que hubo una reunión en la que participó Díaz Cordero, que había un plan de castigo a los jueces que impulsan las causas de lesa y que el nombre de la jueza fue invocado dos veces y que decían que contaban en su cruzada con el Consejo de la Magistratura.
Todo quedó desestimado por decisión de los jueces, los académicos, el representante del Ejecutivo y los representantes de la oposición amigable en el cuerpo que selecciona y sanciona magistrados. Solo el bloque de Unión por la Patria con Héctor Recalde, en representación de la abogacía, votó por continuar con la pesquisa. Rosatti se abstuvo porque el tema podría llegar a la Corte.
Antes de votar tuvieron que escuchar a los organismos de derechos humanos. El único consejero que mostró su fastidio ante la presencia de los militantes fue Sebastián Amerio, secretario de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
–¿Cuánta gente va a pasar? ¿Vamos a seguir escuchando reiteraciones?– protestó Amerio.
La respuesta le llegó de boca de Mabel Careaga. “Si ustedes están aquí sentados es por la lucha de las Madres y de los organismos de derechos humanos”. Mabel es hija de Esther Careaga, una de las tres Madres marcadas por Alfredo Astiz, llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y arrojadas vivas al mar en un vuelo de la muerte.
–No somos perseguidores de nadie ni denunciadores seriales. No tenemos ninguna animosidad con la jueza Díaz Cordero. Lo que pretendemos es la investigación del caso. Hay elementos de sobra –reclamó Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
La jueza ya no estaba en la sala. Había pedido retirarse antes de que comenzara a tratarse su caso. “Me gustaría que esté presente”, reclamó Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S Capital. “Que se ponga en nuestro lugar, en el de Estela Carlotto, el de Taty Almeida –continuó. ¿Qué haría ella si la persona con la que se juntaron violó sistemáticamente a su madre? Tenemos que preguntarle si estuvo reunida con Olivera Ravasi y si fue parte de ese plan de impunidad”.
A su turno, Luis María Alman Bornes, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), dijo que lo mejor para la jueza Díaz Cordero sería que quede claro cuál fue su intervención. “Que la verdad nos haga libres”, pidió.
El Consejo terminó aprobando el dictamen desestimatorio que había preparado el abogado Miguel Piedecasas, que se preocupó por aclarar que respetaba a los organismos de derechos humanos pero que no acompañaba su reclamo porque conoce el buen accionar de Díaz Cordero.
“No le estamos haciendo un favor a la consejera ni al Consejo de la Magistratura”, replicó Rodolfo Tailhade, que junto con Vanesa Siley pidió que el tema volviera a la Comisión de Acusación.
Tras la votación, los integrantes de los organismos se retiraron de la sala del segundo piso.
–Gracias. Vamos a estar observando lo que hagan –dijo con amargura Tavani ante lo que entendían era un blindaje corporativo.
Dos pisos más abajo, ya estaban todos más recompuestos. “Ahora hay que insistir con la Cámara de Diputados”, proponía Héctor Francisetti antes de despedirse de sus compañeros y compañeras de la mesa de organismos.
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