Mientras el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov pasan sus días en el sector 33 de la Unidad 19 de la cárcel de Ezeiza, sus abogados intentan gestionar ante el Tribunal Oral Federal 6 –que los condenó en 2016 por los homicidios ocurridos en el centro porteño durante la represión a la pueblada que echó al gobierno de Fernando De la Rúa– el beneficio de la prisión domiciliaria. El 5 de noviembre los jueces de ese tribunal harán una audiencia para escuchar la voz de las víctimas, familiares de los asesinados y sobrevivientes, respecto de esta solicitud. Mientras tanto, Página12 pudo saber que ambos gozan de buena salud.
Según consta en las conclusiones de los dictamenes de la fiscalía y del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), “el condenado Enrique José Mathov presenta patologías crónicas tratadas, compensadas, estables y sin complicaciones”. En tal sentido, los médicos determinaron que “puede permanecer alojado en un centro de detención del Servicio Penitenciario Federal ya que los mismos cuentan con lo necesario para atender las patologías y necesidades del imputado“. Mathov tuvo cáncer de colon en 2023, fue tratado y se encuentra “sin recidivas, sin metástasis, controlado y sin complicaciones”. Lo mismo sucede con una patología cardiovascular y otra urológica. “La depresión que supuestamente padece, claramente es reactiva a la situación de prisión, de la misma manera que le ocurre a cualquier persona privada de su libertad”, indicó el documento al que accedió este diario.
Por su parte, Santos está detenido junto a Mathov y también solicitó el arresto domiciliario, un beneficio previsto para los presos mayores de 70 años que padezcan alguna enfermedad terminal, entre otros requisitos. Al ex jefe de la Policía Federal se le practicaron exámenes médicos, que no arrojaron ninguna situación de salud de riesgo. El excomisario también dice que está deprimido por lo cual el 8 de noviembre se realizará un peritaje psicológico, a pedido de su defensa.
Tras la audiencia del 5 de noviembre –donde podrán expresarse los familiares de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos “Petete” Almirón, así como sobrevivientes como Martín Galli, entre otros– el tribunal tiene tres días para dar intervención a la querella y a la fiscalía, y resolvería la cuestión a mediados del mes próximo.
El sector 33 de la Unidad 19 de la cárcel de Ezeiza está compuesto por las denominadas “casitas de pre-egreso”, que son un lugar de mínima seguridad y más confortable que el resto de los pabellones, y está reservado a aquellos detenidos que están a punto de recuperar la libertad. “Es un indicador de que no tienen ningún problema de salud, porque sino el Servicio Penitenciario Federal los hubiera dejado en el Hospital Penitenciario”, dijeron desde la querella. Por este sector privilegiado pasaron Fernando Esteche, César Milani y Julio De Vido, entre otros.
Según las constancias de la causa, tanto Santos como Mathov ya tuvieron varios controles médicos, cardiológicos, examen de sangre y de presión, entre varios procedimientos y chequeos. A Mathov lo visitó su oftalmólogo y Santos pidió permiso para ir a una consulta en el consultorio de su médico personal. “En esas condiciones, es claro que su situación no implica un riesgo para su salud”, ponderó la fuente consultada.
Los dos ex funcionarios del gobierno de la Alianza fueron presos luego de que la Corte Suprema convalidara la sentencia de los jueces Martínez Sobrino, Martín y Giménez Uriburu, dictada tras el juicio oral que concluyó hace ocho años. El fallo había expresado que aquel tórrido 20 de diciembre “la puesta de todos los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y no de una autoridad judicial da cuenta de que no fueron aprehendidos por la comisión de un delito”, y que “asimismo, es revelador que las personas que se observan en los videos incorporados al debate y a las que se detiene, se hallaban en una actitud de manifestación pacífica, por lo que el sentido de la orden transmitida, sobre todo en forma telefónica, da cuenta de que el fin último estaba en evitar la concentración de personas en la plaza, con independencia de si la concentración era pacífica o no”.
Tras la represión frente a la Casa Rosada y al Congreso la noche del 19 de diciembre de 2001, luego de la renuncia del ministro de Economía Domingo Cavallo, los manifestantes regresaron al microcentro, incluso con la Caballería que se lanzó sobre las Madres de Plaza de Mayo. El anuncio del dictado del estado de sitio empeoró la situación. El gobierno estaba resuelto a “despejar la plaza” sin que le importara las consecuencias. Además de Riva y Lamagna, murieron por las balas de plomo policiales en diferentes puntos del centro porteño y el Obelisco. Alberto Márquez, Carlos “Petete” Almirón y Gustavo Benedetto, y centenares quedaron heridos.
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