El intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner fue “un acto tendiente a impedir que (la víctima) pudiera seguir desarrollando su vida política y, a su vez, la conducta se inscribió en un contexto de violencia de la que ha sido objeto por su condición de mujer política”, definió la fiscala Mariela Labozzetta, titular Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6). El organismo complementa en el juicio la actuación de la fiscala Gabriela Baigún y expuso una nueva definición del hecho que se juzga con el agravante de violencia de género. A los acusados –Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo– el tribunal les ofreció ampliar su indagatoria, pero ninguno quiso. En la audiencia de este miércoles, además, declararon dos amigos de Carrizo, que intentaron defender su coartada: decir que las referencias en sus chats al intento de matar a CFK, en la que él mismo se incluía, eran chistes de “humor negro”. Su abogado intentó, sin éxito, que no se mostraran los diálogos.
Intento de femicidio
Labozzetta explicó por qué su planteo es que el intento de matar a la expresidenta fue “perpetrado con violencia de género en la modalidad de violencia política”. Enumeró una serie de conceptos para fundamentarlo:
*El atentado ocurrió en “un contexto social de violencia generalizada contra las mujeres”, “esa violencia fue creciente contra ella en particular”, fue “dirigido a promover su debilitamiento” y “fue la condición de posibilidad aprovechada por los imputados para perpetrar el ataque”.
*”El contexto de violencia venía siendo sostenido en el tiempo, se recrudeció durante el transcurso del año 2022, en el que Cristina Fernández de Kirchner sufrió diversos actos de hostigamiento y hostilidad por parte de personas y agrupaciones opositoras; que fueron habilitando progresivamente los ataques, y fueron el escenario del que se sirvieron los imputados para perpetrar el atentado contra ella, que fue la máxima expresión de su pretendido aniquilamiento como sujeta política”.
Como era esperable, las defensas señalaron objeciones. Para ellos, se deben producir pruebas nuevas. De todos modos, podrán por ejemplo, presentar las propias y pedidos de nuevos testigos. El defensor de Brenda Uliarte, Alejandro Cipolla, anunció públicamente que pedirá que Fernández de Kirchner vuelva a ser citada. “Como se amplió la acusación, que se amplíe la prueba”, le dijo a Página/12. Ella ya declaró en su carácter de víctima. El letrado dijo que quiere preguntarle específicamente sobre su parecer respecto del agravante, lo que es extraño porque su querella –los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira– adhirió a la nueva acusación de la fiscalía y ella hizo en su relato varias referencias al tema. Cipolla dijo que pretendía también que se cite al actual ministro de Economía, Luis Caputo, ya que una de las empresas familiares –Caputo Hermanos– está señalada como la que puso dinero para financiar actos de violencia de la organización Revolución Federal con la excusa de trabajos de carpintería. El defensor agregó a su lista al exministro Sergio Massa. “El podía estar viendo como era el círculo político y cómo se caldeaba el ambiente en el país”, dijo el defensor a este diario.
Amigos son los amigos
Daniel Agustín Gómez integraba un grupo de whatsapp llamado “Girosos”, que administraba Carrizo, donde participaban decenas de personas. A Gómez lo apodan Symme, y así aparecía en los chats. Según declaró ante el tribunal, era gente con la que organizaban “jodas los fines de semana”. De ahí conocía, aunque poco, a Sabag y Uliarte. Contó que tuvo una relación “estrecha” con Carrizo y cree que tenía una buena posición económica, por lo que gastaban en las salidas. Es una de las personas a las que el dueño del negocio de los copos de azúcar le escribió después del atentado a CFK.
“Gabriel me dijo por un mensaje que Fernando había querido matar a Cristina”, relató el hombre de 23 años, de pelo larguísimo, lacio, con anteojos puestos como vincha. Aclaró que recién entendió a qué se refería cuando llegó a su casa minutos después y vio la televisión. “Nos pusimos a hacer chistes, porque nosotros nos tomamos todo a chiste”, justificó. La fiscalía y la querella insistieron en preguntar donde estaba el chiste, y dijo que hacían chistes aún “peores”, para provocar. “De judíos, de nazis, del atentado 9/11” (por las torres gemelas) o “que la mamá de Sergio (Orozco) se había tirado por el balcón y había muerto”. Orozco era un integrante del grupo bautizado como los “copitos”.
La fiscalía y la querella pidieron mostrar los chats pos atentado. Sucede que son parte de una lista de conversaciones que conforman parte de las pruebas más fuertes contra Carrizo. Su abogado, Gastón Marano, se opuso. No quería que se exhibieran. Dijo que el día que su cliente entregó el celular en Comodoro Py había ido a declarar como testigo, voluntariamente, le pidieron la clave del teléfono y no tenía manera de negarse ya que podía ser declarado reticente. El punto es que terminó imputado y comprometido por el contenido del celular. No era la primera vez que lo planteaba, ya lo había hecho en primera instancia, sin suerte, cuando intentó anular esa prueba que analizaron tanto la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) como la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
“¿Tenés idea de lo que está pasando?”, “es mi empleado”, “le quiso pegar un tiro a Cristina”, “me enorgullece que sea mi empleado (…) y que tenga los huevos bien puesto (sic)”, le dijo a Carrizo Symme. Eran cerca de las 23.30 del 1 de septiembre. “Pero se va a tener que esconder”, respondió Symme. Sabag ya estaba detenido. Carrizo se jactó: “Amigo te lo digo hoy acá. Creo que yo voy a terminar ese trabajo (…) Si amigo esa puta ya está muerta. Hay cosas que no sabés. Por nada del mundo se te ocurra decir lo que estoy diciendo”. Gómez le contestó: “Hermano yo soy tu confidente y te apoyo al 1000”.
Ante el tribunal, insistió con la teoría de los chistes, que es la que sostuvo su amigo desde su primera indagatoria. Le mostraron, para que reconociera, un estado de Whatsapp de Carrizo de ese entonces que decía: “El gobierno es vulnerable y espero que les quede claro… Nosotros somos los que mantenemos a estos parásitos ahí arriba, van a juzgar a una persona que le estaría haciendo un gran favor a toda la nación”. Le pidieron al testigo que lo leyera, y mientras lo hacía rompió en una carcajada, como para mostrar que lo interpretaba como una broma. Insistió en que ellos no hablaban de política. Hay muchos más chats y mensajes que podrían comprometer a Carrizo, de ahí la preocupación de su abogado.
David Ricciardone, otro integrante de Girosos apodado “Duncan”, relató ante los jueces que también era amigo de Carrizo y que compartían salidas, tomaban alcohol y hablaban “pavadas”. Contó que después de la detención del jefe de los vendedores de algodón de azúcar armaron otro grupo para ir a visitarlo a la cárcel, aunque él al final no fue. De Sabag Montiel dijo que en un chat grande había anunciado que “quería matar a Cristina”. “Estábamos hablando muchas cosas sin sentido”, quiso explicar. Dijo que Sabag había consultado para obtener balas.
“Duncan” admitió que tenía armas, no balas (de hecho ahora tiene una causa judicial por tenencia ilegal). Sabag Montiel –contó– “hizo un comentario de que iba a comprar en la villa” y que tenía una pistola Bersa Lusber 84 calibre 7.65. En efecto, es lo que está en el diálogo, y mandó una foto: “ya tengo 100 municiones”. Comentó “ahora voy a practicar tiro”. A Ricciardone directamente le preguntó: “¿Sabés cómo se hace ráfaga de doble acción?”. El testigo dijo que no se lo tomaba en serio. En conversaciones privadas con Sabag Montiel sostuvo que hablaban de “religión”. Como concepto, volvió a la teoría de los chistes. “Humor negro, xenofobia, antisemitismo”, hasta mencionó en esa tónica matar a dirigentes políticos.
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