La pelea del Gobierno Nacional con la Universidad de Buenos Aires (UBA) continúa, ahora la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) presentó una cautelar ante la Justicia para que la casa de altos estudios aporte “documentación referida a la utilización de los fondos públicos asignados por el Poder Ejecutivo″. El escrito fue firmado por el titular del organismo, Miguel Blanco, con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, (quién semanas atrás emitió un dictamen para que las universidades nacionales vuelvan a ser auditadas por la SIGEN como era hasta 2022) y quedó en manos del juez Edgardo Walter Lara Correa. Desde la institución informaron que aún no fueron notificados de la medida. Este nuevo capítulo llega días después de la denuncia de la UBA por el “intento de intervención” del Gobierno y del pedido de “acción declarativa de certeza” para que la Justicia defina si la SIGEN puede o no auditarla.
En el escrito, la SIGEN le pide a la UBA que presente información sobre compras y contrataciones, gastos de funcionarios y rendiciones de cuentas sobre fondos transferidos por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, entre otros datos y sostiene que el artículo 59 de la Ley de Educación Superior la habilita para el control ya que establece que las instituciones universitarias tienen “autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”. “El artículo 59 es claro y no requiere esfuerzos interpretativos, a menos que se quiera distorsionar su sentido”, indica el texto.
La disputa que se viene dando en las calles y en el Congreso, ahora también tienen una tercera vía, la judicial. El lunes, la UBA había denunciado el intento de “intervención” tras el anuncio de que la SIGEN comenzaría a trabajar allí el 28 de noviembre. “De ningún modo nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones”, afirmó en ese momento el rector, Ricardo Gelpi y posteriormente presentó una “acción declarativa de certeza” para que la Justicia defina si la SIGEN es competente para el control. La UBA indicó que ese organismo depende directamente del Presidente y la Constitución Nacional sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo por lo que no tiene competencia para auditar a las casas de altos estudios, que son autónomas, sino que es una tarea que le corresponde a la Auditoría General de la Nación.
El gobierno de Milei hizo otra interpretación de las normas, según el escrito: “tampoco puede argumentarse que la específica mención en el art. 59 bis de la Ley N° 24.521 a la competencia de la Auditoría General de la Nación, para llevar a cabo el control externo de las instituciones de educación superior, signifique que se encuentra excluido el control interno por parte de la SIGEN por su falta de una referencia expresa. Ello implicaría ignorar el art. 59 donde se establece la aplicación de la Ley N° 24.156 sin exclusión alguna. Además, el control interno a cargo de SIGEN y el externo a cargo de la AGN no se contraponen, sino que se complementan”.
Fuentes de la UBA indicaron que aún no recibieron ninguna notificación por parte del juez Lara Correa por lo que no definieron los pasos a seguir. El martes, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal, Diego Cormick, le dio cinco días al Gobierno Nacional para que informe los motivos por los que SIGEN debe ser la encargada la auditor. “Si la Justicia le da la razón al Gobierno presentaremos todos los papeles, pero nosotros no vamos a seguir el capricho del Presidente”, indicaron desde la universidad. En el escrito, la SIGEN sostiene “no pretende auditar planes de estudio, contenido, designación de autoridades, ni afectar la libertad de cátedra, como así tampoco designar el auditor interno”.
En consonancia con la postura de la UBA, los rectores de las universidades sostienen que es la AGN la que debe auditar, pero están dispuestos a que sea la SIGEN la que realice el control para evitar las acusaciones de Milei, que no se cansa de insultarlos públicamente y de llamarlos “corruptos” y “chorros”. Fue Barra, quién dos semanas atrás emitió un dictamen para que la SIGEN retome las auditorías, una tarea que desde 2022 había quedado a cargo exclusivamente de la AGN tras una decisión del exprocurador Carlos Zannini. “Hay una presunción de que nosotros no queremos y nosotros ni queremos ni no queremos, nos adherimos a la ley”, dijo días atrás, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Victor Miriñigo, a Página 12.
En ese marco, hoy la SIGEN empezó el proceso de auditoría en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), lo que fue usado como una forma de exponer a la UBA en su negativa. Desde el Gobierno difundieron un video de la reunión de Blanco con el rector de la universidad, Daniel Martínez. También estuvieron los síndicos adjuntos Santiago Herrera y Marcelo Bailo.
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