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La fiscalía pide preservar La Perla chica ante el intento de venta del gobierno | Solicitó que se dicte una medida de no innovar



La unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado pidió que la justicia federal de Córdoba dicte una medida de no innovar para que el gobierno no pueda avanzar con el proceso de venta de los terrenos donde está emplazada La Perla chica, que funcionó como centro clandestino durante la última dictadura.

Javier Milei autorizó, a través del decreto 950, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer, enajenar o transferir 309 inmuebles. Dentro de esos terrenos está un predio de Malagueño, Córdoba, donde está ubicada La Perla chica, una construcción que sirvió de anexo a La Perla –el mayor campo de concentración del interior del país.

La fiscalía –integrada por Carlos Gonella, Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo– hizo este viernes una presentación en el juzgado federal de Alejandro Sánchez Freytes para evitar que el lugar sea puesto en riesgo. “Es necesario preservar dicho sitio pues a la fecha hay delitos de lesa humanidad en plena investigación que están directamente relacionados con el mismo”, señalaron.

La unidad fiscal recordó que La Perla chica fue señalizado como sitio de memoria en noviembre de 2023, por lo que se encuentra alcanzado por la Ley 26.691 –que establece que los lugares donde se cometieron crímenes aberrantes deben ser preservados para investigaciones judiciales y para la memoria de lo acontecido.

Los fiscales no fueron los únicos que se pronunciaron después de que trascendió la decisión del gobierno de Milei de rematar hasta los lugares que funcionaron como centros clandestinos. La Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba también hizo saber su enérgico rechazo frente a la avanzada de la administración de La Libertad Avanza (LLA). “La importancia de este lugar trasciende su valor patrimonial y cultural; es un sitio de memoria reconocido y señalizado, que es testimonio de las violaciones a los derechos humanos y de nuestra historia reciente”, señalaron en un comunicado.

La Perla chica no es el único sitio de memoria amenazado por el afán rematador del gobierno. Está en riesgo, entre otros, el exRegimiento de Infantería 9 de Corrientes.



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