El gobierno de Javier Milei quiere vender una porción de Campo de Mayo que para la justicia podría haber funcionado como centro clandestino de detención y lugar de enterramiento durante la última dictadura. Se trata del área conocida como Puerta 8, donde estaba en los años ‘70 el destacamento de Comunicaciones de la guarnición militar. La subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que conduce Matías Moreno, y el abogado querellante Pablo Llonto ya pidieron en los tribunales que el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, brinde explicaciones y que se frene la avanzada de la administración libertaria.
A través del decreto 950 del 24 de octubre pasado, Milei habilitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer, enajenar y transferir 309 inmuebles en poder del Estado nacional. También resucitó varios decretos de Mauricio Macri que tenían ese mismo espíritu. Dentro de esos terrenos hay varios que funcionaron como centros clandestinos durante los años del terrorismo de Estado. Está La Perla chica en Córdoba, el exRegimiento de Infantería 9 de Corrientes, una franja lindera a La Huerta de Tandil, entre otros.
En el anexo del decreto 950 aparece una propiedad en la zona de Remedios de Escalada, partido de Tres de Febrero, que, en realidad, corresponde al área de Puerta 8 de Campo de Mayo. Así lo advirtió la dirección de Sitios y Espacios de Memoria de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Lorena Battistiol Colayago.
Campo de Mayo es un territorio enorme. Está compuesto por más de 5000 hectáreas. Durante la dictadura, hubo distintos espacios destinados a alojar y torturar a personas secuestradas. Hace unos años, la fiscala Gabriela Sosti lo definió como un campo de concentración a cielo abierto. Hubo distintos centros clandestinos de detención: el Campito, Las Casitas, la Prisión de Encausados y el Hospital Militar –que, además, funcionó como maternidad clandestina.
En diciembre del año pasado, como reveló este diario, la jueza de San Martín Alicia Vence dictó una medida de no innovar sobre la zona de Puerta 8. Fue después de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entonces conducida por Horacio Pietragalla Corti, aportara una declaración anónima de una persona que daba detalles sobre el funcionamiento de ese lugar.
Durante la dictadura, había una edificación blanca con tejas rojas y persianas verdes en la zona de Puerta 8, uno de los accesos a la principal guarnición militar. La persona que declaró bajo condición de que no se conociera su identidad dijo que eso era el Destacamento de Comunicaciones Puerta 8 o la Estación de Radio Puerta 8. El testigo también afirmó que allí se habría torturado y se habrían sacado cuerpos para ser escondidos en otros lugares.
Hoy por hoy, esa edificación ya no existe. Sin embargo, el Archivo Nacional de la Memoria –a través de imágenes que consiguió y que aportó la Agencia Recaudadora de la provincia de Buenos Aires (ARBA)– pudo dar cuenta de que el edificio estuvo en pie entre 1972 y 1997. Después fue demolido. No es la primera vez que en Campo de Mayo se tiraban abajo edificaciones para borrar pruebas de los crímenes: sin ir más lejos, sucedió con el Campito.
El destacamento de Comunicaciones funcionó bajo las órdenes del teniente coronel Herman Antonio Tetzlaff, el militar que se robó a Victoria Montenegro y Pietragalla Corti. En 1997 –casualmente cuando se destruye el edificio–, Tetzlaff fue detenido por la apropiación de Victoria, a quien él anotó como su segunda hija y llamó María Sol.
Durante la dictadura, Tetzlaff alternó entre Campo de Mayo, Villa Martelli y City Bell. En 1980 estuvo como jefe del centro fijo de Comunicaciones de Campo de Mayo. En un reclamo administrativo, se jactó de haber sido responsable de 1017 operativos contra las “bandas de delincuentes terroristas”. El vínculo de Tetzlaff con la represión de Campo de Mayo no era muy oculto: tenía una casa quinta llamada El Campito.
Con estos elementos, la jueza Vence dictó una medida de no innovar sobre el área de Puerta 8 a finales del año pasado. “Existen elementos que me hacen pensar que ese lugar demolido podría haber funcionado como centro clandestino de detención y que allí podría haberse llevado a cabo enterramientos”, señaló.
Después de haber analizado el decreto 950, la abogada Verónica Bogliano –a cargo de las querellas de la subsecretaría bonaerense– se presentó en el juzgado federal de San Martín para advertir que se estaría violando la orden que prohibía modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios en el área de Puerta 8. “Entendemos que la puesta a disposición implica una modificación de la situación de la zona señalada, lo que implica un incumplimiento del Poder Ejecutivo”, resaltó en la presentación a la que tuvo acceso Página/12.
“Esta querella entiende –sigue el escrito– que la sola venta del terreno inmueble, es decir, el cambio de titularidad entre el Estado Nacional o un particular dificultaría las tareas investigativas y el control de la medida cautelar que pesa sobre dichos terrenos”.
En esa línea, la subsecretaría de Derechos Humanos pidió que Petri explique en qué consiste el proceso de enajenación y que la jueza le ordene que se abstenga de realizar maniobras. Además, solicitó que a los funcionarios que incumplan con la medida se le apliquen astreintes, es decir, que deban responder con su patrimonio.
El abogado querellante Llonto hizo una presentación en una línea similar. “Milei no puede vender un espacio que fue centro clandestino y que puede ser un lugar donde existan enterramientos. La jueza Vence ha decretado una medida cautelar y esto debería saberlo bien el ministro de Defensa Petri. Encima algo huele mal aquí porque el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, anda festejando el supuesto destino de un lugar que aún no ha sido objeto de licitación. ¿Es que además de violar la medida cautelar hay negocios por atrás de este decreto? Ojalá la jueza Vence investigue inmediatamente qué está pasando”, dice Llonto.
No es éste el primer impacto judicial que tiene el decreto 950. El viernes, la unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado pidió que la justicia federal de Córdoba dicte una medida de no innovar para que el gobierno no pueda avanzar con el proceso de venta de los terrenos donde está emplazada La Perla chica, que funcionó como centro clandestino durante la última dictadura. La fiscalía advirtió que La Perla chica fue señalizado en noviembre del año pasado como sitio de memoria y que eso haría que esté protegido por la ley 26.691.
El exRI9 de Corrientes –que ya quiso ser vendido durante el gobierno de Cambiemos– está listado como futuras subastas en la web de la AABE. Desde la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense también advirtieron que hay un terreno lindante al centro clandestino La Huerta de Tandil y, según dijo Matías Moreno, están analizando si hay menciones a ese espacio o denuncias de que podría haberse usado como un espacio de enterramientos.
La lista de lugares que funcionaron como centros de detención durante el terrorismo de Estado podría ampliarse. Este diario publicó que la AABE tenía en la mira otros espacios como el Regimiento de Patricios o Villa Martelli. Además de ser valiosos terrenos para el Ejército, fueron señalados por la justicia como puntos de concentración de detenidos-desaparecidos.
En paralelo con el afán rematador de la gestión libertaria, se registra otra tendencia: la parálisis de las obras en estos predios. En Campo de Mayo, donde se estaba construyendo un espacio de memoria, los trabajos se estancaron cuando llegó Milei a la presidencia. Es difícil imaginar que el presidente o su vice, Victoria Villarruel, consientan la inauguración de un memorial por los desaparecidos dentro de la guarnición militar. Las obras de La Escuelita de Bahía Blanca, que tenían un avance superior al 30 por ciento, están frenadas también mientras la justicia le pide explicaciones a la Secretaría de Derechos Humanos y le hace llegar las facturas millonarias que no pagó a la empresa que está encargada de las reformas.
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