En una carrera contrarreloj, el Gobierno anunció que enviará a partir del lunes próximo los pliegos de 150 candidatos a jueces, fiscales y defensores al Senado para su designación en la Justicia Federal con asiento distintas provincias a 20 días que culminen las sesiones ordinarias del Congreso y el día después que el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que no está en los planes del Ejecutivo convocar a sesiones extraordinarias. Con esta decisión, la Casa Rosada abre un frente paralelo de negociación con los gobernadores de diversos signos políticos y con peso propio en la Cámara alta en medio de las conversaciones estancadas por el Presupuesto 2025 frente al reclamo de las provincias por fondos para sus cajas previsionales, educación, salud y obras públicas. Milei buscará poner sobre la mesa la aprobación de al menos uno de sus dos candidatos a la Corte Suprema –el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla— cuyos pliegos están paralizados en el Senado porque hasta ahora no logró reunir los dos tercios necesarios para la aprobación de su designación.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, junto al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, durante la habitual rueda de prensa en Casa Rosada. El vocero remarcó que el Poder Ejecutivo “espera que el Senado de la Nación tenga la sensatez de tomar esta iniciativa con responsabilidad absoluta”, ya que “los ciudadanos esperan que no haya más impunidad en la República Argentina”.
Lo que omitió Adorni, fue que la primera medida que tomó el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, al asumir su gestión fue retirar del Senado 62 pliegos elevados por la administración de Alberto Fernández, que la entonces oposición se negó a tratar. Se trataban de 29 cargos de jueces/zas, 9 para camaristas, 10 para fiscales/as y 14 defensores/as, con cargos en tribunales de la Capital Federal, de Santa Fe, Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, y provincia de Buenos Aires. Muchos de esos cargos vacantes son los que volverán a proponer ahora el Gobierno libertario.
Tampoco el vocero mencionó, al referirse al Senado, si habrá o no sesiones extraordinarias en el Congreso para que la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta avance en el análisis de los pliegos para los que atraviesen favorablemente el proceso parlamentario lleguen al recinto para su aprobación. Las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre, y el Senado tendrá apenas 15 días hábiles para realizar una tarea compleja si los mismos comenzarán a llegar recién el lunes próximo, como anunció.
El secretario de Justicia hizo referencia a la premura que ahora descubrió el Gobierno. Amerio afirmó que la actual vacancia es “de 30 por ciento en jueces y casi 50 por ciento de fiscales”. “Es decir –agregó–, que uno de cada tres juzgados no tiene juez y una de cada dos fiscalías no tiene un fiscal”. “Hay tribunales donde se juzgan delitos ordinarios como robos, hurtos y violaciones, y están sin juez desde el año 2018”, insistió el secretario aunque no aclaró que ese caso se trata de tribunales porteños no transferidos a la Ciudad y que quedaron bajo la denominación de Justicia Nacional y por lo tanto en la órbita del Gobierno nacional. Las vacantes en el resto de las provincias corresponden al fuero Federal.
Luego aseguró que “la cobertura de vacantes mediante la designación de jueces idóneos es una herramienta fundamental para descongestionar los tribunales y acelerar el proceso de todos los expedientes”. Un proceso constitucional que lleva adelante el Consejo de la Magistratura –del que Amerio forma parte como representante del Gobierno — que eleva al Ejecutivo la terna de los mejores puntajes del concurso, para que este designe el nombre del candidato a ocupar el cargo judicial.
Negociación abierta
La decisión del Gobierno tiene detrás una clara intención política de Milei: destrabar en el Senado al menos uno de los pliegos de sus dos candidatos a ocupar las sillas en la Corte Suprema de Justicia. Uno de los cuales está vacante tras la salida de Elena Highton de Nolasco y el otro se desocupará en diciembre cuando el cortesano Juan Carlos Maqueda cumpla 75 años.
La designación de jueces y fiscales federales en sus territorios siempre ha convocado la preocupación y la atención de los gobernadores, que no ocultan su intención de terciar por los nombres que están en danza. Milei quiere abrir allí una negociación con los mandatarios provinciales, que tienen senadores propios que le responden, para despejar el arribo a la Corte de uno de sus candidatos.
El Presidente cree que en ese toma y daca con los gobernadores estaría la llave que abra el camino para sumar los votos que le faltaran para catapultar al controvertido juez Lijo al Máximo Tribunal. La resistencia que genera García-Mansilla lo hace más complicado. Milei busca así cambiar de interlocutores en la negociación que no ha podido revertir con los bloques partidarios en el Senado. La escasa fuerza propia de libertarios (6 senadores) y la de los aliados más íntimos como el PRO (7), lo ubica muy lejos de arañar los dos tercios necesarios entre los 72 integrantes de la Cámara.
Si la negociación con los gobernadores prospera, Milei descartaría la idea de nombrar a un supremo por decreto. Un atajo que utilizó Mauricio Macri durante su gestión pero que tuvo que dar marcha atrás frente a los conflictos judiciales de todo orden que la acarrearía la decisión de saltearse el proceso constitucional para la designación de jueces de la Corte Suprema.
Por
