Carlos Otero Álvarez, un ex juez Federal que fue absuelto en 2017 cuando se lo enjuició junto a otros tres colegas por complicidad con la Dictadura, volverá a ser juzgado en Córdoba desde este jueves en un nuevo episodio de lo que se conoció como “el Juicio a los Magistrados”: un hecho inédito en la provincia apodada “la Docta” por su producción de abogados desde la mismísima fundación de la Universidad en 1613.
Aquélla absolución, que fue repudiada por los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de los 75 hechos por los cuales se lo procesó, fue rechazada por la Cámara Federal de Casación Penal en un escrito de septiembre de 2023, en el cual señalaron las inconsistencias, errores y omisiones del Tribunal Oral Federal 2 presidido por Julián Falcucci.
Según los camaristas, Otero Alvarez “incumplió su deber como funcionario público que desde su cargo jerárquico podría haber intentado hacer algo por las personas que estaban siendo torturadas”; y les dieron la razón a los fiscales Facundo Trotta y Carlos Gonella, y las querellantes Patricia Chalup y Adriana Gentile, cuando señalaron en su apelación que “el Tribunal (integrado por Falcucci, el riojano Camilo Quiroga Uriburu y el entrerriano Jorge Sebastián Gallino) efectuó una serie de valoraciones sobre la época que, bajo la apariencia de argumentos jurídicos, fueron utilizadas para consolidar la absolución del acusado pero que al final termina por desconocer el cruce entre el plan sistemático de exterminio de opositores políticos y el sistema judicial”. Blanco sobre negro: como si el contexto que se vivía bajo el régimen militar no hubiese sido evidente para un funcionario que (junto a Zamboni Ledesma quien ya murió), tomó decenas de declaraciones y vio a cientos prisioneros en condiciones infrahumanas en Córdoba y en Sierra Chica.
Un dato: ya en abril de 1975 en la D2 (la Gestapo cordobesa) Carlos Otero Alvarez vio destrozado por la tortura a Horacio Siriani, un estudiante de Cruz del Eje, poco antes de que lo mataran. Siriani está considerado aquí como el primer asesinado en la D2. Y los abogados que se atrevieron a defenderlo, Miguel Hugo Vaca Narvaja (h) y Enrique Asbert, fueron secuestrados en agosto de ese mismo año, y encarcelados. De ellos, sólo Asbert sobrevivió.
De hecho, entre las 75 víctimas que figuran en el prontuario procesal de Otero Alvarez para este juicio, se incluyen los 31 prisioneros políticos que fueron asesinados en la UP1 en el invierno de 1976: el mismo delito por el que se condenó a Videla y Menéndez en 2010. En 1976 la dictadura cívico-eclesiástico-militar estaba más fuerte que nunca y también la sistematicidad para matar: 29 personas fueron fusilados en falsas fugas; en tanto que dos de ellas dentro del penal: el médico santiagueño René Moukarzel, estaqueado hasta la muerte el 14 de julio; y Raúl Bauducco, un joven estudiante de periodismo baleado en la nuca a quemarropa en el patio de la cárcel y a la vista de cientos de reclusos.
En el juicio anterior, en 2017, el sobreviviente Luis “Vitín” Baronetto le echó en cara al reo Otero Alvarez haberle mentido acerca del asesinato de su esposa, Marta Juana González una de las fusiladas; y de no haber hecho nada a pesar de constatar las condiciones dantescas de los presos políticos en las celdas de ese penal. También en esas audiencias otra sobreviviente, Delia Galará, contó cómo le había tomado declaración en la UP1 mientras la mantenían “maniatada, estaba golpeada y con guardias armados alrededor”. Galará le reprochó que “no hizo nada” para ayudarla ni a sus compañeras. Galará tenía sólo 19 años, y sus compañeras de celda Ester “Tati” Barberis, Marta Rosetti de Arquiola y Diana Fidelman “todas fueron fusiladas”.
El deber de la Memoria
El Tribunal Oral Federal 2 que arrancará sus sesiones este jueves 14 de noviembre a las 9,30 de la mañana y estará presidido por el juez riojano Mario Martínez y lo acompañarán los vocales José Escobar Cello, de Santa Fe, y los cordobeses Facundo Zapiola y Cristina Giordano. Los defensores del imputado serán Julio Deheza y Marcelo Brito.
Las querellantes Chalup y Gentile seguirán el caso por los fusilamientos de Marta Juana González de Baronetto; los tormentos agravados a su esposo Luis Baronetto, y los fusilamientos de Miguel Hugo Vaca Narvaja (h) y José Pucheta. Los fiscales acusarán por el resto de las víctimas, que “en 94 hechos suman 75”. Este será el juicio número 15 por crímenes de lesa Humanidad en esta provincia desde el primero en 2008, en el que condenó por primera vez a prisión perpetua en cárcel común a Luciano Benjamín Menéndez.
Desde la querella Patricia Chalup le dijo a este diario que “aquí aún no se logró redefinir el delito. Se lo juzga por omisiones, incumplimiento de funcionario público, abuso de autoridad; pero no por complicidad con el genocidio como ya se hizo en Mendoza”.
Desde la fiscalía acentuaron el carácter de “la documentación probatoria”, ya que todo lo que se volverá a juzgar está asentado en actas firmadas por el propio imputado. “No hay muchos casos como éste donde todo esté detallado firmado y sellado”. En ese sentido, la discusión volverá a pasar, entre otros puntos, por el sesgo de “fedatario o no” de Otero Alvarez, un funcionario que en su puesto y con su poder no era un simple firmante de las decisiones del juez Zamboni Ledesma, como se expuso en el juicio anterior.
Las audiencias serán en el palacete de estilo francés donde funciona el TOF2 un sitio que, a pesar de su belleza arquitectónica, no está en condiciones para que asistan más de 20 personas. Ya en el juicio de 2017 la falta de ambientes aireados y la estructura deficiente en cuanto a sanitarios, fue un padecimiento -si no un maltrato- para el público. Incomodidades que se han repetido en otros juicios realizados en ese mismo sitio. Entonces, ¿por qué insistir con ese lugar? ¿Por qué no hacerlo en las amplias Torres de Tribunales Federales de Córdoba, a poco menos de 300 metros? La respuesta en en un susurro provino de un empleado judicial que le confió a Página 12 que “al haber sido juez (Otero Alvarez) hasta 2009 (de hecho fue vocal en el primer juicio a Menéndez); no quiere ser juzgado donde él mismo fue el juez y donde todavía trabajan personas que fueron sus subordinados”.
Por lo que se ve, la llamada “Sagrada Familia Judicial” no sólo está de acuerdo con él imputado, sino que lo favorece. Y en los detalles está el estilo: en aquel juicio no hubo taquigráficas ni para abogados ni fiscales, lo que provocó discusiones sobre qué dijo o no cada declarante. Y en éste, ya anunciaron que la transmisión on line no será en vivo, como en todos los juicios. Sólo “colgarán” las audiencias en el canal de youtube del TOF 2 al final de cada sesión.
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