“¡Asesinos, miren a la cara, esto no se termina acá, estos jueces se dejaron comprar!”, gritaron los familiares de Leandro Bravo mientras eran desalojados de la sala de audiencias. Fue al finalizar el juicio contra cuatro policías chaqueños que en febrero de 2022 torturaron hasta la muerte al hombre de 37 años, que resultaron absueltos por el Tribunal de la Cámara del Crimen de Charata, luego de que la fiscalía desistiera de acusarlos. “Vamos a apelar y a seguir peleando en todas las instancias judiciales y en las calles”, dijo Déborah Sánchez, una de las hermanas de Bravo. “Me siento profundamente indignado y decepcionado, todo el juicio fue una mentira, una vergüenza que nos dejo con un sabor amargo en la boca”, expresó Santi Bravo, su hijo.
La sentencia absolutoria dictada por los jueces Juan Carlos Clauster, Lorena Cimbaro Canella y Sergio Benito benefició a los miembros de la Policía de Chaco Alexis Fleitas Noguera, Enzo Gómez, Franco Sosa y Carlos Díaz, acusados de tortura seguida de muerte y falsedad ideológica, ocurridos la tarde del 26 de febrero de 2022 en la ciudad chaqueña de Charata. Si estos uniformados no hubieran sido declarados inocentes podría haberles cabido la pena de prisión perpetua.
“A pesar de la evidencia contundente presentada, resulta incomprensible que no se haya podido acusar a los cuatro asesinos de mi papá. Es una injusticia que duele profundamente y me llena de bronca. ¿Cómo pueden dormir tranquilos sabiendo que han fallado a mi familia y a la memoria de mi papá?”, dijo Santi Bravo pocos minutos después de escuchar a los jueces. “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis tías, abuelos y a la gente de Pañuelos en Rebeldía que han estado siempre junto a mi familia, luchando incansablemente por la justicia. Su apoyo y solidaridad han sido un sostén para nuestras heridas”, agregó.
Bravo tenía dos hijos, era empleado judicial y estaba cerca de recibirse de abogado. Aquel día salió en moto con uno de sus primos a comprar cerveza, fue víctima de una persecución policial, la segunda que padeció en su vida, hasta que lo detuvieron. Lo pisaron y lo golpearon en el piso. Luego lo tiraron dentro de la caja de la camioneta boca abajo, cuya chapa estaba caliente a más de 70 grados. Dos policías se le subieron encima. Cuando lo llevaron a Sanidad Policial la enfermera se negó a atenderlo y ordenó que se lo lleven de inmediato al hospital. Cuando llegó, ya estaba muerto. Los uniformados intentaron fraguar un supuesto robo, pero la presunta víctima de Leo lo negó tanto durante la instrucción como en el proceso oral y público.
Durante el juicio que comenzó el 14 de octubre y finalizó este martes no quedaron dudas de que los cuatro policías fueron quienes efectivamente asesinaron a Bravo. La contundencia de la segunda autopsia, realizada bajo el protocolo de Minnesota que corresponde a las muertes de personas bajo custodia del Estado, que derribó las conclusiones de la primera, las cámaras de seguridad vecinales y los testimonios demostraron la culpabilidad de los policías. Pero el Tribunal se inclinó por el relato de la fiscal Silvana Rinaldis, quien argumentó que la muerte de Bravo no fue producto de torturas sino de su “estado de salud” previo. Para ella, los policías lo detuvieron “sin excederse” en el uso de la fuerza y el hombre falleció por su salud “extremadamente frágil”. Al hacer propia esa explicación de los hechos, los jueces consagraron la impunidad de los asesinos de Leo, como lo llamaban a Bravo. “La fiscal tiene antecedentes de haber sido cómplice en casos de abusos sexuales en las infancias”, se escuchó decir en la sala al finalizar la audiencia.
Un juicio contra la víctima
Florencia Sánchez, también hermana de Bravo, dijo a la periodista Mar Korol de Pañuelos en Rebeldía que “el fallo es realmente vergonzoso, esa absolución está basada en un recorte totalmente parcializado de las testimoniales y las pruebas, dieron vuelta todos los hechos que habían quedado demostrados”. En ese marco, afirmó que “siguen criminalizando y poniendo en tela de juicio la vida de Leandro, lo que hizo o no su familia respecto a su situación de consumo, dándole a la vez vía libre a la Policía para que siga cometiendo estos hechos”. La referente de Pañuelos en Rebeldía, Claudia Korol, coincidió con Sánchez. “Este juicio significó la impunidad para los policías; la Justicia, una vez más, decidió tergiversar todas las pruebas y resolver que la Policía pueda seguir matando, torturando, persiguiendo”. Para Korol, es “indignante que gran parte de la sentencia esté dirigida a cuestionar a Leandro y a su familia, incluso presionando a los testigos. Fue un juicio contra Leandro y no contra los policías”.
Deborah Bravo anticipó que la familia va a “apelar este fallo y a seguir peleando en todas las instancias judiciales posibles”. Y aseguró que seguirán “en la calle, porque si no hay justicia dentro de los tribunales que haya condena social”. En la misma sintonía, el hijo de Bravo dijo: “Aunque hoy nos duele, no nos rendiremos. A los responsables de esta injusticia, les digo que no pueden silenciarnos, no pueden hacer que olvidemos. La memoria de mi papá vive en nosotros y seguirá siendo un faro que guíe nuestra lucha por la verdad. Estoy orgulloso de mi familia y de todos aquellos que han luchado junto a nosotros. Seguiremos adelante, sin perder la fe en la justicia y en la humanidad”.
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