Todo está listo para que mañana miércoles la Cámara de Diputados avance en el recinto en busca de aprobar el proyecto macrista de Ficha Limpia, que con apoyo del oficialismo libertario y del radicalismo que encabeza Rodrigo de Loredo quiere dar la última estocada a la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner como posible candidata. La sesión para tratar el proyecto que propone prohibir que una persona condenada en segunda instancia por corrupción pueda presentarse a elecciones, fue solicitada por los diputados del PRO, LLA y del bloque oficial de la UCR con el respaldo de la CC tras la ratificación de la Cámara Federal de la condena a la ex presidenta en la llamada causa Vialidad. El sector disidente del radicalismo Democracia para Siempre irá con su propio proyecto que propone extender la inhabilitación a otros delitos del Código Penal, mientras que el interbloque de Encuentro Federal no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema pero varios de sus integrantes no se opondrían a la iniciativa que impulsa el conglomerado oficialista. Enfrente solo estarían Unión por la Patria, que no dudó en calificar el proyecto como un intento de “proscribir a Cristina” en sintonía con “la farsa del juicio”; y el FIT que consideró que la condena a CFK representa un “avance antidemocrático”.
La triada colaboracionista con el Gobierno de Javier Milei va en busca de convertir en ley el proyecto que ponga el candado a cualquier posibilidad que Cristina Kirchner sea candidata y no tener que esperar los tiempos de la Corte Suprema para dejar en firme el fallo que la condena a una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos (además de los seis años de prisión).
El dictamen de mayoría que estará en discusión en el recinto mañana a partir del mediodía, está basado en un proyecto de la macrista Silvia Lospennato que sostiene que no podrán candidatearse, durante el período que dure la pena (o hasta que se revoque la condena), todas aquellas personas que fueron condenadas en segunda instancia por delitos vinculados a la corrupción. Una lista que incluye tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, entre otros. El mismo lleva las firmas del jefe de la bancada amarilla, Cristian Ritondo, y parte de su tropa, con el respaldo del oficialismo, el radicalismo deloredísta y la Coalición Cívica.
El radicalismo disidente de DpS tiene su propio dictamen redactado por el formoseño Fernando Carbajal. Allí propone ampliar la prohibición para candidatearse a todo tipo de delitos, no solo los vinculados a la corrupción, con pena privativa de libertad de más de tres años. Aunque presionan para modificar el dictamen de mayoría, en el macrismo se niegan a introducir cambios.
Votos
La avanzada contra CFK considera que mañana podrán alcanzar los 129 votos necesarios para el quórum en la Cámara baja y darle media sanción al proyecto. El PRO, LLA, la UCR y la CC arañan el centenar diputados con asistencia perfecta. Pero apuestan a que en el resto de las bancadas haya legisladores que no querrán quedar expuestos al escarnio mediático como los que impidan la “inhabilitación” política de CFK.
Especialmente apuntan al interior del interbloque de EF, que si bien no se pronunció oficialmente sobre el proyecto tiene en sus filas diputados que se han pronunciado a favor de la iniciativa de ficha limpia. Entre ellos, los que llegaron a la Cámara en la boleta del disuelto junto por el Cambio, como los ex macristas Emilio Monzó y Nicolás Massot, así como Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy, entre otros.
Tampoco creen que los radicales disidentes se opongan a pesar de los reclamos para ampliar el alcance de la medida. En el medio hay otros bloques provinciales que se podrían sumar voluntades a los deseos del oficialismo y sus aliados íntimos. Enfrente solo quedarían entonces el peronismo de UP y el FIT, a los que no les alcanza en soledad para impedir que el proyecto prospere.
Camino sinuoso y judicialización
De aprobarse la media sanción en Diputados tendrá que pasar por el Senado, donde la resistencia sería mayor. Aunque allí llegaría sobre el filo de las sesiones ordinarias que culminan el 30 de noviembre. Si los tiempos no dan, la Cámara alta solo lo podría abordar en lo que queda del año o los primeros meses del próximo, si el Gobierno lo incluye en la agenda de una posible convocatoria a sesiones extraordinarias. Y allí debería aglutinar a todos los senadores no peronistas para convertirlo en ley, una tarea difícil pero no imposible para un Ejecutivo que siempre guarda alguna carta en medio de la asfixia económica que provoca para abrir una negociación.
Tanto el oficialismo como el macrismo confían que tienen tiempo aun para alcanzar su objetivo, incluso si habría que esperar hasta el próximo periodo parlamentario que se abre en marzo y antes de la oficialización de las listas de candidatos para las legislativas de 2025. En la Casa Rosada especulan que la prolongación en el tiempo de la disputa por la ley le servirá para polarizar con el kirchnerismo en vísperas de la elección.
De aprobarse el proyecto, a nadie se le escapa que todas maneras la ley terminará judicializada. Tampoco que la palabra final la volverán a tener los jueces.
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