El Gobierno envió este jueves al Congreso dos proyectos que proponen cambiar el mapa electoral con miras a la obsesión de la Casa Rosada: las elecciones legislativas del año próximo, que renovarán la mitad de la cámara de Diputados y un tercio del Senado. Una de las iniciativas propone la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), donde ya no habrá competencia interna oficial en los partidos ni alianzas electorales, junto a la modificación del sistema de financiamiento de los Partidos Políticos, que quitará el aporte del Estado y la publicidad oficial para dejar exclusivamente en manos privadas el sostén económico a las campañas electorales. La otra modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos donde impulsan que las fuerzas deberán tener personería en 10 de los 24 distritos electorales (y ya no cinco como hasta ahora) para contar con reconocimiento jurídico como partido nacional.
Ahora la Casa Rosada confirmar si llamará o no a sesiones extraordinarias para tratar ambos proyectos, para los que deberá encarar una dura negociación con todas las fuerzas políticas parlamentarias, ya que la reformas electorales deben contar con una mayoría agravada: el votos de la mitad más uno de los miembros de ambas Cámaras del Parlamento. El periodo ordinario del Congreso culmina el 30 de este mes y desde este miércoles las comisiones de ambas cámaras no pueden emitir dictamen sobre ningún proyecto, por lo que habrá que esperar –si no hay convocatoria a extraordinarias– hasta marzo del año próximo, ya con el calendario electoral encima.
Los proyectos tienen el sesgo fiscalista del Gobierno. “Estas reformas implicarían un auténtico avance en lo que hace a la calidad de nuestras instituciones democráticas, y su sanción significaría un verdadero alivio para todos los argentinos que han soportado durante años el peso de un aparato político insaciable que siempre se financió a costa de los contribuyentes”, sostiene Javier Milei en sus fundamentos. Por lo que propone que el sostenimiento de los partidos políticos y sus campañas electorales queden en manos privadas y a merced del mercado de los lobbys corporativos.
Privatización de la política
El primer punto de unos de los proyectos es la eliminación de las PASO. Por lo cual los costos de las internas partidarias o de alianzas electorales correrán por cuenta de las propias agrupaciones. “Lo que resulta innegable es que, contrario a lo que se pretendía al momento en que se ideó la norma, los años que le sucedieron a su sanción se vieron marcados –salvo algunas excepciones– por un acrecentamiento exponencial del desencuentro entre los reclamos legítimos de la sociedad y la agenda desarrollada por la clase política argentina”, dice en los fundamentos que firman Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Una argumentación que choca de frente con la postura del Gobierno: convocaría a extraordinarias solo para tratar la reforma electoral mientras posterga indefinidamente el tratamiento del Presupuesto Nacional 2025 frente los múltiples reclamo económicos y sociales de las provincias.
El texto de la iniciativa también señala que los partidos, alianzas o confederaciones registrarán ante el Juez Federal con competencia electoral las listas de candidatos con una antelación de 60 días. Y reafirma que cada agrupación política podrá presentar una única lista de candidatos por categoría de cargos nacionales a ser dirimida.
El otro punto es también la eliminación del aporte estatal de los partidos políticos, del que se nutrió la propia fuerza libertaria para llegar al poder. Lo que contradice con el artículo 38 de la Constitución Nacional, que establece que “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático” y “el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes”.
Allí elimina el aporte del Estado a las campañas electorales de los partidos así como la obligación que los medios de comunicación difundan los spots de campaña para dar a conocer sus propuestas al electorado, al fijar que los partidos solo deberán sostenerse con aportes privados. Lo que pone en desigualdad de condiciones para competir electoralmente a los partidos más chicos o nuevas propuestas partidarias.
Propone una serie de modificaciones a la actual normativa, con distintas restricciones sobre las características de los aportantes privados y multas para los partidos que no la cumplan. En cambio, el Gobierno confía en que no pasará penurias económicas en una disputa electoral: cuenta con el respaldo que los grandes grupos económicos —que tienen gerentes surgidos de sus empresas en puestos clave en la propia administración nacional— y poderosos empresarios que ya pagaron miles de dólares por los cubiertos en la cena presentación del think tank libertario, la Fundación Faro Argentina.
“Sellos de goma”
Por separado iría el proyecto para modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Luego de celebrar a fines de septiembre en Parque Lezama el reconocimiento electoral nacional de La Libertad Avanza con los actuales requisitos jurídicos, el Gobierno propone ampliar las exigencias para otorgarlo. Luego de detallar la cantidad de partidos reconocidos en los países de Latinoamérica, el Presidente sostiene en sus fundamentos que “el problema de la proliferación de partidos políticos como emprendimiento económico, informalmente llamados ‘sellos de goma’”. Milei fue candidato presidencial en 2023 sostenido por varios de esos “sellos”: el Partido Demócrata, Unión Celeste y Blanco, el Partido Renovador Federal y el Partido Fe.
El texto establece que para su reconocimiento nacional, los partidos deberán “tener presencia en al menos 10 distritos (actualmente se requiere en cinco)”, y “se incorpora como exigencia el contar con un mínimo del 0,1 % de los afiliados del Registro Nacional de Electores”. Además propone la creación de una plataforma digital que funcionará para “gestionar afiliaciones y revalidaciones”. Otros requisitoa son “contar con el 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral (actualmente es el 0,4) y tener un piso mínimo de 3% en dos elecciones consecutivas”, para seguir presentándose a los comicios.
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