El presidente Javier Milei no recibirá a los gobernadores aliados, que le pedían una reunión para discutir los cambios en el Presupuesto 2025 para que sus provincias reciban más fondos. El mandatario parece estar decidido a no conceder ninguna de las exigencias que le hacen en términos de dinero. Por eso, optó por no dar curso al pedido de un encuentro. En este escenario, cobra relevancia la sesión del martes donde la oposición intentará voltear el DNU que le permite al Gobierno renegociar deuda sin pasar por el Congreso. Si bien podría ser una herramienta de presión para los gobernadores, en Juntos por el Cambio indican que no hay una posición uniforme sobre esta sesión. Muchos están intentando negociar de forma individual para sus provincias, que es también la forma en la que el Gobierno quiere que se den las negociaciones. Que no vengan en bloque, que vengan de a uno.
El Presupuesto 2025 viene trabado hasta el punto de que ya quedó claro que no se votará en sesiones ordinarias. El encargado de anunciarlo hace ya algunas semanas fue José Luis Espert, quien dijo que -llegado el caso- el presidente podría llamar a extraordinarias. La sospecha permanente en la oposición es que no quieren presupuesto, para manejar discrecionalmente las partidas. Y el Gobierno juega con esa idea: el planteo a los gobernadores aliados viene siendo “o se aprueba sin cambios o prorrogamos el Presupuesto 2023”. Sería la primera vez que el país no tiene presupuesto dos años consecutivos y por decisión del Ejecutivo.
En este contexto, los gobernadores aliados intentaron lograr una reunión con Milei. Hasta ayer, no se las había concedido y todo indica que no lo hará. El presidente no está dispuesto a ceder en ninguna de las exigencias que tienen de mayores fondos que, según señalan los propios gobernadores aliados, en muchos casos son el estricto cumplimiento de leyes actuales. En el Gobierno señalan que conceder lo que piden implica una erogación de U$S 3700 millones (ese número, como tantos otros, no viene con una fuente confiable detrás) y que, para colmo, el mayor beneficiario sería Axel Kicillof, a quien buscan perjudicar, no ayudar.
Claro está que esto a los gobernadores del PRO y la UCR no les mueve una ceja. Ellos insisten en que no están pidiendo fondos discrecionales, sino fondos que están previstos en distintas normativas y que el Gobierno viene incumpliendo. Valga un repaso: piden la asignación específica del 2,55 del impuesto a los
combustibles que se destinaba a obra y compensación del transporte a la
masa coparticipable, financiar el déficit de las cajas previsionales provinciales,
derivar parte del 1,9 de la recaudación de la ARCA (ex AFIP) a la
coparticipación, la compensación que ya estaba prevista en el Pacto Fiscal del 2017, y distribuir
Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no utilizados.
Como Milei a todo esto no tiene más que decirles que una negativa cerrada, la reunión que pidieron no estaría ocurriendo. Pero hay una segunda estrategia: el Gobierno prefiere negociar con cada gobernador individualmente y no en bloque. Esto choca con la táctica que vienen usando los de Juntos para el Cambio, que hacen los planteos como un grupo de Gobernadores (incluso, usan esa estrategia más que el peronismo).
Y ahí es donde entra la sesión del martes, donde buscarán rechazar el DNU que le permite al Gobierno renegociar deuda puenteando al Congreso. La sesión especial fue pedida por Unión por la
Patria, Encuentro Federal de Miguel Pichetto y los radicales disidentes
de Democracia para Siempre. Si ese DNU se cayera, no le quedaría otra a Milei que sentarse a negociar el Presupuesto, razonan algunos. La sesión anterior se cayó, justamente, por la presión que hizo el Gobierno sobre algunos de los gobernadores. Hay quien ve esta nueva sesión como una carta de cambio para conseguir finalmente mejoras en las arcas provinciales (de hecho, la sesión se citó casi como respuesta a que Espert anunció que no se trataba el Presupuesto). Otros tildan esa posición de ingenua: el Gobierno nunca va a ceder, piensan.
De todo esto se habló en un Zoom que compartieron Cristian Ritondo, Miguel Angel Pichetto y Rodrigo De Loredo con los principales gobernadores de la coalición aliada. Allí hubo algunos gobernadores que plantearon su enojo con la situación actual, y otros que plantearon estirar el plazo de las negociaciones al máximo posible y, si se caen, ir por el DNU de la deuda. Y, si bien no quieren llegar a ese extremo, como muchos de los planteos que
hacen son para que se cumplan leyes vigentes, todo podrá terminar en el
territorio del Poder Judicial.
Lo cierto es que, según informaron a este diario desde el sector de los gobernadores aliados, no hay para la sesión del martes una posición uniforme y consensuada. “Esto se debe a que hay varios gobernadores negociando de manera bilateral con el Gobierno”, indican. Es decir, exactamente lo que el Gobierno quería: que no haya más planteos en bloque, sino dádivas individuales.
De esas negociaciones seguramente dependerá la suerte de la sesión sobre el DNU de deuda. Si no avanzan tampoco las negociaciones individuales, podría abrirse un escenario de avance del rechazo del DNU. No obstante, si se ve la experiencia de este primer año, muchas veces lograron desarmar iniciativas de este tipo con promesas a los gobernadores, que después no se cumplieron.
Por
