Sus amigos eligieron un tribunal a dedo y presentaron un hábeas corpus para sacarlos de la cárcel. Ellos pidieron ser escuchados en una audiencia y mostrarse como víctimas del proceso de justicia. Ésta es la estrategia que preparan los represores que están detenidos en penales federales a pocos días de que cumpla un año desde la llegada al poder de Javier Milei y Victoria Villarruel –doce largos meses sin que se cumpliera su esperanza de quedar en libertad.
“Adelantamos que los detenidos mencionados nos han expresado su voluntad de asistir a la audiencia que se fije a los fines previstos”, dice el correo electrónico que envió Alberto Solanet, presidente de Justicia y Concordia, una asociación que nuclea a abogados que defienden a acusados por crímenes aberrantes.
Los “detenidos mencionados” son una selección del horror del terrorismo de Estado. Entre otros nombres figuran los de Jorge Eduardo Acosta (alma páter del grupo de tareas que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada), Adolfo Donda (jefe de inteligencia de esa misma unidad y condenado por haber intervenido en la apropiación de su sobrina Victoria, nacida en cautiverio), el cura Christian Federico Von Wernich (condenado por siete asesinatos) y el de Alejandro Duret (condenado por la desaparición de Carlos Labolita, amigo de Néstor y Cristina Kirchner, que dice que tiene estrés “postraumático de guerra”). En total, suman 84. Hay una omisión en la nómina –posiblemente de manera intencional: no aparece el nombre de Alfredo Astiz, cuya foto con los diputados oficialistas generó un escándalo de magnitudes mayores.
El correo de Solanet llegó a la casilla de Martín Yadarola. El juez Yadarola es el magistrado que recibió la semana pasada un hábeas corpus presentado por una decena de organizaciones que se presentan como de “memoria completa”. Entre otros estaban, Justicia y Concordia, el grupo de Cecilia Pando y la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita) –cuya vicepresidenta, Silvia Ibarzábal, es asesora del ministro de Defensa, Luis Petri, en materia de derechos humanos.
Los hábeas corpus eran los recursos que, en plena dictadura, presentaban las Madres para saber dónde estaban sus hijos o hijas. Salvo honrosas excepciones, estos planteos eran rechazados sin más. Los hábeas corpus se emplean, además, cuando se agravan las condiciones de detención de una persona.
Justicia y Concordia planteó un hábeas corpus a favor de los detenidos mayores en las cárceles porque alega que no se cumple la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en su artículo 13 dice que se promoverán medidas alternativas a la prisión. En criollo, lo que quieren es el arresto domiciliario. Las organizaciones lo dicen clarito en el escrito: “Conceder la prisión domiciliaria u otras medidas morigeradas de detención no desatiende compromisos internacionales del Estado”. Si eso no funciona, piden que el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que está a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), dicte normas diferenciadas y condiciones especiales de trato.
El recurso parece enfocarse hacia todos los detenidos mayores de 70, pero después particulariza en los de lesa humanidad. Es difícil que se los pueda pensar como un “colectivo” porque no todos están presos en las mismas unidades penitenciarias y, por ende, no tienen las mismas condiciones de reclusión. La mayoría de ellos se encuentra en la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde gozan de canchas de tenis. Los otros criminales de lesa están en el penal de Ezeiza, donde recibieron la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) en julio pasado, y hay algunos desperdigados por las provincias.
Las organizaciones de “memoria completa” hicieron directamente fórum shopping. Es decir, eligieron una jurisdicción más amigable. Esquivaron a los tribunales federales –donde tramitan las causas por crímenes de lesa humanidad– y optaron por la justicia nacional ordinaria, históricamente más conservadora. Reconocieron que estaban eligiendo a dedo: “La justicia federal no podrá ser receptora de esta acción por cuanto es su comportamiento omisivo –generalizado en ese fuero– el que es objetado por la presente”. El planteo es, a todas luces, curioso porque el 80 por ciento de los detenidos de lesa se encuentra en su casa, según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).
Yadarola no se declaró incompetente, pero rechazó el hábeas corpus. Entendió que era genérico, abarcativo y que, en todo caso, es el juez natural el que debe decidir si un detenido puede continuar el arresto en su casa. O, afirmó, que el Congreso debe evaluar condiciones generales. El rechazo de Yadarola les permitió apelar ante la Cámara del Crimen.
La sala de Hábeas Corpus que les tocó en suerte está integrada por Magdalena Laiño y Rodolfo Pociello Argerich. Laiño es hija de un jefe militar, Aníbal Laiño, que supo ser secretario general del Ejército durante la época de Martín Balza. Los camaristas revocaron el fallo de Yadarola y le abrieron la ventana que las organizaciones pro-represores estaban esperando: le ordenaron al juez hacer una audiencia antes de resolver el hábeas corpus y recién después de eso decir si es competente o no –cuando es sabido que es un tema de la justicia federal.
La audiencia todavía no tiene fecha. El juez la pondrá cuando termine de recabar información sobre los detenidos de lesa, que les está pidiendo a los tribunales o juzgados que los tienen a su disposición. Los pedidos fastidian a los jueces federales, que entienden que se están entrometiendo en su jurisdicción como parte de una maniobra que busca favorecer a los criminales de lesa.
En esa audiencia que ordenó la Cámara del Crimen es que quieren participar los represores para decir que sus derechos humanos se ven violentados. Lo curioso es que en el recurso invocan el fallo Verbitsky, que consiguió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por las condiciones de hacinamiento en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, o citan el manual de derecho penal de Raúl Eugenio Zaffaroni.
La Cámara del Crimen estableció que en la audiencia deberá también estar presente la secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad. Será también una oportunidad para que un subordinado de Bullrich diga si las cárceles no brindan la atención necesaria o si el proceso de justicia mutó en uno de venganza, como declaró meses atrás la ministra de Seguridad.
Por
