Las denuncias de las organizaciones que reúnen a personas con discapacidad finalmente rindieron sus frutos: un fallo judicial le ordenó ayer a la cámara que concentra a las empresas de transporte de media y larga distancia respetar las leyes que garantizan el acceso gratuito de los usuarios con alguna discapacidad. El beneficio se había interrumpido luego de que el gobierno de Javier Milei anunciara a principios de octubre “la total desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros”. El rechazo ante los perjuicios infligidos a las personas con discapacidad derivó en el recule en chancletas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que entonces presentó una medida cautelar y labró infracciones en nombre del Estado, todo un pecado para el credo libertario. La propia CNRT difundió ayer la buena nueva, asegurando que “continuará registrando las denuncias de los usuarios”, que no tardaron en llegar desde las propias cuentas del organismo en redes antisociales.
“La justicia determinó que las empresas de micros deberán cumplir con los pasajes para personas con discapacidad”, se titula el escueto comunicado que difundió a primera hora la Secretaría de Transporte. Repite con el pecho inflado que la decisión judicial se produjo “a partir de una medida cautelar presentada por la CNRT”. “Luego de registrar las denuncias de los usuarios y de emitir actas de infracción en todo el país, la CNRT presentó el pasado 25 de octubre una medida cautelar ante la justicia con el objetivo de que las empresas que incumplen la obligación de ofrecer los pasajes para las personas con su accionar, revean su accionar”, recordó.
El fallo en cuestión corrió por cuenta del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, que le ordenó a las empresas que integran la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) que “de modo inmediato procesan a dar cumplimiento con la obligación establecida en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674”, que garantizan derechos para personas con discapacidad, para trasplantadas o en lista de espera, y para niños, niñas y adolescentes con cáncer, respectivamente.
El comunicado remarca que “desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte se continuará registrando las denuncias de los usuarios, en los casos de incumplimiento de las empresas, y se utilizarán todas las herramientas legales y administrativas para hacer cumplir y valer los derechos de los usuarios de transporte”. Las repuestas no tardaron en llegar: “en la APP de la CNRT siguen no disponibles los servicios”, “acabo de salir de Retiro, no hay más pasajes sin cargo para discapacitados” o “las empresas siguen sin cargar los cupos”, entre otras.
Tal como informó Página/12, el problema comenzó tras el decreto de Milei y el anuncio de la desregulación del transporte por parte de su ministro Federico Struzenegger. Los empresarios interpretaron el retiro del Estado como el fin del servicio público y, en consecuencia, comenzaron a poner trabas para negar los pasajes gratuitos a personas con discapacidad, vigentes desde hace más de 20 años.
Entonces se multiplicaron las denuncias de personas con discapacidad, nucleadas en organizaciones como la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) y la Red por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (REDI), al tiempo que se multiplicaron las denuncias en todos los canales de denuncias de la CNRT. La respuesta del vilipendiado Estado fue enviar intimaciones a las empresas para que cumplieran con sus responsabilidades y, ante la falta de respuesta, avanzar en la aplicación de sanciones, multas económicas que rondaron los 150.000 pesos. Finalmente la CNRT presentó la medida cautelar que derivó ayer en la decisión judicial.
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