A través de la Comisión de Justicia y Paz, organismo dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), la Iglesia Católica expresó su “más profunda preocupación ante la disolución por decreto del Fondo de asistencia directa a las víctimas de trata de personas” creado por ley 27.508 de 2019 y puesto en funciones en octubre de 2021. Entiende el equipo eclesiástico dedicado al tema que la norma democrática que lo creó “representaba una demanda auténtica de víctimas y sobrevivientes, promovida por el Poder Ejecutivo y votada en el Congreso con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil”. Para el organismo eclesiástico la medida adoptada por el gobierno representa un “retroceso en materia de reparación y restitución de derechos de las víctimas”, según se afirma en el comunicado eclesiástico.
En los fundamentos publicados en el Boletín Oficial el Poder Ejecutivo argumenta que “resulta oportuna la disolución de los citados fondos fiduciarios en el contexto económico actual, con el fin de propender a la mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos”. Frente a ello el “Equipo No a la Trata” de la Iglesia Católica dice no comprender “la mención del contexto económico actual, ya que los fondos no salen del erario público” sino que se trata de “la administración de los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y del lavado de activos provenientes de tales ilícitos, con el fin de que estos sean destinados a reparar los daños causados a las víctimas”. En consecuencia, argumenta el organismo eclesiástico, “no insumía dinero del erario público, sino que se trataba de activos provenientes del delito que debía administrar el Estado”.
Agrega la Comisión de Justicia y Paz que la medida adoptada por el decreto presidencial y “ante la ausencia de mecanismos supletorios del Fondo de Asistencia Directa solo puede tener como consecuencia la mayor vulneración de las personas que padecieron la esclavitud en carne propia y fueron rescatadas de las garras del delito”.
Se menciona a su vez que “en un trabajo reciente de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), se elaboró un relevamiento estadístico en base a la reparación de víctimas de trata en sentencias condenatorias en Argentina entre los años 2019 y 2022. En este periodo se dictaron 107 sentencias condenatorias, de las cuales en 27 (un 25,2%) se efectivizó algún tipo de reparación económica para las víctimas. Éstas alcanzaron a 168 víctimas por un total de más de 70 millones de pesos (en rigor, 70.823.001,20 pesos) y 16.141 dólares, además del equivalente a 192 salarios mínimos y 3 vehículos afectados para los mismos fines”.
Por lo señalado y después de “años de avances, que habían puesto a nuestro país en la vanguardia de la lucha contra este delito, el más grave que se pueda cometer contra la libertad y dignidad humana”, la Iglesia considera que la medida del gobierno “representa un retroceso en materia de reparación y restitución de derechos de las víctimas, que no pueden esperar y lo único que hacen este tipo de medidas es convertirlas nuevamente en víctimas, abandonadas por quienes deberían ser protegidas”.
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