El plan del presidente Javier Milei sigue siendo gobernar a fuerza de decretos y vetos, por lo menos, hasta las elecciones del año que viene. En Casa Rosada consideran que les irá bien en los comicios de medio término y que ya no necesitarán de los aliados del PRO y de algunos sectores de la UCR para avanzar con sus objetivos. El vínculo se tensó más de lo que ya estaba después de las discusiones en torno al proyecto de Ficha Limpia para el que el oficialismo no dio quórum la semana pasada. Hasta que el sueño de LLA de tener bloques robustos en el Congreso no se haga realidad, en el oficialismo no tienen ningún empacho en admitir que seguirán gobernando a través de Decretos de Necesidad y Urgencia. También, adelantaron que seguirán vetando las leyes que no le agraden al Jefe de estado. En casi un año de gestión, los DNU del gobierno fueron 46 y no se descarta que sumen más antes de que termine diciembre.
El DNU más importante fue el 70/2023, que se publicó el 21 de diciembre del año pasado. Allí declararon la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. En cuanto al futuro, en el oficialismo adelantan que estarían armando otro para publicar antes de que termine el año, más allá de la intención de designar a los jueces de la Corte Suprema por decreto en comisión tal como lo aseguró el jefe de gabinete, Guillermo Francos. También trascendió que, en caso de que se apruebe en el Senado, Milei vetará la Ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de Apuestas en Línea. No sería la primera que el Presidente deje sin efecto, ya lo hizo con la norma que pretendía recomponer las jubilaciones y también con la de financiamiento universitario. Los dos vetos fueron ratificados por el Congreso.
Durante el primer año gestión, el gobierno de Javier Milei publicó 46 DNU de los cuáles solo uno fue rechazado: el que pretendía ampliar el presupuesto de la SIDE en 100 mil millones de pesos para fondos reservados. En Diputados lo rechazaron en agosto y en el Senado en septiembre. Fue así que el decreto 656/2024 quedó sin vigencia siendo esa la primera vez que un DNU fue rechazado por el poder legislativo. El decreto 70/2023, en tanto, fue rechazado por la cámara Alta el 15 de marzo, pero aún no fue tratado en Diputados, por lo tanto, sigue vigente.
Otro decreto con el que también anunciaron que avanzarían desde el oficialismo, es uno para designar a los jueces de la Corte Suprema. Si bien el pliego del juez Ariel Lijo tiene las firmas necesarias para ser tratado en el recinto, el de Manuel García Mansilla no y en Balcarce 50 insisten con que la incorporación de uno está atada sí o sí a la del otro. Por eso evalúan incorporar el tema en la lista a tratar en sesiones extraordinarias. En caso de que García Mansilla no logre ser aprobado y Lijo sí, en el receso intentarían designarlo a través de un decreto en comisión.
Sobre el temario que enviarían desde el Ejecutivo para las sesiones extraordinarias, en LLA dicen que están terminando de delinearlo, pero sin consensuarlo con el PRO, ni con ningún otro bloque aliado. Más allá de la posibilidad de que entren los pliegos de los jueces de la Corte, el presupuesto 2025 quedaría afuera. Parece que en Casa Rosada hacen oídos sordos a los pedidos de los gobernadores de lo que solía ser Juntos por el Cambio para incorporar allí la Ley de Leyes. Alguna de las posibilidades es que en la lista figuren el proyecto de Juicio por Jurado, el de Reiterancia y el de Juicio en ausencia. Tampoco figuraría en los temas a incorporar el supuesto nuevo proyecto de Ficha Limpia en el que estarían trabajando desde La Libertad Avanza después de que no dieron quórum para votar el del PRO.
Otra idea que tienen en el Gobierno es la de incluir en el temario el proyecto redactado por Hernán Lombardi para la privatización de Aerolíneas Argentinas. La empresa fue quitada de la lista de privatizaciones durante las negociaciones por la Ley Bases, pero en el oficialismo quieren insistir con su venta. Es algo con lo que no pueden avanzar por decreto.
Desde la oposición, en tanto, están pujando para sacar una ley que modifique la 26.122, que es la que regula los requisitos para que el Congreso deje sin efecto un DNU. Si bien había varios proyectos de distintos bloques como Encuentro Federal y Unión por la Patria, mediante un acuerdo, se llegó a un dictamen que unió a todos.
Aún el texto no pudo ser tratado en el recinto porque la semana pasada no se incluyó en el temario. En la anterior sí, pero no logró quórum. Lo que busca el proyecto es que los decretos del Poder Ejecutivo pierdan vigencia si no son aprobados por las dos cámaras en un plazo de 90 días corridos desde su publicación. También limitarlos, ya que una vez rechazado el decreto por una de las cámaras, el Ejecutivo no podría dictar uno análogo en el mismo período parlamentario y, además, permitiría que los decretos puedan ser tratados de manera inmediata durante el receso parlamentario.
En la gestión anterior, la del presidente Alberto Fernández, se firmaron en total 177 DNU, pero en el medio ocurrió la pandemia de Coronavirus y muchos de ellos fueron por ese motivo. Durante los dos mandatos de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), por ejemplo, se firmaron 78. Mientras que Mauricio Macri rubricó 71 entre 2015 y 2019.
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