Dolar Futuro, una de las causas emblemas del Lawfare contra los principales dirigentes peronistas, cayó por su propio peso. Es que la Corte Suprema ratificó el fallo de Casación que sobreseía a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y el resto de los imputados por supuesto defraudación del Estado, en un extraño armado que buscaba transformar en un delito (inexistente) una operatoria del Banco Central, que además es una entidad autónoma.
El fallo de la Corte llega después de que el todavía procurador Eduardo Casal -quien mantiene su puesto desde 2017 pese a ser interino- le había que al máximo tribunal que revise la sentencia de Casación y eleve a juicio la causa que pretendía culpar a funcionarios del gobierno kirchnerista por una operatoria monetaria de la que se beneficiaron algunos dirigentes macristas, como Mario Quintana, José Torello, Gustavo Lopetegui, tras la devaluación del gobierno de Cambiemos a fines del 2015.
La denuncia original fue presentada en octubre de 2015 por Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR) y apuntaba al entonces titular del BCRA, Alejandro Vanoli y otros por supuesta “defraudación”. Decían que el Central vendía dólares a futuro a precios por debajo de la cotización. El fallecido Bonadio no tardó en extender la acusación a CFK, que estaba en el tramo final de su segunda presidencia, y a su ministro de Economía, Kicillof. El planteo era que se invertía en dólar futuro para perjudicar al Estado. La medida buscaba evitar una disparada del dólar, una corrida cambiaria, y contener la presión para una devaluación.
La investigación que comandó el doctor Glock fue un ejemplo máximo de la persecución judicial: en todo momento se negó a realizar un peritaje de especialistas para saber qué perjucio había tenido el BCRA. También era extraño por una medida de un ente autónomo era investigada tanto la presidenta de ese entonces como el ministro de Economía.
En abril de 2021, la Sala I de la Cámara de Casación Penal decidió sobreseer a CFK, Kicillof, Vanoli, todo el directorio del BCRA y otros imputados después de analizar el peritaje que dio cuenta de la inexistencia de perjuicio para el Estado. Pero, además, y en especial en el voto de Ana María Figueroa, quedó al desnudo cómo Bonadio había impedido a las defensas no solo acceder al expediente sino hacer lugar a las pruebas que pedían. Un clásico de las causas que condujo Bonadio, como también la de los cuadernos o la de supuestos sobreprecios en GNL, y de otros casos contemporáneos a cargo de otros jueces, como el propio caso de Vialidad. Todo siempre con amplia cobertura de los tribunales superiores de Comodoro Py, y los grandes medios de comunicación. Figueroa planteó que se estaba juzgando una política económica, a la que, para colmo, era ajena la responsabilidad presidencial. Los otros jueces que votaron, con argumentos más acotados, fueron Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
Cuando la investigación fue elevada a juicio oral se hizo ese análisis como parte de la instrucción suplementaria y concluyó que no existía daño alguno para las arcas públicas y que las operatorias de dólar a futuro son medidas de gobierno aplicadas en muchos países, y en este caso se evitó una catástrofe cambiaria. El Tribunal Oral Federal 1 quería hacer el juicio igual (con votos de José Michilini y Ricardo Basílico, y disidencia de Adrián Grunberg) pero luego definió Casación.
Tras el fallo de Casación, el fiscal de esa instancia penal, Raúl Pleé, decidió apelar y la pelota quedó en la Corte Suprema. Lla Corte le pidió opinión a Casal, el procurador que quedó en lugar de Alejandra Gils Carbó después de que el gobierno de Mauricio Macri presionara por su salida. ¿Qué dijo sobre Dólar Futuro? Ante todo, que hay que hacer un juicio oral donde se debatan todas las cuestiones.
Pero la Corte, esta vez, desoyó los cantos de sirena del Lawfare y resolvió confirmar los sobreseimientos.
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