El Olimpo era el lugar donde residían los dioses. Entre agosto de 1978 y enero de 1979, los “dioses” residieron en un predio enorme ubicado en la manzana de Olivera, Ramón Falcón y Lacarra, en el barrio de Floresta. Con uniforme o sin él dispusieron de las vidas de cerca de 500 personas –incluidos sus hijos e hijas. Desde hace 20 años, el lugar ya no le pertenece a la Policía Federal Argentina (PFA) y funciona como un espacio para no olvidar los crímenes atroces que allí se perpetraron. Por ese aniversario y por otros –los 39 años de la sentencia en el Juicio a las Juntas y la proximidad del día de los derechos humanos– un grupo de jueces y fiscales fue de visita al lugar y le dieron un espaldarazo a la memoria. “Que el Olimpo no se repita. Ésa es la única forma de reparar a las víctimas e impedir que las nuevas generaciones vuelvan a pasar por esto”, dijo Alejandro Slokar, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, al terminar la recorrida.
La visita arranca con la voz de los sobrevivientes. En este caso, es Jorge Braiza quien toma la palabra.
–Éste fue un lugar de muerte, tortura y desaparición. Y hace 20 años que venimos trabajando para que podamos construir vida. La vida la fueron dando los sobrevivientes, los equipos de trabajo y las organizaciones del barrio– comenzó Braiza.
Lo escuchaban magistrados de distintas jurisdicciones. Slokar y Mariano Borinsky, de la Casación Federal, y Daniel Morín, de la Casación Nacional. Jueces que instruyen las causas de lesa humanidad: Daniel Rafecas, a cargo del expediente del Primer Cuerpo, y Ernesto Kreplak, de las investigaciones de La Plata. Jueces que juzgan estos crímenes: Adrián Grünberg, Esteban Rodríguez Eggers, Adriana Palliotti y Daniel Obligado. Estaban los fiscales Javier de Luca (Casación), Gabriela Baigún –que tiene a su cargo la acusación por el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner y Alejandro Alagia, titular de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. Junto a ellos también se encontraban algunos magistrados jubilados como Cristina Caamaño o Luis Cabral, y el abogado Pablo Vassel, impulsor de las investigaciones por las torturas en Malvinas.
–Olvídense de su nombre. Pónganse una letra y un número. Éste era el primer delito que se cometía cuando un detenido era traído al campo. No se olviden. Esto hay que transformarlo en vida–les recomienda Braiza antes de comenzar.
El Olimpo funcionó entre el 16 de agosto de 1978 y finales de enero de 1979. Fue el tercer centro clandestino de una cadena que se inició con el Club Atlético –que fue desarmado para finales de 1977– y con El Banco. Rafecas, que instruyó la causa, explicó que compartían victimarios, víctimas y hasta las herramientas de tortura. “La diferencia fue que Olimpo fue directamente diseñado como centro clandestino”, explicó el juez.
Eran Nagan, el embajador adjunto de la Unión Europea (UE), escuchaba con atención. Ya había visitado la ESMA y lo que quedó del Vesubio. Era su primera vez en el Olimpo. “Cada vez que vengo a estos lugares es como un golpe en el estómago”, dijo. “Yo creo que el proceso de memoria, verdad y justicia es ejemplar. Obviamente no fue una guerra. A través de estos tres principios se ha llegado a una sociedad adulta que vive en democracia. Por eso, hay que evitar que cualquier retroceso al autoritarismo tenga lugar”, agregó.
Todos los participantes lo escuchaban en una ronda. Victoria Montenegro, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, tomó la palabra. Les habló a los jueces del rol reparador que tiene la justicia para las víctimas del terrorismo de Estado. Les contó lo que significó para ella declarar en el juicio por el plan sistemático de apropiación de niños y niñas. “Yo encontré el sentido de haber guardado información durante años y años cuando logré sentarme ante el tribunal y ser la voz de mis padres para que haya justicia”.
Desde la Legislatura, Montenegro viene denunciando el vaciamiento de los sitios de memoria por parte del gobierno nacional y destacando el rol de los trabajadores –que vienen sufriendo despidos o conviviendo con la amenaza de ellos. “Tienen profesionalismo, responsabilidad histórica de su trabajo y mucho corazón”, les confió a los jueces, fiscales, secretarios y trabajadores de la justicia que la escuchaban.
–Yo no sé si Victoria lo sabe, pero el primer caso en el que me tocó intervenir fue el del plan sistemático– continuó Borinsky, que es el presidente de la Casación.
El camarista contó que tuvo que revisar la condena del último dictador argentino, Reynaldo Benito Bignone, quien le dijo que no le reconocía autoridad porque solo reconocía a los tribunales militares. “La justicia ha ocupado un lugar fundamental. Pero si no fuera por los testimonios de quienes pudieron salir de acá, no habríamos llegado a nada. Es muy emocionante visitar este lugar. Yo solo había estado en la ESMA”, se sinceró.
María Eugenia Mendizábal, coordinadora del sitio de memoria, continuó con la recorrida. Los hizo pararse junto a lo que eran las celdas, unos cubículos en los que podían llegar a apilar a cuatro personas. Habló también de los niños y niñas que fueron víctimas: los que fueron llevados al centro clandestino, los que estuvieron cuando secuestraron a sus padres o fueron sometidos ellos mismos a tormentos, los que nacieron en libertad vigilada.
–¿Cuántos casos tienen relevados?– se interesó Slokar.
–Son más de 175– explicó Mendizábal– Fue gracias a los juicios que los escuchamos. Antes no los habíamos oído– se lamentó.
En realidad, la socióloga estaba hablando de las condiciones sociales para “escuchar” lo que dicen las víctimas: cuándo una denuncia se vuelve audible o entendible. Dos adultos que fueron esas infancias victimizadas estaban ahí: Yamila Sansoulet –hija de la sobreviviente Susana Caride–e Iván Troitero –que sufrió una golpiza y hasta simulacros de fusilamiento antes de que secuestraran a sus padres Alfredo Troitero y Marta Tilger.
El Olimpo está encallado en pleno barrio de Floresta. Primero fue un depósito de tranvías; después la división automotores de la PFA. Sus ventanas daban a la calle. La pregunta que les hacen muchas veces los guías a los estudiantes que recorren el lugar es hasta dónde llegaba el miedo. La pregunta volvió a resonar este lunes ante los magistrados. “El objetivo de la desaparición de personas es generar terror”, terció Rufino Almeida, sobreviviente del Banco.
–Les pedimos que sigan investigando. Hay un sector de la sociedad que reivindica esto. La justicia tiene que tener los ojos bien abiertos y decir que no queremos que se repita nunca más– reclamó Braiza en representación del resto de los exdetenidos-desaparecidos.
Slokar contestó que todos los que estaban allí tenían un compromiso y un deber ineludible para asegurar ese Nunca Más, para que Olimpo no volviese a repetirse. “Hay un pasado que no se rinde porque hay un futuro que no perdona”, dijo el juez.
A la salida –sobre la avenida Olivera– un cartel de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) interpelaba a quienes caminaban por esa calle: “Sin trabajadores no hay memoria”.
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