En sintonía con la ola de ultraderecha global, el presidente Javier Milei avanzó en la flexibilización de la portación de armas. Pero los argumentos que el Gobierno Nacional utilizó para bajar por decreto la edad mínima para ser legítimo usuario de armamento en Argentina se sustentan en datos falsos. Diversos estudios e investigaciones demuestran que estas iniciativas están lejos de ser una contribución para combatir el delito, como había dicho el actual mandatario cuando era diputado. El caso paradigmático es Estados Unidos, que volverá a ser presidido Donald Trump y que muestra la catástrofe a la que conducen el aumento de las armas en manos de la población civil.
“Aquellos estados que tienen libre portación de armas, le guste o no a la progresía, tienen muchos menos delitos (que) donde vos tenés obligados a estar indefensos a los honestos”, afirmó en mayo de 2022 el entonces diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires Javier Milei. Fue días después de un tiroteo en una escuela de Estados Unidos en el que murieron 19 niños y 2 maestros. El planteo conmocionó entonces a la opinión pública, al igual que otros de la mismo tipo como el apoyo a la legalización de la venta de órganos. En 2023, la flexibilización del acceso a la portación de armas formó parte de la plataforma electoral de La Libertad Avanza, y ahora finalmente llegó el Decreto 1081/2024, firmado este martes por el Presidente.
La medida es parte del repertorio que comparten figuras como el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, el excandidato presidencial chileno José Antonio Kast, el diputado español Santiago Abascal y el propio Trump, quien en mayo de este año habría prometido que en caso de ganar las elecciones revertiría las medidas de control de armas implementadas por Joe Biden.
A contramano de lo que sostienen estos dirigentes, la revista Journal of Empirical Legal Studies publicó en 2019 una investigación que, luego de analizar decenas de casos a nivel internacional, demostró que como consecuencia de la aprobación de leyes que permitieron la posesión oculta de armas, los delitos violentos aumentaron entre un 13% y un 15% durante los diez años siguientes a su implementación. “Ni siquiera hay el menor indicio en los datos de que las leyes RTC (Right To Carry o “leyes que permiten la portación de armas” en inglés) reducen los delitos violentos. De hecho, el peso de la evidencia de las estimaciones de datos de panel, así como del análisis de control sintético, respaldan mejor la opinión de que la adopción de leyes RTC aumenta sustancialmente los delitos violentos en general en los 10 años posteriores a la adopción”, afirmaron los investigadores.
En 2017, la revista estadounidense de divulgación científica Scientific American publicó otra investigación basada en el análisis de más de 30 estudios, en la cual afirma que “más armas están vinculadas a más delitos”. Cita un trabajo publicado en 2015 por investigadores pertenecientes a la Universidad de Harvard y al Hospital de Niños de Boston, que muestra que los asaltos con armas de fuego eran 6,8 veces más comunes en los estados con niveles más altos de posesión de armas que en los estados de menor tenencia. Al año siguiente, en 2018, la Revista Panamericana de Salud Pública (Pan American Journal of Public Health en inglés), que depende de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), publicó un estudio titulado “Facilidad del acceso legal a licencias de portación oculta de armas de fuego y tasas de homicidio en los Estados Unidos”. En este trabajo se demuestra que “las leyes que obligan a emitir la licencia se asociaron significativamente con tasas de homicidio totales 6,5% mayores, tasas de homicidio por arma de fuego 8,6% mayores y tasas de homicidio por arma corta 10,6% mayores”.
Por su parte, la ONG estadounidense Everytown for Gun Safety, que aboga por la prevención de la violencia armada y una mayor regulación en el acceso al armamento por parte de la población, ha elaborado un ranking entre todos los estados de Estados Unidos, que incluye variables como la restricción de las leyes para la portación de armas y la tasa de violencia armada de cada jurisdicción. El resultado de la investigación arrojó que, en promedio, los estados con leyes más estrictas tienen menos violencia armada. Además, se muestra que los 13 estados que desistieron de establecer protecciones mínimas, y que son calificados como “fracasos nacionales” por la organización que construyó el ranking, tienen casi 3 veces más muertes por armas de fuego que los 8 estados con leyes más estrictas.
En el caso de Argentina, pese a la insistencia de Milei, la valoración respecto a una propuesta como la desregulación del acceso a las armas de fuego es ampliamente negativa. En mayo de 2023, una encuesta a nivel nacional mostró que el 77% de los consultados se mostró en contra de “la libre portación de armas de fuego”. Por otra parte, la tasa de armas de fuego en manos de civiles en nuestro país es de 7,4 según los datos del proyecto académico de investigación Small Arms Survey, cifra que ubica a la Argentina por debajo de la mayoría de las naciones de la región. Una de las causas del buen desempeño del país en la materia es la exitosa implementación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado en 2007 y que, luego de 15 años de su puesta en marcha, permitió quitar de circulación más de 200.000 armas, según cifras oficiales.
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