“Es un fallo muy significativo a nivel social porque da cuenta de que la violencia de género no tiene distinción de clases. Permite que un montón de mujeres puedan identificarse”, afirmó Laurana Malacalza, subsecretaria de Políticas contra las Violencias del Ministerio de Mujeres y Diversidad de PBA, a dos días de la sentencia contra Claudio Contardi. Se refiere al juicio que la actriz impulsó y le ganó a su exmarido, que, por su visibilidad y su resolución, se perfila como histórico.
Después de cinco años, la tarde del miércoles el empresario fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado en un contexto de violencia de género. “No es no, casada o no casada” fue la frase de Prandi que desafió los discursos que relativizan el consentimiento dentro del matrimonio, concubinato y otros vínculos de pareja. Su postura generó reacciones de parte de sectores de La Libertad Avanza. Entre los más virulentos estuvo Nicolás Márquez, referente ideológico cercano al presidente Javier Milei, quien cuestionó tanto el fallo judicial como la credibilidad de Prandi. Márquez también hizo referencia a que uno de los testigos que declaró a lo largo de estos años en el juicio es Emanuel Ortega, y que este, como es la actual pareja de Prandi, podría haber mentido “por celos”.
Ortega, al leer el mensaje, no dejó pasar el ataque. El músico fue tajante: “No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene de abusos contra su hija o violencia contra su exesposa. De eso ojalá se encargue la Justicia”, empezó su mensaje, y calificó las reflexiones del ultraconservador como propias de un “enanismo intelectual”. “Al leer sus reflexiones retrógradas, machistas y repugnantes, lo primero que me genera es lástima”, destacó el artista.
El fallo contra Contardi, para Jaquelina Bussi, abogada especializada en violencias, “desafía a toda una cultura que da por supuesta la disponibilidad sexual femenina en ese contexto, dejando claro que el consentimiento debe existir para cada acto sexual y no se puede inferir por el vínculo”. “A su vez, al ser un caso que ha generado gran impacto mediático, contribuye a transmitir a la sociedad y especialmente a las mujeres que la Justicia argentina está dispuesta a sancionar fuertemente estos delitos”, dijo la letrada en diálogo con este diario.
En un contexto en el que el Estado se retira y desmantela todo lo hecho en relación a las políticas para detectar, prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres, en el que es central la denostación de los feminismos en el marco de la batalla cultural que se quiere librar desde el oficialismo, “el fallo tiene un enorme valor de reparación, un mensaje a la sociedad y también a la dirigencia política, considerando que desde el Gobierno nacional se vienen descalificando y negando que la violencia de género sea una problemática que el Estado debe atender”, analizó Malacalza en conversación con Página 12.
Julieta Prandi relató que entre 2015 y 2018 su entonces marido la violó 144 veces. La contundencia de su testimonio, la decisión judicial y la reacción de la opinión pública —que en su mayoría fue de acompañamiento a la actriz— hicieron reaccionar a Nicolás Márquez, quien tuiteó que nada de esto “le cierra” y desestimó la denuncia basándose en prejuicios sobre la vida personal de la víctima, ignorando los más de 13 testimonios y las pericias psicológicas que respaldaron su relato. Lo que ese día publicó fue posteriormente borrado tras una ola de críticas, pero alcanzó para reflejar una visión anacrónica del consentimiento sexual.
Desde 1999, con la sanción de la Ley 25.087, la legislación argentina reconoce que el abuso puede existir aun en el marco de una relación conyugal, alineándose con tratados internacionales como la CEDAW, que exigen un consentimiento libre, activo e inequívoco.
“La Ley 25.087 introdujo un cambio de paradigma fundamental. Antes de esta modificación al Código Penal, en la legislación argentina, la violación dentro del matrimonio no era penalmente perseguible, ya que se entendía erróneamente que el matrimonio implicaba consentimiento sexual permanente. El vínculo matrimonial otorgaba ‘derecho’ al acceso carnal”, explica Bussi.
El caso también expone el trasfondo político en el que se inscriben estos debates, donde incluso desde el Ministerio de Justicia se promueven iniciativas que podrían desalentar las denuncias por violencia de género. En ese contexto, la sentencia a Contardi aparece como un fallo histórico que desafía estigmas y resistencias ideológicas. Como expresó Prandi tras conocer el veredicto: “Esto tiene que marcar un precedente. Tiene que ser un antes y un después”.
El negacionismo del Gobierno nacional en relación a las diversas formas de violencia contra las mujeres ha generado un contexto en el que el tema de las falsas denuncias parecería tener cada vez más y más relevancia. Todo esto socava aún más la credibilidad de los testimonios de quienes atraviesan situaciones de violencia de género. Sin embargo, las estadísticas indican otra cosa. “Hoy, en la provincia de Buenos Aires, existe un promedio de 775 denuncias por distintos tipos de violencia en sedes policiales por día. De 2017 a 2024 ha aumentado un 50 por ciento la cantidad de denuncias por abuso sexual, la mayoría de niñas y adolescentes. Hay un promedio de 76 mil niñas y adolescentes afectadas por situaciones de abuso en la provincia de Buenos Aires en esos años. Y además sabemos que esa es la punta del iceberg; por otro lado, están las situaciones que no se denuncian”, cierra Malacalza.
Fuente: Pagina12
