El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Cultura, desplazó a Mónica Capano de sus funciones al frente de la Comisión Nacional de Monumentos. La remoción de Capano, que tenía mandato hasta 2028, se produce en medio de una serie de transformaciones en la comisión que le quitaron diversas atribuciones y facultades, mientras se discute en el Congreso el rechazo al decreto con el que se transformó precisamente ese organismo y otras áreas de Cultura. A Capano la reemplazará el arquitecto Fernando Ferreyra, que supo tener cargos y asesorías en la gestión PRO de la Ciudad de Buenos Aires. Los cambios en el organismo tienen en alerta a las organizaciones que trabajan en la defensa del patrimonio histórico nacional: sostienen que en el fondo se esconden intereses inmobiliarios sobre los edificios patrimoniales y sus entornos.
El reemplazo quedó confirmado con la publicación en el Boletín Oficial de distintos decretos y resoluciones con nombramientos de funcionarios en sectores de Cultura, como el paso de Federico Brunetti desde la Subsecretaría de Promoción Cultural y Artística al Instituto Nacional del Teatro, como informó este diario en la edición del miércoles. En paralelo se publicó la Resolución N°254/25 con la firma del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, que designa a Ferreyra como director de la comisión por 180 días hábiles.
El nombre del arquitecto estaba sobre la mesa desde hace más de un año. En marzo de 2024, cuando el Gobierno comenzó a hacer circular la información de que se vendrían cambios en distintas áreas de Cultura, el apellido Ferreyra ya aparecía en la lista de candidatos para la comisión. Los cambios terminaron por demorarse más de lo previsto y recién tuvieron su primer paso formal en mayo de este año cuando Javier Milei firmó la serie de decretos que degradaron diversos organismos culturales entre los que se encontraba la comisión que, además de quedarse sin autonomía por la transformación del área en dirección nacional, sufrió el recorte de quince de las atribuciones que poseía hasta ese momento.
Desde entonces, sin embargo, Capano se mantenía vigente en un cargo que ostentaba desde su nombramiento en 2022 y con un período de seis años, por lo que su mandato debía terminar recién en 2028. Según pudo saber Página/12 de fuentes cercanas a la comisión, ella ni siquiera recibió una notificación formal sobre su desplazamiento y ya no tiene firma en el área. Capano incluso se encontraba de vacaciones cuando funcionarios de Cultura se presentaron en su oficina acompañados de su reemplazo: “No existió ni un llamado telefónico“, dijeron las fuentes.
Añadieron, además, que la decisión puede caer en un conflicto legal profundo si el Decreto N°345, con el que el gobierno transformó la conformación de la comisión, termina siendo rechazado por el Senado como ya lo hizo la semana pasada la Cámara de Diputados: “Hoy hay una persona a cargo de una dirección nacional que antes del decreto no era una dirección nacional. Esto vuelve al escenario muy complicado porque, si el 345 se termina anulando, va a haber una persona con un cargo que no existía antes de que se publicara ese decreto“, explicaron. La sospecha es que el Gobierno apuró los distintos nombramientos por temor a que el rechazo al decreto se concrete en el Senado en las próximas semanas.
Lo concreto es que, por ahora, la resolución de Cultura dejó a cargo de la nueva comisión a Ferreyra. Egresado de la Universidad de Buenos Aires, en su currículum se cuenta la creación de la Junta de Estudios Históricos de la Basílica del Pilar del barrio de Recoleta. Es el creador, también, del diseño del escudo oficial de ese barrio y del de Retiro, mientras que supo tener diversos cargos y asesorías en la Legislatura y en el Gobierno porteño durante la gestión PRO: fue director del Parque Tres de Febrero y funcionario de la Comuna N°2 hasta 2019.
Hasta la publicación del decreto, la comisión, creada por ley, tenía un total de 18 atribuciones que le daban una importante capacidad de decisión sobre los monumentos históricos, no sólo por la cantidad de facultades sino también por sus alcances. La palabra “establecer“, por ejemplo, aparecía en tres de sus facultades y ahora ya no existe: la comisión podía establecer los criterios y pautas de selección, clasificación y valoración de los monumentos, los alcances y límites de la protección de cada caso, y las denominadas “áreas de amortiguación” en el entorno de los inmuebles. Se trata de las zonas delimitadas en los alrededores de los monumentos históricos en las que se define también un área de protección o usos limitados para complementar la conservación del bien patrimonial. Nada de eso quedó en pie tras el decreto.
Tampoco el verbo “proponer” aparece más en la normativa de las atribuciones de la comisión, al punto de que hasta la capacidad del organismo de proponerle al Ejecutivo la declaración de nuevos monumentos patrimoniales quedó eliminada. Lo mismo ocurre con la facultad para proponer inmuebles específicos a comprar para transformar en monumentos o para recomendar el impulso en el Congreso de posibles expropiaciones con el mismo fin. De esta manera, la comisión tendrá sólo atributos de autorización, control y vigilancia sobre intervenciones o transacciones en los monumentos, siempre en el caso de inmuebles ya catalogados previamente al decreto. A futuro, sin embargo, la capacidad de proponer nuevos monumentos será potestad sólo del Ejecutivo o, en su defecto, del Congreso.
Fuente: Pagina12
