El primer año de gobierno de Javier Milei terminó con una reducción del 30 por ciento para el presupuesto de las universidades públicas y una caída de los salarios reales de los docentes del 23 por ciento, según datos publicados por Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El Presupuesto 2025, que el Poder Ejecutivo decidió no tratar en el Congreso, no prometía una mejora sino otro año de financiamiento por el piso.
La situación se advirtió desde principios de año, cuando se realizó una masiva e histórica movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo a fines de abril. La denominada Marcha Universitaria convocó a miles de personas de a pie, centros de estudiantes, sindicatos y partidos políticos, desde la oposición hasta los aliados y dialoguistas con la Casa Rosada. Sin embargo, la situación no se revirtió. El Gobierno solo aseguró fondos para el funcionamiento administrativo; que representa solo un 15 por ciento de los gastos totales.
“Las universidades nacionales argentinas están atravesando una de las peores crisis de financiamiento de las que se tenga registro histórico. La actualización presupuestaria insuficiente durante el año 2024 y el incremento previsto en el presupuesto 2025 marcan pisos históricos en este milenio para el presupuesto universitario”, planteó un reciente documento de académicos y apoyado por varias casas de altos estudios, en el que se plantea recurrir al artículo 40 de la Constitución Nacional: la consulta popular.
Esa herramienta buscaría aprobar el vetado proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. El proyecto había sido presentado por diputados de la Unión Cívica Radical y contemplaba, tal como lo planteó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), una actualización por inflación del presupuesto para la educación superior. El objetivo revertir lo ocurrido este año; la prórroga del Presupuesto 2023 que terminó hundiendo no solo las partidas para el funcionamiento general sino, en particular, lo destinado a salarios docentes y no docentes, que representa el 85 por ciento de los fondos que reclaman las casas de altos estudios.
Sin embargo, la falta de acuerdo del Gobierno con la oposición y los bloques dialoguistas –con diferencias en proyectos con “ficha limpia” o la reforma de partidos políticos y la eliminación de las PASO– truncó la posibilidad de tratar el Presupuesto 2025 en sesiones ordinarias y, luego, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encargó de anticipar que “sin acuerdos” no habría extraordinarias para hacerlo, a pesar del reclamo de los gobernadores; quienes también reclaman recuperar giros de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), de los fondos fiduciarios cerrados y de las cajas previsionales.
De esta manera, el panorama universitario vuelva a ser crítico porque el Gobierno podría, de forma inédita, prorrogar por segunda vez el Presupuesto 2023; lo que retrasaría aún más la actualización de fondos necesaria. Desde el CIN ya habían calculad que ni siquiera el Presupuesto 2025 lograba cubrir los costos.
El bosquejo del presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo proponía asignar a las universidades una partida cercana a 3.9 billones de pesos, mientras que los rectores, reunidos en el CIN habían señalado que para seguir funcionando de manera adecuada, esa cifra debería alcanzar al menos 7.2 billones de pesos.
La solución hubiese estado cerca si la Cámara de Diputados resistía el veto presidencial a Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada en el Senado tras una segunda multiduinaria marcha realizada en septiembre. Pero Milei prometió vetarla y lo hizo, con el respaldo del PRO, el MID, los diputados entregados por los gobernadores peronistas de Tucumán y Catamarca, y fuerzas provinciales como las de Salta y Misiones. Además de los famosos radicales con peluca; que cambiaron sus votos y no rechazaron el veto.
Este mediodía, el titular del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, se reunió en Casa Rosada con Milei; y declaró que el presidente le “reconoció y agradeció” su respaldo en el Congreso para frenar la Ley de Financiamiento Universitario; el aumento a las jubilaciones y aprobar la Ley Bases; entre otras. De Loredo mantuvo la titularidad del bloque radical por la decisión de no separar a quienes traicionaron los valores del radicales y forzó la partida de otros 12 diputados. Por el momento, dijo De Loredo, no habló de traducir esos favores en candidaturas para las elecciones de 2025.
Con esa correlación de fuerzas en el Congreso, la última cruzada académica es la impulsar a consulta popular; reglamentada por la Ley 25.432 y que de avanzar permitiría que someter a consulta popular un proyecto de ley. De ser aprobada, la norma no podría ser vetada y su promulgación sería automática. Mientras tanto, “el salario docente pasó a ser de los más bajos de Latinoamérica, y los salarios no docentes de las categorías más bajas están por debajo de la línea de pobreza“, denuncia esa convocatoria.
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