Abuelas de Plaza de Mayo denunció días atrás que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel tiene la decisión de poner en jaque las herramientas para contribuir con la búsqueda de las niñas y los niños robados durante los años del terrorismo de Estado. La aparición del nieto 138 refuerza su valor.
La administración de La Libertad Avanza (LLA) apuntó sus cañones contra la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que se creó en 1992 para cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño –que consagra el derecho a la identidad por impulso de las Abuelas. En primer lugar, los ministerios de Seguridad y Defensa restringieron el acceso a documentación, diciendo que se trataba de un “organismo militante”.
Después vino el ataque frontal por parte de Milei: derogó el decreto 715/2004 con el que Néstor Kirchner había creado la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Conadi, dedicada a hacer averiguaciones pre-judiciales. La UEI funcionó durante 20 años. En esas dos décadas abordó un total de 6938 casos. Resolvió 2468 casos y debió derivar un 25 por ciento de ellos al Poder Judicial.
La Conadi funciona dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, que viene sufriendo el impacto de la motosierra que accionan el secretario Alberto Baños y el ministro Mariano Cúneo Libarona. En ese contexto de precarización y ajuste, la Conadi podría ver reducida su planta en un 67 por ciento, estimaron en Abuelas. El organismo, por obra y gracia de la Ley Bases, está a tiro de decreto del Poder Ejecutivo, que puede modificar o eliminar sus competencias. También podría disolverlo si quisiera.
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), imprescindible para encontrar a los nietos y a las nietas, está siendo sometido a una política de ahogamiento. Para el año próximo, el gobierno había presupuestado 2333 millones de pesos, lo que implicaría una caída superior al 50 por ciento con respecto a 2023.
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