Un día antes de que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) se reuniera para comenzar a evaluar las presentaciones contra la designación de Diego Kravetz como el número dos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), se conoció que el gobierno formalizó su designación. Lo hizo a través de una resolución interna –y secreta– que no se publicó en el Boletín Oficial. De todas formas los diputados y senadores se encontrarán este miércoles a partir de las 16 para examinar los planteos realizados por los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein, la que hizo el dirigente Juan Grabois en representación del Frente Patria Grande y también la presentación de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que hizo llegar la denuncia judicial que realizaron por la tarea de inteligencia ilegal detectada el pasado 27 de diciembre cuando se realizó el abrazo a la exESMA. La reunión, como marca el reglamento, será secreta.
La reunión fue convocada por el presidente de la CBI, el senador radical Martín Lousteau. Kravetz no tiene muchos adeptos entre los legisladores de la oposición que son parte de la bicameral. Las presentaciones que revisarán los diputados y senadores tampoco respaldan al ahora funcionario nacional. Ninguna lo considera apto para hacerse cargo de una tarea compleja y polémica. El experonista, exmacrista y ahora mileísta tendrá a su cargo, tal como lo había anticipado el 17 de diciembre pasado el vocero Manuel Adorni, la coordinación de tres de los cuatro órganos desconcentrados que creó el gobierno: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Seguridad (ANS) y la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC).
Kravetz estará bajo la órbita del actual Señor 5, Sergio Neiffert , que, según trascendió, tendrá a su cargo la División de Asuntos Internos (DAI). En el reparto de poder, Neiffert parece haber perdido influencia.
El recien designado tiene en su haber recientes hechos polémicos que bien podrían impedir su incorporación a la SIDE como cuando golpeó, el pasado 17 de octubre, a un adolescente que había detenido la Policía de la Ciudad bajo la acusación de que le había robado el celular al hijo del funcionario. Kravetz, según se pudo ver en unos videos, golpeó al adolescente y eso le valió una denuncia penal. El otro caso es de agosto y también incluye golpes cuando Kravetz participó en una detención de un muchacho en la Villa 31. En las actas no figura su nombre pero no tiene suerte con los videos y ahí se lo ve dándole un golpe en la nuca a la persona cuando era arrestada.
Los diputados socialistas, Esteban Paulón y Mónica Fein, destacan que el gobierno de Javier Milei eliminó a través de un DNU la obligación de contar con el aval del Senado a las designadas autoridades de la SIDE. Es más, la reforma de los libertarios eliminó el cargo que ahora ocupa Kravetz. Es por eso que los legisladores habla de un cargo “en las sombras” y que se torna preocupante “ya que tendría a disposición herramientas que le permitan obstaculizar cualquier tipo de investigación”. Incluso afirman que la reestructuración de la SIDE habilita el “uso absoluto del secreto de las actividades de inteligencia y la habilitación para que estos organismos se inmiscuyan en ámbitos privados sin controles adecuados”.
La Comisión Provincial de la Memoria
Bien se podría afirmar que en esa línea se inscribe la última presentación que llegó a la Bicameral y que realizaron Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García como autoridades de la Comisión Provincial de la Memoria. Allí advierten sobre la denuncia penal que realizaron, que recayó en el juzgado de Julián Ercolini, y donde se destaca las tareas de inteligencia ilegal sobre los que participaron de las actividades realizadas el 27 de diciembre en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en la exESMA. Ese día se realizó un abrazo al predio para protestar contra el desmantelamiento de las políticas de derechos humanos con el que viene avanzando el gobierno de Milei.
Para contextualizar lo denunciado, la presentación de la CPM incluye el “Informe Especial. Monitoreo de la
represión de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones públicas”. El trabajo destaca que desde que asumió el gobierno libertario y en el marco de la protesta social que se desarrolló “se ha registrado de manera frecuente la
participación de agentes policiales, en particular de la Policía Federal Argentina y de la Policía de CABA”. Esa tarea se traduce en la realización de filmaciones a los manifestantes “así como también la presencia de
personal sin uniforme ni identificación, que presumiblemente podrían realizar tareas de
inteligencia humana”.
De hecho, según el informe, “se registraron este tipo de prácticas asociadas a posibles tareas de inteligencia,
en al menos 38 de las 65 movilizaciones cubiertas hasta el 30 de diciembre de 2024”. Es por eso que la CPM le solicitó a los integrantes de la Bicameral que “realice una exhaustiva, rigurosa y rápida
investigación sobre el accionar policial descripto, y se adopten las medidas tendientes al cese
de actividades expresamente prohibidas por la normativa vigente”.
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