“Te podés convertir en héroe”. Con esas palabras, Juliana Santillán, diputada nacional de La Libertad Avanza, intentó seducir a la dirigencia del club Bancruz de Río Gallegos para convertir a la institución en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). “Es muy importante esto para Javier Milei y me lo dio a mí para que lo gestione”, dice en otro los audios. La trama oculta detrás del plan del Gobierno para privatizar los clubes: desde el Ministerio de Justicia hasta la Inspección General de Justicia (IGJ) están envueltos en una operación opaca que motivó una denuncia de la oposición.
Los audios que desataron un escándalo fueron publicados esta semana por el medio Doble Amarilla, que da cuenta de las conversaciones que la diputada nacional Juliana Santillán mantenía con Juan Cruz Sanz, periodista y presidente ejecutivo de Bancruz de Río Gallegos. Allí, la legisladora le proponía al dirigente, de una manera poco transparente, que emprendiera un camino hacia la privatización del club.
“Hace 4 meses que trabajamos con Federico (Sturzenegger), Garro, Scioli y Cúneo Libarona en esto, que habilita a la inversión extranjera, viene a ser como una especie de fideicomiso”, explicaba sin mucho más detalle la diputada. “Se presenta ante la IGJ que es el ente que regula y audita a la AFA y se traba un conflicto, no es un juicio. Es una elaboración a propósito que hacemos desde la Justicia para meter el trámite, un papel en la IGJ. Tenemos inversores que vienen de la mano de la liga inglesa. Es un poco la figura que quiere instalar Verón en Estudiantes. Estamos alineados con el director de la IGJ, con absolutamente todo, pero necesitamos el club“, le aseguró a Sanz.
El dirigente del equipo que juega el Torneo Regional Amateur, cuarta categoría del fútbol argentino, cuenta que los audios son de mayo —antes de que la AFA se mude a Provincia de Buenos Aires y salga de CABA, donde tiene jurisdicción la IGJ— y que los difunde ahora porque ve que lo que pasa en Estudiantes de La Plata es lo mismo que le ofrecieron a él.
“Cuando yo agarré el club lo llamé a Scioli, que ya era secretario de Deportes. Le pedí una mano para conseguir sponsor, porque no teníamos. Él me derivó con Garro (en ese momento subsecretario de Deportes) con quien yo hablo acerca de una sociedad colaborativa, en la que a lo sumo el inversor obtenga un porcentaje de ganancia. Pero dejé estipulado que seguiríamos siendo sociedad civil y que no se podían meter en ninguna decisión. Le aclaré de antemano que no quería romper el estatuto de la AFA“, sostiene Sanz en declaraciones a Página|12.
Alertado por la movida, el periodista le informó la situación de inmediato a la AFA, donde es encargado de comunicaciones del Consejo Federal. “Seguí para ver hasta dónde llegaban”, asegura. Ante el despido de Garro, Santillán fue quien tomó la posta. “Ellos en un momento me plantean que para tener los fondos sí o sí tenía que cambiar la figura del club. No me daban otra opción, tenés que ser SAD y después te ponemos el fondo de inversión. No me decían cuál era ni quién, siempre decían ‘mañana te llamo y te los paso para que arregles’, pero nunca aparecía nada”, detalla Sanz.
En primera instancia, la diputada hablaba de un supuesto fideicomiso, pero luego admitía que “al final todo te lleva a la conversión a SAD” y que este es “un paso previo” para lograr lo que “el presidente Milei necesita”. También le prometía al dirigente deportivo que la AFA no lo podría desafiliar. La legisladora es muy cercana a Guillermo Tofoni, uno de los empresarios que milita las SAD y el apoderado de Foster Gillett para sus inversiones en Estudiantes de La Plata.
El propio Milei aseguró hace unos días que Estudiantes iba camino a ser una SAD, algo que Verón desmintió inmediatamente. De hecho, en la AFA se esperanzan con que la Brujita reconsidere la firma del contrato con Gillett —que aún no se realizó a la espera de un asamblea de socios que la apruebe— debido a estas filtraciones y a unas supuestas encuestas que marcarían el rechazo de los socios al proyecto. Las últimas apariciones públicas del ídolo Pincharrata van a contramano de estas afirmaciones.
En la operación hay otro involucrado, que es Juan Cruz Martínez, abogado, jefe de asesores de Santillán y uno de los redactores del capítulo deportivo del DNU 70/23, según reconoce la propia diputada. La legisladora libertaria propició un encuentro —que finalmente se dio— entre Sanz y Martínez para encaminar la operación. Página|12 intentó comunicarse con Santillán para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta.
¿Cómo era el plan del Gobierno privatizar los clubes?
En mayo, de cuando datan estos audios, ya existían dos fallos judiciales de la Cámara Federal de San Martín en primera y segunda instancia que suspendían los artículos del DNU 70/23 que habilitaba las SAD. En ese momento desde el Gobierno argumentaban que solo regían para la Liga de Salto, que era la denunciante.
“(Santillán) no tiene ni la menor idea de lo que dice. Primero habla de papeles, después de un fideicomiso. Habla de sociedades extranjeras, que no debería ser un escrito, sino una consulta. La IGJ está en calidad de evacuar las consultas que le hacen las sociedades”, sostiene Ricardo Nissen, extitular de la IGJ, en diálogo con Página|12.
“La interpretación que yo saco es que esto podría ser para que el club haga una consulta a la IGJ y que esta le responda lo que tiene que hacer. Y entre esas cosas está la de operar con una sociedad extranjera a través de un fideicomiso. Sería hacer una consulta a la IGJ para que el inspector general de justicia la evacúe”, agrega quien dirigió el organismo contralor en dos oportunidades.
Esa consulta consistiría en preguntarle a la IGJ cómo hacer para recibir inversiones del exterior, qué modelo contractual-jurídico necesita. “Y ahí la posibilidad es que le recomienden hacer un fideicomiso y sentar un precedente. Si después va otro club y hace lo mismo, toman el otro caso de antecedente. Con eso podés enfrentar a la AFA en la Justicia con buenas armas”, asegura Nissen, que de todas maneras dice “no imaginarse cómo cuaja un fideicomiso, una figura muy turbia, en este caso”.
El exfuncionario resalta que en este caso hay abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. “El Ministerio de Justicia está combinado con la IGJ y ya saben cómo va a actuar frente a un escrito que van a presentar cuando el interesado (la diputada, Tofoni, Gillet y el Gobierno) consiga un club, ahí ya tienen una opinión y están armando un procedimiento para sacar un precedente. Eso es incumplimiento de deberes de funcionario público”. “Una consulta legítima es que una sociedad tenga un problema, vaya la IGJ sin que esta sepa de antemano ni sepa previamente lo que va a responder, sin tener relación con quien hace la consulta”, agrega.
La denuncia contra Santillán
El escándalo de los audios de Santillán alertó a la oposición. El legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo del Gaiso, hombre de confianza de Elisa Carrió, impulsó una denuncia contra la diputada cercana a Milei para que se investiguen los posibles delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El expediente recayó en el juzgado federal Nº 6, que es subrogado por el juez Daniel Rafecas.
“Disponen del Estado para armar un negocio. La Justicia tiene que investigar”, sostuvo el presidente del bloque de la CC porteña. “Si esto hubiera pasado durante el kirchnerismo, sería un escándalo”, sentenció.
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