Gritos y risas se oían en la estación Nahuelpan de La Trochita mientras algunos jóvenes mapuche chocaban los wiño (palo de madera) entre sí y contra el suelo, y otros repartían volantes para explicar a los turistas el conflicto mapuche. El único momento de tensión de la jornada fue cuando un grupo de policías de Chubut intentó quitar una bandera y liberar las vías para el paso de ese tren patagónico. A 24 kilómetros los uniformados al mando de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich encontraron las rucas (casas) vacías. “El operativo fracasó porque no había personas a desalojar” en la comunidad Paillako Futalafken Mew, admitió el juez federal Guido Otranto. Fue millonario el despliegue fuerzas que implicó el operativo con más de treinta móviles, camionetas y micros, decenas de agentes de la Policía Federal y la Gendarmería que avanzaron en el Parque Nacional Los Alerces para desalojar a esa Lof –tres familias con sus hijos– del territorio ancestral que reivindican. Ante los antecedentes represivos de desalojos violentos a las comunidades mapuche, con los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, la falta de respuestas políticas y pacíficas, y la presencia de niños y niñas en el predio, optaron por irse. Iba a ser el primer desalojo de una comunidad originaria tras la derogación de la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. Y aunque no pudo ser, las autoridades se mostraron complacidas.
Al mejor estilo Rambo, Bullrich había llegado en helicóptero. “Nos organizamos para que no se encontraran con nadie, es una situación dolorosa pero al menos no están expuestos a ser asesinados por el gobierno”, aseguró Moira Millán, weichafe (guerrera) mapuche. El miércoles 8 la comunidad abandonó el territorio que había recuperado en 2020, horas antes del despliegue infructuoso y desproporcionado de las fuerzas de seguridad. Antes aún habían trasladado sus animales y pertenencias del predio conocido como El Maitenal. Así fue planeado: conferencia de prensa y visita a la Lof con la prensa el día previo al anunciado desalojo, un capítulo más en un largo conflicto. “Vengan a conocer a los ‘terroristas’ mapuches que Bullrich y Cristian Larsen vinieron a desalojar. Nuestra única intención es poder preservar este monte y criar a nuestros hijos”, dijo Belén Salina al grupo que había subido a Lof. En las charlas sobre los antecedentes represivos, fue recordado también el asesinato de Elías Garay, en 2021.
El primer día hábil de 2025 personal de Policía Federal (PFA) junto al intendente de Parques Nacionales, Danilo Hernández Otaño, notificó a la comunidad que tenían cinco días hábiles para irse o “se utilizará la fuerza pública”. No hizo falta. Otranto –primer juez del caso Maldonado– dictó su medida en una causa civil y en aplicación de una ley de la dictadura que habilita el desalojo de “intrusos” en los Parques Nacionales. Paillako, las comunidades que acompañan y la Gremial de Abogados venían denunciando desde hace meses la presencia de la Policía Federal y la vulnerabilidad de sus infancias.
El operativo fue dirigido por el Jefe de la Unidad Operativa Esquel de la PFA, Fernando Svagelj, y estuvieron Otaño y el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen. “Acabamos de recuperar la seccional El Maitenal del Parque Nacional Los Alerces, que Cruz Cárdenas y su séquito autoproclamado mapuche usurpaban desde 2020”, dijo el funcionario. En tanto, el Gobernador visitó el lugar y compartió en sus redes imágenes expresando “desalojamos a los delincuentes que ocupaban tierras ilegalmente”.
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