Un asesor de Patricia Bullrich que en plena campaña difundió una carta proponiéndoles una “salida justa” a los integrantes de las Fuerzas Armadas que sufren un “trato inequitativo y en ocasiones inhumano” por una “herida histórica que no termina de cicatrizar” será el número dos de Luis Petri en el Ministerio de Defensa. Marcelo Rozas Garay ocupará el cargo que dejó vacante Claudio Pasqualini en diciembre pasado después de que el Ejército –la fuerza que él comandó durante el macrismo– se viera inmerso en una serie de escándalos y denuncias de corrupción.
Rozas Garay ya era parte del gabinete de Petri en el edificio Libertador, donde se desempeñaba como subsecretario de Planeamiento y Coordinación Ejecutiva en Emergencias. A partir de ahora, tendrá que ponerse el traje del secretario de Estrategia y Asuntos Militares (SEAM).
Al igual que Pasqualini, Rozas Garay pasó por el Ejército. Se retiró con el grado de coronel. Quienes conocen el mundo de la Defensa los diferencian en una cuestión: la influencia o el prestigio dentro de las fuerzas.
Pasqualini presentó la renuncia a mediados de diciembre. Adujo razones personales. Sin embargo, no fueron pocos los que vincularon su salida con lo que estaba pasando en las Fuerzas. En pocas semanas, habían sucedido varios escándalos. En octubre, el entonces comandante operacional del Estado Mayor Conjunto (EMCO), Fabián Berredo, denunció penalmente por coacción al número dos del Ejército, Carlos Carugno. La salida de Berredo –después de que Victoria Villarruel le pisara un ascenso– se dio entre versiones de que éste no estaba de acuerdo con involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior.
Inmediatamente antes de la renuncia de Pasqualini, el Ministerio hizo una denuncia penal por el robo de repuestos de aeronaves del Ejército en Campo de Mayo y suspendió a 16 militares. Dos semanas antes, Petri había echado al jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Luis Mengo, por acusaciones de que usaba los aviones de la fuerza para ir a ver a su pareja y por cargos de abuso o acoso contra subalternas.
Pasqualini no se privó durante su gestión como SEAM de tomar medidas en favor de la “memoria completa”, como las que auspiciaba cuando era jefe del Ejército de Mauricio Macri. Fue Pasqualini quien, en la práctica, dispuso el cierre de los equipos que relevaban la documentación en poder de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas de lesa humanidad. En un encuentro en el Rotary Club, Pasqualini volvió a hablar de la “guerra sucia” y llamó a dar vuelta la página. Su suegro, Athos Renés, murió el año pasado condenado a prisión perpetua mientras estaba preso en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Rozas Garay puede ser un buen reemplazante de Pasqualini en esa cruzada. En septiembre de 2023, él fue –en su carácter de asesor de Bullrich en temas de Defensa– quien circuló una carta de la actual ministra para tratar de ganar los corazones de la familia militar más rancia, que veía con buenos ojos la fórmula de Javier Milei y Villarruel. “Conozco, sin embargo, el trato inequitativo y en ocasiones inhumano que han recibido muchos oficiales y suboficiales retirados, a consecuencia de una herida histórica que no termina de cicatrizar, pero que debemos curar de una vez, mediante una salida justa, si queremos comenzar un camino hacia la construcción de un futuro de paz y concordia”, afirmaba entonces Bullrich.
La carta de la actual ministra de Seguridad fue celebrada entonces por la activista pro-impunidad Cecilia Pando. Rozas Garay festejó en sus redes sociales que la nota había tenido una buena acogida dentro de las Fuerzas Armadas. Para entonces, al coronel retirado ya lo habían contactado otros grupos que ponían alguna ficha en la candidata de Juntos por el Cambio. Entre otros, le habían hecho llegar sus propuestas la Unión de Personal Militar Asociación Civil (UPMAC), que reclamaba el cierre de la Secretaría de Derechos Humanos y el despido de algunos expertos –dos peritos y un abogado– que intervenían en los juicios de lesa humanidad.
Rozas Garay fue funcionario de Bullrich en su anterior paso por Seguridad. Entonces la acompañó en calidad de subsecretario de Reducción del Riesgo de Desastres. También es parte del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), el think-tank que fundó Bullrich y que, para la Inspección General de Justicia (IGJ), se usó como fachada para recibir aportes de campaña no declarados. El IEES tiene su sede en Avenida de Mayo al 900. Allí, según declaró Ivana Bohdziewicz, se habría alterado el teléfono de Gerardo Milman después del intento de magnicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner.
El actual SEAM llega a su puesto en un momento de cambios para los militares, especialmente después de que el gobierno firmara dos decretos que les posibilitan realizar tareas de seguridad interior. En una entrevista que le habían hecho en la campaña, Rozas Garay ya había anunciado cuáles serían los planes de Bullrich en la materia, que terminó cumpliendo su delfín Petri. “Se abandonará el concepto de que (las Fuerzas Armadas) solo actuarán frente a agresiones externas, estaduales y militares”, había anticipado.
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