La sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal le ordenó al Tribunal Oral Federal 2 porteño rever su negativa para que el expolicía Gerardo Jorge Arráez, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en la última dictadura, pueda acceder al arresto domiciliario. La Cámara consideró que se deben reevaluar los “serios inconvenientes de salud” del exrepresor del circuito Atlético-Banco-Olimpo, uno de los privilegiados que recibió la visita de diputados de las fuerzas del cielo en el penal de Ezeiza, y encomendó un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense “a efectos de constatar efectivamente su estado de salud”.
Arráez aportó al terrorismo de Estado como inspector de la Dirección de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal. Su alias en los centros clandestinos era “Nito” y los sobrevivientes lo recuerdan por su costumbre de tomarles fotos. Gozó de plena impunidad hasta abril de 2014, cuando la PSA lo detuvo en la calle. Para entonces llevaba más de dos años prófugos y se movía con un DNI falso. El Ministerio de Justicia, en tiempos en que buscaba a los evadidos, llegó a ofrecer una recompensa de 100.000 pesos a cambio de aportes para ubicarlo.
A fines de 2017 el TOF-2 lo condenó a 25 años de prisión por delitos en el circuito represivo que dependía del Primer Cuerpo de Ejército. El Ministerio Público Fiscal lo había acusado por 214 secuestros y tormentos, y por los homicidios de los 19 cautivos que en agosto de 1978 fueron sacados del centro clandestino Olimpo para su “traslado”. En junio pasado, en su segundo juicio, el fiscal general Pablo Ouviña le pidió al TOF-6 que le imponga una segunda condena, de seis años de prisión, por el secuestro de Alberto Jorge Gorrini, quien permanece desaparecido. Según el Ministerio Público, el inspector Arráez lideraba la patota de civil que el 2 de junio de 1977 entró por la fuerza en la casa ubicada en Salcedo 3564, se tomó su tiempo para desvalijarla –con Gorrini y sus padres vendados y amordazados– y a las tres de la mañana se retiró con la víctima. El caso se reconstruyó gracias al trabajo del Programa Verdad y Justicia (en el ministerio que intenta vaciar Cúneo Libarona), que dio con los participantes del operativo a partir de un expediente administrativo labrado por heridas que sufrió otro policía.
Arráez lleva más de un lustro insistiendo para acceder al arresto domiciliario. La última negativa del TOF-2 fue en noviembre. El tribunal argumentó que estaba en buen estado de salud general, sin evidencias clínicas de patologías agudas en evolución, y con afecciones debidamente tratadas en el Servicio Penitenciario Federal. La defensa cuestionó esa decisión, aduciendo que la salud de Arráez “se ha deteriorado a pasos agigantados” por “la deficiente atención médica recibida intramuros”, y destacó que “el propio Poder Ejecutivo está postulando que las medidas cautelares personales en estos casos deben cumplirse en la modalidad de prisión domiciliaria”. El fiscal general Raúl Pleé dictaminó en contra. Ahora, Casación dispuso que la sala de feria tratara el caso. En el primer voto, Yacobucci calificó de arbitraria la negativa del TOF-2 y sugirió anularla y concederle la domiciliaria considerando “el delicado estado de salud”. Javier Carbajo consideró que el tribunal no valoró los “serios inconvenientes de salud” y votó por anular la resolución. Mahiques adhirió a este último voto y ambos conformaron el voto mayoritario, que abre una luz de esperanza para “Nito”.
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