El ministro de Desregulación le pidió a Mario Grinman desistir de la medida cautelar que frenó un decreto a favor de las cámaras comerciales, el cual prohíbe el cobro de un aporte obligatorio.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cruzó al titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, en el marco del Council of the Americas por la medida cautelar contra un decreto que prohibió el cobro de un aporte obligatorio por parte de las cámaras comerciales y lanzó: “La casta se defiende con uñas y dientes”.
El intercambio incómodo sucedió mientras el funcionario exponía desde el escenario y al referirse a la cautelar presentada por la CAC se dirigió directamente a Grinman y le pidió que diera marcha atrás con la medida.
“La CAC ha hecho una presentación en la Justicia para preservar un privilegio que, para nosotros, es ilegal porque no se puede usar un convenio colectivo para imponer una obligación de pagar. Así que Mario te pido por favor, sería un gran gesto bajar esa cautelar”, dijo Sturzenegger en medio de su intervención en tono amigable.
Sin embargo, al directivo no le tembló el pulso para rechazar el pedido y el expresidente del Banco Central respondió tenso: “¿No va a suceder? Bueno, la casta se defiende con uñas y dientes. Pensé que me iba a llevar tu acuerdo para darla de baja“, se lamentó. Finalmente, Grinman cerró el intercambio remarcando desde la audiencia: “Vivimos en democracia”.
“Cuando recordaba este tema de usar la justicia para no pagar impuestos, es importante que el resto de las organizaciones no usen la justicia para mantener sus privilegios”, había dicho Sturzenegger al comienzo de su discurso.
El conflicto detrás del cruce entre Federico Sturzenegger y Mario Grinman
El origen del conflicto se remite a marzo. En ese momento, el Gobierno eliminó los aportes obligatorios que las empresas tenían que hacer a las cámaras empresariales por cláusulas de convenios colectivos, aunque no estuvieran afiliadas a ellas. Esta dinámica vio su punto final con el decreto 149/2025 que estableció que ya no se podría “imponer “aportaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores” a empresas no asociadas, salvo que estas lo acepten de forma voluntaria.
Cuando se implementó la medida, el aporte tenía un valor de $4.725 por empleado, lo que generaba un flujo de recursos estimado en $5.600 millones mensuales o casi $70.000 millones al año. A partir de la promulgación del decreto, los pagos pasarían a ser voluntarios.
“La mayoría de las organizaciones empresariales trabajan con un esquema de aportes voluntarios, la construcción, Adeba (bancos), la Sociedad Rural. No hay que usar la justicia para que tus afiliados hagan un aporte obligatorio que entiendo que nadie quiere pagar”, enfatizó el ministro de Desregulación esta tarde.
Sin embargo, la Justicia resolvió frenar provisoriamente el decreto del Gobierno con una medida cautelar para el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), que forma parte de la CAC. De esta manera, hasta que no se resuelva el conflicto judicial seguirá recibiendo los fondos establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75.
Según argumentó el tribunal a cargo de la decisión, advertían una posible contradicción entre el decreto y el CCT 130/75, y el peligro de desfinanciamiento inminente del INACAP, que podría afectar el derecho a la capacitación de los trabajadores.
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Ambito
