“Una memoria que arde, una lucha que no se apaga.” Bajo esa consigna se inició a las 17 una nueva Marcha de la Resistencia contra las políticas de ajuste y persecución aplicadas por el gobierno de Javier Milei. La movilización –convocada por un centenar de organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales– girará en torno a la Pirámide de Mayo durante 24 horas; es decir, hasta mañana a las 17. En ese momento se leerá un documento conjunto, con el objetivo de generar un espacio de encuentro y lucha para frenar el ataque de La Libertad Avanza a los bolsillos de los trabajadores, los derechos laborales, la educación, la salud y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
La iniciativa fue propuesta por ATE-Capital durante una reunión multisectorial en la sede de Madres de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora. El lunes pasado, el sindicato, encabezado por Daniel Catalano, lanzó la convocatoria bajo la consigna “¡Ni un paso atrás, la patria se defiende!”. Durante la semana, la convocatoria, que recupera la mítica marcha de las Madres de Plaza de Mayo contra la última dictadura cívico-militar, comenzó a sumar adhesiones sociales, políticas y sindicales.
“Frente a un gobierno negacionista y apologista de la dictadura, que promueve discursos de odio, niega identidades y busca anularnos, es más necesario que nunca seguir resistiendo”, sostiene el comunicado de convocatoria a la marcha firmado por Asociación Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., CELS, la Apdh y un centenar de organizaciones.
La convocatoria busca resignificar la Marcha de la Resistencia iniciada en 1981 por las Madres de Plaza de Mayo. “No podemos permitir que avance un gobierno que pretende cercenar libertades y derechos, que ataca a trabajadores y trabajadoras, ajusta a los sectores más vulnerables mientras los más poderosos incrementan sus fortunas, profundiza la desigualdad y amenaza a quienes no se alinean con sus políticas de odio”, sostienen.
Solo en materia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia, la gestión de Javier Milei y el secretario de Derechos Humanos, Sergio Baños, redujo la planta de trabajadores del área a la mitad, vació de trabajadores a los espacios de Memoria, cerró el Centro Cultural Haroldo Conti sin nuevo aviso de reapertura y echó a un tercio de les abogades que representan querellas de la secretaría en juicios de lesa humanidad.
Durante el verano, la motosierra también pasó por el área de Salud con otros 183 despidos en el Hospital Bonaparte y más despidos en las direcciones de VIH y Vacunación. Esta semana, a través del decreto 70/2025, el Gobierno barrió con la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda; y otros organismos dedicados a la construcción de viviendas sociales, dejando a 500 trabajadores estatales en suspenso.
“Convocamos a nutrir la marcha, a hermanarnos y a continuar el legado de las Madres”, invitan los organismos para sumarse a “una lucha que nunca se apagó y que no se apagará”.
Hábes corpus preventivo
El titular de ATE Capital presentó este mediodía un hábeas corpus preventivo para que el Poder Judicial intervenga en “prevenir el inminente,
actual o potencial cercenamiento de la libertad de las personas” ante la posible ejecución del Protocolo Antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La solicitud quedó en manos del juzgado Criminal y Correccional 46.
El hábeas corpus lleva la firma de Catalano y solicita al Poder Judicial que tenga “en cuenta
el accionar de las fuerzas de seguridad tanto locales como federales en el
marco de distintas manifestaciones que se han llevado adelante desde que se
dictó el llamado ‘Protocolo Anti-Piquete'” para proteger a las personas que concurran a la Plaza de Mayo desde esta tarde hasta mañana a las 17 y prevenir dentenciones ilegales, como las que ocurrieron en las movilizaciones de 2024.
El documento marcó como ejemplos las movilizaciones de enero y febrero del año pasado contra la Ley Ómnibus; y las marchas contra el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria. “Teniendo en cuenta los antecedentes apuntados, requerimos se garantice que las fuerzas de seguridad federales y locales cumplan con la normativa nacional e internacional que regula el uso de la fuerza en el marco de protestas”, exige el recurso presentado.
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