La Red Argentina para el Desarme lanzó una “campaña ciudadana” nacional contra las políticas de liberalización del mercado y la tenencia de armas que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei. La campaña titulada “Por una Argentina sin armas” advierte que las medidas, como la disolución de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) o la habilitación de tenencia de armas semiautomáticas, “sólo responden a los intereses de los fabricantes y comerciantes de armas”, al tiempo que “aumentan los riesgos de muerte y violencia para la ciudadanía”. La red ya presentó un pedido formal en el Congreso para que se rechace el decretó que eliminó la Anmac.
La campaña se lanzó con un acto en la avenida Cabildo al 1740, lugar en el que a las 17 del 6 de julio de 2006 fue asesinado Alfredo Marcenac, víctima de Martín Ríos, el llamado “tirador de Belgrano“, que hirió a otras once personas. Allí, en el mural en homenaje al joven de 18 años fallecido hace casi veinte años, la encargada de tomar la palabra fue la propia madre de Marcenac, Mónica Bouyssede, titular de la fundación que lleva el nombre de su hijo y que integra la Red que ahora se enfrenta a las políticas de liberalización de armas.
La mujer comenzó recordando el asesinato de su hijo, para luego dar cuenta de datos concretos de la situación actual con respecto al uso de las armas: “En Argentina hay ocho muertes por día a causa de las armas de fuego, casi la mitad de esas muertes ocurren por suicidios o accidentes. Seis de cada diez homicidios se cometen con armas de fuego y la mitad de esos homicidios, contrariamente a lo que se muestra en los medios de comunicación, ocurren por conflictos interpersonales, riñas, discusiones o problemas intrafamiliares. Uno de cada cuatro femicidios se cometió con armas de fuego”, indicó y agregó que “estos datos muestran que la presencia de las armas de fuego aumenta el riesgo de muerte para nosotros mismos, para nuestras familias y para terceros”.
Por esto, la campaña de la red convoca a la ciudadanía a “manifestar su rechazo al modelo de libre portación de armas que propone el gobierno nacional y a defender el acuerdo democrático que construimos”. El foco principal de la red es el desmantelamiento de la Anmac y su reemplazo por el ahora restituido Registro Nacional de Armas (Renar) a través del Decreto N° 445/25.
El decreto no sólo eliminó el Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada que, entre otras fuentes, financiaba a la agencia, sino que derogó artículos de la ley de creación de la Anmac que establecían funciones, competencias, alcances y herramientas específicas para el desarme. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, los artículos que definían que la agencia debía tener delegaciones territoriales en distintos puntos del país y elaborar un plan nacional de desarme.
El Artículo N°5, que fue borrado por completo, establecía 17 funciones de la Anmac, entre las que se pueden enumerar las de registro, autorización y control de la fabricación de armas, su destrucción en el marco de las políticas de desarme, la administración del Banco Nacional de Materiales Controlados, el dictado de cursos y seminarios sobre el tema, la elaboración de campañas de regularización de la situación registral, y hasta la realización de relevamientos estadísticos de actividades vinculadas al uso de las armas.
Bouyssede alertó en este sentido que el espíritu del reactivado Renar es simplemente cumplir con “la función de registrar a quienes quieren tener armas, con muy escaso control de los usuarios, las armerías y las fábricas de armas”. “Es el mismo Renar que en 2006 permitió que al asesino de Alfredo se le hubiera otorgado una credencial de legítimo usuario de armas de fuego”, agregó la madre de Marcenac, que también hizo hincapié en otras medidas tomadas por el gobierno a través del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, como la baja de la edad para acceder a las armas de fuego de 21 a 18 años y la autorización de la venta y tenencia de armas semiautomáticas como las que se utilizan en las matanzas de Estados Unidos.
“Tenemos un país con cientos o miles de problemas, pero hay uno que no tenemos: el de prender la televisión o agarrar el celular y enterarnos que un chico generó una balacera en su escuela, o que alguien abrió fuego en un recital o en el medio de la calle y mató a gente que sólo pasaba por ahí”, sostuvo Bouyssede y añadió que “las pocas veces que pasó algo así quedó marcado en nuestra memoria, como los casos de Alfredo o de Carmen de Patagones, mientras que en los países con el modelo de libre portación que propone el Gobierno, esa es una noticia de casi todos los días“.
A principios de agosto, la red ya había representado un pedido formal al Congreso para que los senadores y diputados rechacen el decreto presidencial. Allí advirtieron, entre otros puntos, que disolución de la Anmac “complica la desaparición de la política de prevención de la violencia armada y de control de armas de fuego en nuestro país, y el retorno a un modelo establecido en 1973 — año de creación del Renar — y abandonado en 2015, justamente por su ineficacia“. Ese pedido contó con el apoyo de más de treinta organizaciones nacionales e internacionales como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres del Dolor, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y la Comisión Provincial por la Memoria y la Red de Seguridad Humana para América Latina y el Caribe, entre otras.
Fuente: Pagina12
