En el último año y medio de gestión libertaria, las universidades nacionales realizaron paros, movilizaciones, clases públicas, marchas federales multitudinarias y diversas acciones para visibilizar una situación insostenible de ajuste presupuestario. Mientras que el gobierno de Javier Milei se prepara para vetar una segunda ley de financiamiento que brinde algo de oxígeno al sector, las autoridades de las diferentes casas de estudio se las ingenian para subsistir. Esta semana, la Universidad Nacional de Rosario dio a conocer un programa de solidaridad para sostener la infraestructura, el equipamiento y la movilidad estudiantil. Básicamente, a partir de septiembre, la UNR recibirá aportes voluntarios de graduados y empresas, que podrían servir como un bálsamo en medio de una crisis sin comparación en la historia.
A través de los canales oficiales de la UNR, el rector Franco Bartolacci destacó que la iniciativa es un “instrumento solidario”. A partir de esta figura, se institucionalizan las ayudas que la universidad recibe en tiempos oscuros como el presente. A partir de una página web, quienes lo deseen podrán realizar una donación a través de tarjetas de crédito y débito, y transferencias bancarias. Recibir aportes por otros canales, después de todo, es la nueva manera que hallaron las instituciones para mantener en pie a la actividad académica.
Si bien es difícil hallar un punto de comparación con otros gobiernos, una situación a subrayar se vivió durante el macrismo. Aún se recuerda a los científicos que asistían a concursos de televisión con el objetivo de recaudar dinero para continuar con sus actividades en los laboratorios. En el marco de las universidades, se estima que en lo que va de gestión libertaria 10 mil docentes dejaron sus cargos porque el salario no les alcanzaba para vivir. Quienes aún se mantienen en sus puestos, en muchos casos, lo hacen a costa de una precarización inaudita, con tres o cuatro empleos en simultáneo.
Por este motivo, organizaciones como Conadu realizaron jornadas de paro y reclamos para el 26 y el 27 de agosto, y planificaron dos más para el 1 y el 2 de septiembre.
Edificios, tecnologías y movilidad
Entre otros aspectos, quienes deseen colaborar con la UNR podrán aportar dinero para reformas edilicias y de infraestructura (para el mantenimiento de lo que ya está y la construcción de nuevos espacios); equipamiento tecnológico (para modernizar aulas y laboratorios); y movilidad internacional estudiantil (en el afán de que los estudiantes se puedan capacitar en competencias, experiencias y estancias en el extranjero). Tres ejes que hoy se encuentran paralizados, ya que aproximadamente el 95 por ciento de las partidas que el gobierno destina a las universidades es utilizado para el pago de salarios.
Gremios docentes y no docentes estiman que los trabajadores de las universidades nacionales han perdido entre un 40 y un 50 por ciento desde diciembre de 2023. Si bien el gobierno anunció un incremento del 7.5 por ciento que se abonará entre septiembre y noviembre próximos, lo cierto es que, lejos de un aumento salarial, se trata de una recomposición. Apenas unas migajas si se compara con la sangría presupuestaria que las casas de estudio acumulan desde hace un año y medio.
Consultados por este diario, autoridades de otras universidades públicas admitieron que podrían optar por un mecanismo similar al de la UNR. De hecho, será uno de los temas de conversación este viernes, en el marco del 94° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) celebrado en Santa Fe. Todas las estrategias valen cuando se trata de que las aulas continúen abiertas.
Para que no la vete (otra vez)
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires solicitó al gobierno que no vete la nueva ley de financiamiento sancionada en el Congreso. La resolución subraya que “la falta de convocatoria a paritaria de los sectores docentes y no docentes en estos últimos meses ha provocado una pérdida del valor real del salario que induce a un vaciamiento del sistema universitario y a una pérdida de la calidad educativa, ante lo cual esta Universidad declaró en marzo de este año la emergencia en materia salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes, en todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”.
La norma, sancionada el 22 de agosto, especifica de dónde saldrán los fondos que piden las universidades: de la coparticipación federal y un proceso de reasignación de partidas. Este punto es clave porque el principal pretexto del presidente cuando vetó el proyecto sancionado el año pasado era que rechazaría cualquier norma que alterara el “déficit cero”.
Asimismo, crea un fondo destinado a carreras estratégicas vinculadas a la aplicación de la inteligencia artificial y el desarrollo de Argentina. Por último, también lleva impresa una mirada a largo plazo, al prever un crecimiento de las inversiones hasta llegar al 1.5 por ciento del PBI hacia 2031.
Fuente: Pagina12
