El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), indispensable para encontrar a los niños y a las niñas robados durante la última dictadura, está en riesgo. No tiene presupuesto, está acéfalo y fue intervenido por el Gobierno de Javier Milei. La parálisis impacta de lleno en la identificación de quienes fueron apropiados durante los años del terrorismo de Estado y, aún hoy, desconocen su verdadera identidad. Abuelas de Plaza de Mayo volvió a pedirle a la jueza federal de San Martín Alicia Vence que amplíe las medidas de protección que había dispuesto la semana pasada.
Hace 38 años, en 1987, el Estado argentino creó el BNDG para apuntalar la búsqueda de las Abuelas. Desde entonces, el BNDG ayudó a identificar a más de 100 de los chicos robados durante la dictadura. Durante dos décadas, el BNDG funcionó en el Hospital Durand. En 2009, se reformó la ley y se convirtió en un organismo autónomo y autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ya no existe. Cuando se empezó a discutir la Ley Bases, hubo un acuerdo para que el BNDG quedara a resguardo de la motosierra de Milei. De esa forma, se resolvió que no podría disolverse o intervenirse.
Sin embargo, el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) ha venido tomando medidas que afectan directamente la búsqueda de los nietos y las nietas. Sus funcionarios no solamente le apuntaron al BNDG sino también a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en noviembre de 1989.
La Conadi funciona bajo la órbita de la actual Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH). Se encarga de recibir denuncias y hacer investigaciones para simplificar el trabajo del Poder Judicial. Sin embargo, tanto Luis Petri como Patricia Bullrich se negaron a darle la información que la Conadi solicitaba. La ministra de Seguridad montó un operativo de prensa y llegó a señalar que la Conadi era un organismo militante.
En agosto pasado, Milei firmó el decreto 727 a través del cual eliminó la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba dentro de la Conadi. La UEI había sido creada a partir de un decreto de Néstor Kirchner de 2004, que la facultaba a acceder a los archivos en poder del Estado. El Gobierno de Milei se dedicó a restringir el acceso a esa documentación con el argumento de que buscaba preservar la intimidad de los integrantes de las fuerzas.
El BNDG, por su parte, sigue funcionando con el presupuesto de 2023. El 18 de mayo pasado, se venció el mandato de su directora, Mariana Herrera Piñero, que llegó al cargo por concurso. El Gobierno no prorrogó su designación. Eso hace que el BNDG esté acéfalo, lo que afecta directamente su funcionamiento. No hay firma para contestar a los requerimientos de jueces o juezas. No se puede responder a los entrecruzamientos de ADN para ver si una persona es hija de padres desaparecidos. No se pueden comprar insumos para hacer los testeos. Tampoco se puede avanzar con las exhumaciones para completar los grupos familiares –medida necesaria para hacer los entrecruzamientos.
Por si eso fuera poco, el 23 de mayo, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial (BO) el decreto 351 a través del cual convierte al BNDG en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que depende de la Jefatura de Gabinete. Con esta reconversión, el BNDG pierde toda su estructura administrativa y pasa a tener como autoridades máximas a los responsables de esa secretaría.
La secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología está en manos de Darío Leandro Genua, que es licenciado en administración de empresas por la Universidad Católica Argentina (UCA). La subsecretaría de Ciencia y Tecnología es conducida por José Luis Acevedo, exlegislador porteño vinculado a Diego Santilli. Acevedo es psicólogo y venía de desempeñarse en Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA). Ni Genua ni Acevedo tienen la expertise para hacerse cargo de un laboratorio de alta complejidad encargado de identificar a personas desaparecidas por el terrorismo de Estado.
La semana pasada, Abuelas de Plaza de Mayo recurrió al Poder Judicial. Le pidió a la jueza Vence que dictara una medida cautelar para asegurar las muestras que están almacenadas en el BNDG, entre otras cuestiones. La organización, además, requirió que declarara nulo e inconstitucional el decreto 351/2025.
Como informó este diario, Vence le dijo a Genua que no podrían hacer modificaciones en el BNDG sin avisarle antes al juzgado. Sin embargo, no dictó la medida de no innovar y decidió enviar al fuero contencioso administrativo la discusión sobre la inconstitucionalidad del decreto.
Para Abuelas, la medida es apropiada, pero insuficiente. Por eso, la institución, que preside Estela de Carlotto, presentó un recurso de reposición para que la jueza volviera a examinar su pedido. Le reclamó que les corra vista al Ministerio Público Fiscal y al resto de las querellas que intervienen en la megacausa de Campo de Mayo.
“El riesgo cierto se deriva por un lado de las omisiones de los deberes de asignar un presupuesto suficiente y adecuado para cubrir la totalidad de gastos y recursos que debe tener el Banco para cumplir y poder desarrollar eficaz y eficientemente, en tiempo y forma, sus objetivos y funciones y, por otro lado, de la omisión de la designación de las autoridades del Banco. Esto se materializa por una doble vía, por la falta de llamado a concursos en tiempo y forma -especialmente considerando que se conocía con antelación el momento de culminación del mandato- y, por la falta de prórroga de la designación de quien actualmente ocupa el cargo de Directora Técnica, quien fue seleccionada luego de atravesar el proceso de selección normativamente dispuesto”, señaló Abuelas en su presentación.
“Se advierte evidente el riesgo que se deriva para el funcionamiento de cualquier organismo no contar con fondos suficientes ni autoridades que puedan dirigir la labor que se lleva adelante. En el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos, el riesgo se exalta en tanto se trata de un laboratorio de alta complejidad que es perito oficial en causas por desapariciones forzadas durante el terrorismo de Estado y almacena y resguarda muestras biológicas y genéticas irreproducibles en caso de pérdida “, añadieron en el escrito que lleva las firmas de Carlotto, Lorena Battistiol (que busca a su hermano/a nacido en Campo de Mayo) y la abogada Carolina Villella.
En su resolución del viernes pasado, Vence había señalado que no pasaba por alto las advertencias que hacía Abuelas, pero contestó que creía que no había riesgos. “Dada su reconocida trayectoria y contribución a la sociedad argentina, es plausible y merecedor de consideración que ‘Abuelas de Plaza de Mayo’ pueda sentir desconfianza o aprensión, y por tal exprese su preocupación acerca de que el fruto de su trabajo y dedicación de tantos años, pueda verse comprometido de manera irreversible”, concedió, entonces, la magistrada.
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